Escrivá retrasa el grueso de la reforma de las pensiones al año que viene

Ana Balseiro
Ana Balseiro MADRID / LA VOZ

ECONOMÍA

Alberto Ortega | Europa Press

En el 2021 solo verán la luz la revalorización con el IPC y los cambios en la jubilación anticipada

11 may 2021 . Actualizado a las 20:17 h.

Pese a ser una de las reformas que con más insistencia exige Bruselas a cambio de la transferencia de los fondos comunitarios para la recuperación, el Gobierno retrasará al próximo año el grueso de las medidas que, en materia de pensiones, negocia en la mesa del diálogo social. De hecho, solo dará luz verde en el cuarto trimestre de este año a los cambios cuya negociación está más avanzada con los agentes sociales: la revalorización de las pensiones según el IPC y los cambios en los coeficientes reductores para hacer menos atractiva la jubilación anticipada y más la permanencia en el mercado laboral, además de eliminar la cláusula de jubilación forzosa.

Así consta en el calendario de aplicación de las reformas detallado este martes en rueda de prensa por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y remitido a la Comisión Europea dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia.

De este modo, quedan aplazados para el próximo año o incluso más allá, otras reformas. Es el caso de la puesta en marcha de la cotización por ingresos reales para los autónomos, que se aprobará en la primera mitad del 2022, aunque su implementación será «gradual», según apuntó el ministro.

Para la misma fecha se espera tener lista también la reforma de los sistemas complementarios de pensiones, con los que Escrivá pretende impulsar el uso de los planes de empleo (de empresa) en el marco de la negociación colectiva, creando un fondo de pensiones de empleo de promoción pública.

Se pospone también la adecuación del período de cómputo para la calcular la pensión (actualmente en 25 años) a la realidad de las actuales carreras profesionales, «con más interrupciones y lagunas», para «fortalecer la equidad y la contributividad del sistema». Verá la luz en la recta final del 2022, igual que la sustitución del factor de sostenibilidad por otro de equidad intergeneracional, un instrumento que Escrivá no detalló, más allá de apuntar que busca «liberar a las generaciones más jóvenes de un ajuste provocado por la llegada a la edad de jubilación de los baby boomers».

Preguntado por si supondrá una rebaja de las prestaciones que perciba esta generación -la más numerosa, que está a punto de comenzar a jubilarse-, lo negó, aunque sin dar más pistas sobre un mecanismo que, según dijo, será temporal, pues a partir del 2050 el bache financiero desaparecerá.

También se retrasará hasta el cuarto trimestre del año próximo la adecuación de la base máxima de cotización a la Seguridad Social, que irá «acompasada» a la subida de la pensión máxima, según Escrivá, y que «dotará transitoriamente de ingresos al sistema, corrigiendo la desigualdad generada por la asociación entre nivel de pensión y esperanza de vida».

Solo dos cambios en marcha

El ministro recordó, no obstante, que la modificación del complemento de maternidad en las pensiones, para adaptarlo a lo establecido por la Justicia europea, ya se ha aprobado, así como la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, sacando de sus cuentas los denominados «gastos impropios». El proceso, que comenzó en los Presupuestos Generales del Estado para este año, culminará en el último trimestre del 2023.

Escrivá subrayó que las reformas que se llevarán a cabo en el sistema de pensiones pretenden garantizar su sostenibilidad, así como acabar con una «incertidumbre inaceptable» entre los pensionistas sobre el mantenimiento futuro de su poder adquisitivo. También puso en valor la importancia de sacarlas adelante con consenso social y, de nuevo, se mostró confiado en que se alcanzará un acuerdo «inminente» con sindicatos y patronal.

El ministro también detalló el resto de reformas que su departamento ha comprometido con Bruselas, con una cuantía cercana a los 1.000 millones de euros hasta el 2024, y que incluyen nuevos ERTE estructurales o desincentivar que las empresas abusen de los contratos temporales, aunque para ello no se contemplen sanciones.