Los trabajadores no tendrán que cotizar más para financiar los ERTE tras la pandemia
ECONOMÍA
Trabajo descarta elevar la indemnización por despido o la cuantía de la prestación por desempleo en el marco de la reforma laboral
10 may 2021 . Actualizado a las 21:09 h.Comparecía este lunes Yolanda Díaz para presentar el paquete de diez reformas y siete inversiones que resumen la aportación de su departamento al plan de recuperación y que, sobre el papel, deben servir para calmar la sed de ajustes de Bruselas y, a la vez, «tejer un nuevo contrato social», en palabras de la vicepresidenta tercera. Una cuadratura del círculo sobre la que no hubo excesivo detalle. Porque más que entrar al trazo fino de las políticas que asoman en el horizonte o en las partidas presupuestarias que llevarán aparejadas, Díaz desplegó un discurso de fuerte contenido político para anunciar una «gran enmienda colectiva» a la política laboral desplegada en España desde la Transición, especialmente la ejecutada durante la Administración Rajoy.
Reivindicando las movilizaciones del 15-M, de las que ahora se cumplen diez años y que fueron germen de la formación que ahora representa en el Ejecutivo, tras la retirada de Pablo Iglesias, la ministra de Trabajo se comprometió a «dejar atrás un modelo caduco para dar esperanza a la mayoría social», con el foco puesto en los dos grandes diferenciales negativos de España respecto a sus socios europeos: las altas tasas de paro y de precariedad. Especialmente entre los jóvenes y los mayores de 45 años que intentan volver al mercado de trabajo tras perder su empleo.
«Ha llegado el momento de devolver los derechos que han sido arrebatados a personas que se han sacrificado y sufrido tanto en la crisis financiera y en la actual», dijo la vicepresidenta, que dejó claro que la reforma laboral estará aprobada antes de que acabe el año, haya o no acuerdo con los agentes sociales, ya que se trata de un plazo comprometido con las autoridades comunitarias y del que depende el desembolso de los fondos de reconstrucción: «Nos jugamos el país».
Una reforma que, tras semanas suavizando el discurso, ayer volvió a catalogar de derogación de la aprobada en el 2012 por la entonces ministra Fátima Báñez. Y que buscará, dice, reequilibrar la negociación colectiva y recuperar elementos como la ultraactividad de los convenios.
Pero, más allá de los plazos, no hubo más concreción sobre las intenciones del Ejecutivo de cara a una negociación en la que tendrán que conciliar los intereses de sindicatos y patronal. Así, en lo relativo a la reforma de la contratación, apenas precisó que se defenderá el uso del contrato fijo discontinuo para estabilizar el empleo en sectores estacionales, como el turismo o la agricultura, y que se dejará de bonificar la conversión de temporales a indefinidos.
Lo que no entra en los planes, al menos de momento, es revisar las cuantías de las indemnizaciones por despido, ni tampoco acabar con el recorte de la prestación por desempleo a partir del séptimo mes.
Los nuevos ERTE
Preguntada por cuánto costará mantener los expedientes de regulación temporal de empleo como mecanismo de ajuste laboral tras la pandemia, y quién pagará esa factura, Díaz explicó que aún no se ha estimado la dotación del fondo que se creará para financiar los nuevos ERTE. Pero dejó claro que no habrá subida de cotizaciones para los trabajadores, que, defendió, ya aportan la reducción del salario de al menos un 30 % que deben soportar mientras tienen el empleo regulado.
El Gobierno aprueba hoy la ley que obliga a contratar a los repartidores
Más de dos meses después de cerrar el acuerdo con los agentes sociales, el Consejo de Ministros aprobará finalmente este martes la ley que regula el trabajo de los repartidores a domicilio y los convierte en asalariados, según avanzó ayer Díaz, que reivindicó el carácter pionero de esta norma en Europa: «No vamos a Europa a aprender, Europa también aprende con lo que España está haciendo».
En el texto acordado con sindicatos y patronal se reconoce la presunción de laboralidad de los repartidores de plataformas digitales, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre del 2020, en la que establecía que estos profesionales son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.
Además, el acuerdo obliga a empresas como Glovo, JustEat o Deliveroo a informar de cómo afectan los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.