El Gobierno abre la puerta a las quitas de deuda de las empresas

La Voz REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

XOAN CARLOS GIL

Extiende el vencimiento de los créditos ICO de los ocho a los 10 años

11 may 2021 . Actualizado a las 18:46 h.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Código de Buenas Prácticas al que los bancos podrán adherirse para facilitar a las empresas y autónomos la renegociación de su deuda avalada por el Estado. Este reglamento prevé la extensión del plazo de vencimiento de los créditos ICO, la conversión de dichos créditos en préstamos participativos y hasta la posibilidad de aplicar quitas sobre la factura pendiente de devolución. 

Según ha explicado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se trata de un marco para guiar el proceso de reestructuración de los préstamos avalados por el ICO, incluido en el paquete de rescate empresarial de 11.000 millones de euros. El acuerdo recoge los requisitos que deberán cumplir las empresas y autónomos. Las entidades financieras deberán mantener abiertas las líneas de liquidez hasta el 31 de diciembre de 2022.

Plazo de amortización

El plazo de amortización de los préstamos avalados se podrá extender de los ocho a los 10 años, con períodos de carencia que podrán ampliarse más allá de dos años, siempre con previo acuerdo entre el cliente y el banco. Esta medida será obligatoria para los bancos que hayan suscrito el Código de Buenas Prácticas. Las empresas podrán beneficiarse siempre que no tengan créditos en mora con la entidad, no estén en procedimiento concursal y si han experimentado una caída de la facturación de al menos un 30 % en el 2020 respecto al 2019. Cuando no se cumpla el requisito de caída mínima de la facturación, será posible la ampliación del vencimiento si así lo acuerdan las dos partes.

¿Qué hay de los préstamos participativos? Se podrán mantener las coberturas del aval público en los préstamos participativos si así lo acuerdan las dos partes. De esta forma, se reforzarán los recursos propios de las empresas al contar como capital. Una solución que podría aliviar la situación de muchas firmas. Para poder optar por esta vía, la empresa deberá certificar una caída de la facturación del 30 % en el 2020 y un resultado neto negativo. Tampoco puede tener créditos en mora ni estar en concurso de acreedores.

Quitas en última instancia

Como medida de último recurso, se autorizan las quitas de deuda a autónomos y empresas, con una nueva línea pública de 3.000 millones de euros para financiar la reestructuración. 

Para poder acceder a esta vía de ayudas el banco y el deudor deberán llegar a un acuerdo de renegociación de toda la deuda, tanto la avalada como la no avalada, que mantiene la empresa con el banco desde el 17 de marzo del 2020. La reducción podrá ser del 50 % del crédito avalado pendiente de cada operación de financiación, siempre que la caída de la facturación fuera inferior en el 2020 al 70 %. La quita podría llegar al 75 % del importe avalado si la caída superó el 70 %. Para poder acogerse, la empresa o autónomo deberá demostrar una caída de la facturación del 30 % al menos en el 2020 y pérdidas netas en dicho ejercicio. Será muy difícil poder utilizar esta tercera vía porque se exige a los bancos un esfuerzo: deberán asumir una quita por la parte del préstamo que el Estado no avaló. 

Voluntariedad

Hay que tener en cuenta que el Código de Buenas Prácticas es de adhesión voluntaria para los bancos, que tendrán un mes para comunicar su adhesión a la Secretaría General del Tesoro, que publicará un listado de entidades con avales públicos que lo han suscrito y otro con las que no, informa Europa Press. Es obligatorio que las entidades informen a los clientes si están adheridas o no.

La banca ha concedido 126.000 millones de euros de financiación, con aval público de 96.000 millones de euros, en un millón de operaciones formalizadas, el 98 % con pymes y autónomos. «Sin duda, la aprobación del Código va a reforzar la colaboración de los organismos públicos y las entidades financieras, de manera que sea eficiente la aplicación de medidas que refuerce la solvencia de autónomos y preserve nuestro tejido productivo para afrontar en las mejores condiciones la recuperación», ha destacado Montero.