El Gobierno asesta el golpe definitivo a los planes de pensiones individuales

Cristina Porteiro
c. porteiro REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

Mariscal

Espera cubrir con los de empleo a 13 millones de trabajadores en el 2030

06 may 2021 . Actualizado a las 17:16 h.

Los planes individuales de pensiones están condenados al destierro. Y ha sido el Gobierno el que les ha asestado el golpe definitivo para convertirlos en vehículos de ahorro residual. Eso revelan los documentos completos del plan de inversiones y reformas que envió a Bruselas. «Se desplazará la fiscalidad actualmente favorable a los planes individuales hacia los planes de empleo, procedentes de la negociación colectiva», reza el texto. El primer paso lo dio el año pasado al reducir de los 8.000 euros a los 2.000 las aportaciones que desgravan. Si se cumplen los plazos, a partir del 2023 y «de forma gradual» se irá haciendo el trasvase de ahorradores hacia los planes de empleo y empresa -también de promoción pública-, a los que aportarán trabajadores y empresarios. El objetivo, según ha comunicado el Gobierno a Bruselas, es extender su uso de los tres millones de trabajadores actuales a los 13 millones en el 2030 (el 80 % de la población activa). El volumen de dinero gestionado con este nuevo vehículo alcanzaría el equivalente al 9 % del PIB español en esta década y hasta el 31 % en el 2050.

No será un plan exclusivo para asalariados, está previsto ampliarlo también a autónomos y, de forma «progresiva», a los funcionarios, un cuerpo donde conviven multitud de planes de acceso más o menos restringidos según categoría y edad. ¿Cuándo se aprobará el nuevo modelo? El Ejecutivo espera tenerlo listo para el primer semestre del 2022, aunque deberá negociarlo con sindicatos y patronal.

¿Está justificada la medida? El Gobierno cree que sí. Asegura que los planes privados «no incentivan el ahorro. Son fiscalmente regresivos» y aplican cuantiosas penalizaciones en el momento de la retirada.

Incentivos empresariales

Los compromisos, que serán examinados con lupa por la Comisión Europea a lo largo de los próximos dos meses, suprimen las actuales subvenciones a la contratación. No son efectivas y consumen el 25 % del gasto público en políticas activas de empleo así que se planteará un nuevo modelo en el que se estudiará la posibilidad de premiar a quienes orienten y formen a parados que acaben encontrando empleo.

Dentro de los planes para equiparar la edad legal y efectiva de jubilación, no solo se penalizará a quien decida retirarse antes de tiempo, también se extenderán incentivos a las empresas que mantengan a trabajadores sénior en sus puestos. ¿De qué forma? Con exenciones a las cotizaciones del empleado por el período trabajado más allá de la edad legal y la introducción de premios al propio empleado. España cuenta con unas bonificaciones por año demorado inferiores a las de los países del entorno europeo. Mientras un español apenas disfruta de un extra de entre el 2 % y el 4 %, un alemán puede percibir un 6 % y hasta un 12 % en el caso de los portugueses. La capacidad adquisitiva está garantizada: las pensiones evolucionarán con los precios (IPC).

Cotización de autónomos

Se acabó la discusión sobre la cotización de los autónomos. Si el Ejecutivo español cumple con la letra del plan, estos deberán tributar por sus ingresos reales. Eso afectaría a buena parte del 85 % de estos profesionales que tributan actualmente por la base mínima. Solo el 6,6 % lo hacen por la máxima. No será opcional, como demandaban algunos de los representantes de este colectivo. Eso sí, tendrán un período de adaptación flexible, que en las últimas semanas se llegó a extender hasta los diez años.

Hasta un centenar de hitos pactados con Bruselas están en marcha o ya se han cumplido, por eso la vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, aseguró ayer que España estaría en disposición de recibir los 9.000 millones de euros que le corresponden de la prefinanciación y el primer desembolso de 16.000 millones, que no llegarán hasta el segundo semestre del 2021, como pronto.

La «errata» del plan

¿Qué hay de la eliminación de la ayuda a la tributación conjunta? Calviño atribuyó ayer a una «errata» su inclusión en el plan remitido a Bruselas, alegando que la redacción del artículo dio pie a una doble lectura. Lo cierto es que la medida, que penalizaría a rentas medias y bajas, será valorada por el comité de expertos fiscales designado por el Ejecutivo.

