Montero admite, sin embargo, que el compromiso con Bruselas es rebajar la brecha de ingresos respecto a la media europea
10 may 2021 . Actualizado a las 21:04 h.«Tranquilidad, Somos un Gobierno sensato». Ese fue el mensaje que trasladó este lunes la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, al explicar las medidas -con la reforma fiscal como epicentro- que competen a su ministerio y que incluye el plan de recuperación remitido a Bruselas hace diez días. De hecho, sobre la previsible subida de impuestos que debería entrar en vigor en el 2023 -año electoral, para más señas-, según lo recogido en el documento, Montero aclaró ayer que la fecha es orientativa, ya que no se aplicará hasta que la economía no recobre su nivel prepandemia.
«Figura el 2023 porque es la fecha que en el cuadro macroeconómico se estima que el PIB ya habrá recuperado su nivel del 2019. Pero no tomen todas las fechas al pie de la letra, porque están condicionadas a cómo vaya la recuperación. Si no se alcanza, el calendario de medidas fiscales que figura en el plan se retrasaría», dijo. No explicó, sin embargo, cómo impactaría ese retraso en la senda de consolidación fiscal comprometida, que implica reducir el déficit en más de 70.000 millones hasta el 2024.
Sí insistió en que en materia tributaria el Gobierno atenderá a las recomendaciones del recién constituido comité de expertos, que tiene de plazo hasta febrero del próximo año para formular sus propuestas. Montero señaló, además, que no todo tendrían que ser subidas de impuestos, ya que «incluso podría haber bajadas», si así lo recomendase el comité.
De este modo trató de alejar el fantasma de una nueva vuelta de tuerca tributaria a corto plazo en las principales figuras fiscales: IRPF, sociedades, patrimonio o IVA. Sin embargo, admitió que lo que Bruselas exigía a cambio de las inyección de los fondos de recuperación para salir de la crisis era cerrar «paulatinamente» el diferencial que España mantiene en su recaudación respecto al PIB, que es más de siete puntos inferior a la media de la UE.
«Parece coherente y ético que cuando solicitamos a otros países que se endeuden más para ayudarnos, correspondamos reduciendo la brecha que tenemos de ingresos sobre PIB», remarcó. Es decir, que sí habrá subidas, aunque aún no se sepa cuándo.
Precisamente al hilo del debate fiscal aprovechó para lanzar una carga de profundidad al PP y, en concreto, a la recién reelegida presidenta madrileña, aún frescas las heridas de la debacle socialista en los comicios. Cuestionó la coherencia de quienes hablaban de bajar impuestos y luego pedían más dinero al Estado para ayudar a las empresas. «Es incoherente, inconsistente y que abre la puerta a los populismos», arremetió. «Que expliquen qué modelo de sociedad quieren. Porque nosotros defendemos la del Estado del bienestar. Y hay que financiarlo», espetó.
En el cumplimiento de las exigencias recaudatorias de Bruselas a cambio de los fondos comunitarios, destacó que lo que ya se contabilizaba eran los impuestos aprobados el pasado año para recaudarse este (tasas Tobin y Google, impuestos al plástico, a los residuos o a las bebidas azucaradas), así como la próxima aprobación de la ley contra el fraude, que anunció que entrará en vigor antes de que concluya este segundo trimestre.
Negó, en cualquier caso, que el Ejecutivo vaya a incrementar la carga fiscal sobre la clase media y trabajadora y, respecto al polémico pago por uso de la red viaria, lo zanjó con un «no es un impuesto, ni competencia de Hacienda».