El Gobierno se plantea recuperar la autorización administrativa previa para limitar los ERE
ECONOMÍA
Sánchez se compromete a trabajar «intensamente» para mitigarlos en los sectores en los que los beneficios no los justifican
19 may 2021 . Actualizado a las 20:20 h.El Gobierno se rebela contra la avalancha de expedientes de regulación de empleo (ERE) que están anunciado las grandes empresas y que podrían mandar a la calle a más de 35.000 trabajadores, muchos del sector bancario, que encabeza esta oleada de despidos colectivos. Por eso contraataca y quiere evitar que compañías que tengan beneficios tengan vía libre para prescindir de sus empleados basándose en una caída en la facturación.
Es lo que se desprende de las palabras que ayer pronunciaron tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como su vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, abriendo la puerta a modificar la ley para limitar los ERE.
Una vía «para actuar»
Primero fue la ministra de Trabajo quien, en el Congreso, cargó contra la reforma laboral del PP, que impide al Gobierno actuar en los despidos colectivos al haber eliminado la autorización administrativa previa que estaban obligadas a pedir las empresas en caso de presentar un ERE. Ante la petición realizada por el diputado de Bildu Oskar Matute de que la restablezcan porque «estamos asistiendo a una cascada de ERE», Díaz le dio la razón y dijo que el Gobierno «buscará una fórmula que nos permita actuar».
Unas horas después fue el propio presidente quien secundó estas palabras y prometió, durante su intervención en el 43.º Congreso Confederal de UGT, que el Ejecutivo trabajará «intensamente» junto a los sindicatos para «mitigar al máximo» los despidos colectivos en «sectores en los que los beneficios no los justifiquen», en referencia a la banca.
«No podemos consentir que sectores que pagan millones en sueldos a sus ejecutivos, que no han dejado de crecer y crecer durante la pandemia, anuncien al mismo tiempo despidos masivos de trabajadores», denunció.
Emplear a un millón de jóvenes
Sánchez también aprovechó el acto para poner el foco en el «inminente» arranque de un plan de choque contra el desempleo juvenil, que ofrecerá formación y nuevos contratos a más de un millón de jóvenes en los próximos tres años. El anuncio requirió la precisión posterior del Ejecutivo, que explicó que el programa -con 1.365 millones de presupuesto y financiación europea- no supondrá un millón de contratos, sino que ofrecerá oportunidades de formación y de empleo de las que podrá beneficiarse ese volumen de jóvenes.
«Este Gobierno va a hacer todo lo posible para que los jóvenes tengan una oportunidad», subrayó el presidente, detallando que entre las partidas del plan habrá 600 millones para que las comunidades financien contratos formativos para menores de 30 años; así como otros 775 millones para empleo joven en ámbitos como la transición ecológica o la innovación digital.
Previamente, en el Congreso, la ministra de Trabajo culminó su evidente cambio de discurso sobre la reforma laboral, al recuperar el concepto de «derogación» y fijarlo para antes de final de año, ante una elocuente mirada de desaprobación de la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, que no lo comparte.