Hacienda pone la lupa sobre los autónomos, que tendrán un plan de control fiscal específico

Ana Balseiro
a. balseiro MADRID / LA VOZ

ECONOMÍA

Oficina de la Agencia Tributaria
Oficina de la Agencia Tributaria Marcos Míguez

Así se desprende del plan de recuperación recién remitido a Bruselas

13 may 2021 . Actualizado a las 10:03 h.

El Gobierno quiere poner en marcha un plan de control fiscal más específico para el colectivo de trabajadores autónomos. Así se desprende del plan de recuperación recién remitido a Bruselas, concretamente de lo detallado en su componente 27, que desgrana las medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

En este sentido, la pretensión del Ejecutivo es reforzar la «relación cooperativa entre la Agencia Tributaria, grandes empresas, asociaciones, colegios profesionales, pymes y autónomos» con el objetivo de generalizar «unas buenas prácticas tributarias», con las que poner coto al fraude y a la economía sumergida.

El primer paso para «incentivar el cumplimiento voluntario por el contribuyente de sus obligaciones tributarias» pasa -dice el Ministerio de Hacienda- por favorecer que los diferentes colectivos citados (entre ellos, autónomos y pymes) colaboren proponiendo y analizando medidas. Así lo detalla el documento en la parte relativa a las mejoras para que la Agencia Tributaria detecte ingresos no declarados (además de incluir el incremento de los medios humanos en la AEAT de cara a reforzar las inspecciones).

Tecnología y digitalización

«En colaboración con las asociaciones representativas de pymes y autónomos, se analizarán medidas tanto en el ámbito regulatorio de los distintos impuestos como en materia de obligaciones formales, todo ello en aras de facilitar el cumplimiento voluntario y asegurar la trazabilidad y el adecuado reflejo de las operaciones en los libros fiscales y en la contabilidad, minimizando el riesgo de ocultación de transacciones e ingresos, reduciendo, de esta manera, la brecha fiscal y la economía sumergida», señala el texto, subrayando que para alcanzar tales objetivos «las herramientas tecnológicas y la digitalización constituirán el eje de apoyo».

De este modo, en el apartado relativo a la modernización de la Agencia Tributaria, se detalla que «antes del final del 2021 se analizarán con las organizaciones representativas de autónomos y pymes medidas adicionales en el ámbito de la digitalización, a desplegar en el 2022 y el 2023, para facilitar la normalización y estandarización de las obligaciones de facturación y registrales, que vayan más allá del primer paso dado de prohibición del software malicioso» o de doble uso, usado para falsear los ingresos reales.

El plan enviado a la Comisión Europea también se detiene en la ley contra el fraude que está en fase de tramitación parlamentaria, y que incluye medidas que afectan directamente a los autónomos. Es el caso de la nueva rebaja del límite para el pago en efectivo, que pasará de los 2.500 euros actuales a los 1.000 para determinadas operaciones. «Tiene como objetivo facilitar la trazabilidad de las operaciones, dificultando comportamientos defraudatorios», subraya.

Coto a la economía sumergida

De hecho, ya el plan general de control tributario para este año lo recogía, incidiendo en que se trata de poner el foco sobre «aquellos sectores y modelos de negocio en los que los niveles de economía sumergida puedan generar una especial percepción social, con especial observancia del uso de efectivo en cantidades superiores a las legalmente establecidas».

El texto remitido a Bruselas hace referencia, además de a las medidas que se desarrollarán en el futuro para los trabajadores por cuenta propia, a las que ya se están negociando, como la cotización a la Seguridad Social en función de sus ingresos reales y que, según el borrador remitido por el ministerio a los agentes sociales, supondrá pagos de entre 90 y 1.220 euros. El mecanismo, sin embargo, no se aprobará hasta el año próximo, para entrar en vigor en el 2023 y desplegar sus efectos «progresivamente».

Código de buenas prácticas para pymes y emprendedores

El documento incide en la «aprobación y firma de los códigos de buenas prácticas de pymes y autónomos», que se sumarán a los que ya hay para grandes empresas, asociaciones y colegios de asesores tributarios, cuya adhesión «se impulsará». El fisco destaca la importancia de tener una relación con el contribuyente «basada en la cooperación y en la confianza mutua», pues supone una «voluntad de ir más allá del mero cumplimiento de sus obligaciones legales» y redundará en la «generalización de unas buenas prácticas tributarias».

Entre 90 y 1.220 euros al mes: así serán las cuotas de autónomos cuando coticen por ingresos reales

G. Lemos

Todavía es un borrador, pero es la primera vez que el Gobierno pone cifras a las cuotas que pagarán los autónomos cuando empiecen a cotizar por ingresos reales. El ministro de Seguridad Social,  José Luis Escrivá, ha remitido a sindicatos y patronal su propuesta para el nuevo sistema de contribución por ingresos reales, que quiere dejar atado con los agentes sociales para incluirlo dentro del primer acuerdo para la reforma de las pensiones, que debería cerrarse en las próximas semanas.

La intención del Gobierno es aprobar la nueva normativa a lo largo del próximo año, aunque no se empezaría a aplicar (y por tanto no tendría efecto en las cuotas) hasta el 2023. Y el despliegue será progresivo, con un período transitorio de nueve años, en los que los tramos de cotización y las cuotas se revisarán cada tres ejercicios, pudiendo acortar el calendario si así se consensúa con los agentes sociales.

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