Amazon no tendrá que devolver los 250 millones que reclamaba Bruselas por ayudas ilegales

C. P. REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

ANDREW KELLY

La justicia europea no considera acreditada la existencia de un trato de favor por parte de Luxemburgo

12 may 2021 . Actualizado a las 13:43 h.

La multinacional norteamericana Amazon no tendrá que devolver los 250 millones de euros que le reclamaba Bruselas por haber recibido supuestas ayudas de Estado ilegales por parte de Luxemburgo. Así lo ha dictaminado este miércoles el Tribunal General de la Unión Europea en una sentencia que vuelve a sacar los colores al equipo de la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, a quien reprocha no haber demostrado las acusaciones vertidas hacia la compañía de Jeff Bezos. 

Bruselas abrió una investigación contra Amazon en el 2014 para aclarar el uso que la empresa estaba haciendo de los bautizados como tax rulings, acuerdos fiscales a la carta que habría ofrecido el Gran Ducado desde el 2003 al 2011 a la compañía. Según Vestager, las trampas de la Hacienda luxemburguesa permitieron a Amazon pagar impuestos por solo un cuarto de sus beneficios, adelgazando sus facturas con las Haciendas vecinas, a las que provocó pérdidas multimillonarias. ¿De qué manera? La multinacional creó dos divisiones para operar en la Unión Europea. Una de ellas se encargaba de cobrar un canon a la otra por derechos de propiedad intelectual. Por ahí escapa buena parte del volumen de beneficios que debían ser gravados. De esta forma, se reducía la base imponible sujeta al impuesto de sociedades

Los jueces no creen que Luxemburgo haya ofrecido ayuda de Estado ilegal alguna a Amazon: «Los elementos aducidos por la Comisión con carácter principal no permitían demostrar que la carga fiscal de LuxOpCo (filial europea) hubiese disminuido artificialmente como consecuencia de una sobrevaloración del canon», señalan, al tiempo que recuerda que para evaluar si existe ventaja fiscal hay que comparar la situación del beneficiario con la que tendría en ausencia de la medida de planificación fiscal que le ofreció el Gran Ducado. Y para hacerlo, recuerdan los jueces, hay que tener en cuenta que «en el caso de una sociedad integrada en un grupo, los precios de las operaciones intragrupo no se han determinado en condiciones de mercado».