El impuesto al diésel, la subida del IVA y la tasa al transporte aéreo en la mira 

La caída de los ingresos y la expansión inédita del gasto para amortiguar los efectos de la pandemia, forzará al Gobierno a aumentar la presión fiscal cuando la economía se recupere. La factura para volver a llenar la hucha de Hacienda se repartirá entre todos. El Ejecutivo ve margen para crear nuevos impuestos y para ampliar las bases imponibles, principalmente eliminando un buen número de beneficios fiscales. Se revisarán cinco de ellos al año. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) marca el camino. Al igual que hizo Bruselas, recuerda que se deberían revisar los tipos reducidos del IVA «en relación con aquellos bienes que más consumen los hogares de rentas altas [restaurantes, paquetes turísticos, hostelería y jardinería] debido a su carácter regresivo».

¿Qué hay del aplazado impuesto al diésel? El Gobierno admite a Bruselas que le resultará difícil encontrar apoyos políticos, pero recoge la propuesta de retirar las bonificaciones por su uso como carburante. También se menciona la «revisión» de la fiscalidad para el sector aéreo, foco de emisiones contaminantes. La quiniela la cierra la red de «carreteras» española. El Ejecutivo amplía el foco sobre esta eventual tasa, común en otros países de la UE. El pasado viernes reveló su intención de gravar el uso de autovías, ahora su ambición se extiende también a carreteras convencionales, para evitar vías de escape al fisco.

Los subsidios al desempleo se fundirán en uno con condiciones aparejadas

Otra de las novedades que introduce el Ejecutivo en sus planes de reforma tiene como protagonistas a los parados. El Ejecutivo fundirá todos los subsidios de desempleo, como la Renta Activa de Inserción (RAI) o el Subsidio Extraordinario de Desempleo (SED), en uno solo para el año 2022. Su integración no afectará al desarrollo del ingreso mínimo vital (IMV), que se fortalecerá en paralelo. Esta nueva prestación se vinculará a las cotizaciones del trabajador y la gestionará el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

¿Quién se podrá beneficiar? De acuerdo a la información trasladada a Bruselas, solo quienes hayan agotado su prestación de desempleo y sigan sin encontrar un trabajo. También se permitirá el acceso a este subsidio a las personas con más de seis y menos de doce meses cotizados, hasta ahora excluidos de la prestación. Eso sí, deberán cumplir con dos condiciones irrenunciables: acreditar «carencia de rentas individuales y, en algunos casos, responsabilidades familiares», así como garantizar el «compromiso y cumplimiento» del itinerario personalizado de empleo que le dicte el SEPE. Esa redacción ambigua abre la puerta a denegar la concesión de un subsidio a un desempleado desde el primer momento en que rechaza una oferta, no solo en el plazo del mes posterior a su inscripción como demandante de empleo. De igual modo, si se niega a seguir los cursos de formación que le sugieran desde el servicio público de empleo.

Todavía no se han establecido los parámetros para determinar cuánto tiempo se podrá percibir el subsidio: «Depende de la edad, las circunstancias familiares y la duración de la prestación agotada, con el objetivo de ampliar el período máximo actual del subsidio ordinario», subraya el Ejecutivo. La prestación se vinculará (80 %).

Actualización de sanciones

Finalmente se reducirán los tipos de contrato a tres: estable, temporal y en formación. Pero también se actualizarán las multas (hoy en niveles del 2006) a las empresas que utilicen los ERTE de forma fraudulenta o que abusen de la temporalidad.

Empresas y empleados deberán contribuir a los nuevos ERTE

Este jueves arranca la negociación de los ERTE transitorios que «acompañarán el final de la pandemia» en España, aseguró ayer Calviño. Pero, ¿qué pasará después del 2021? El Gobierno no tiene pensado prorrogar el actual modelo al 2022. Al menos, eso es lo que deja claro en el plan de recuperación. El equipo económico piensa en otro sistema: unos ERTE financiados a tres bandas, para no tener que cargar con facturas públicas multimillonarias (40.000 millones de euros en el último año). Su intención es que, tanto la Administración como las empresas y los trabajadores contribuyan con sus cotizaciones a un fondo común al que poder recurrir en época de crisis. Una especie de fondo de rescate que conceda flexibilidad a las compañías a la hora de prescindir de forma esporádica de sus empleados sin que ello comporte despidos. La medida permitiría «reforzar la inversión en formación de los trabajadores durante los períodos de baja actividad, minimizar el recurso al despido y facilitando la reactivación del trabajador cuando termine el shock».

Impuesto de patrimonio

Si las negociaciones de los ERTE se presentan complejas, la armonización del impuesto de patrimonio parece imposible, pero el Ejecutivo insiste en que hay que «coordinar la fiscalidad sobre la riqueza entre distintos territorios» para evitar «competencia fiscal». Solo se compromete a «procurar» el acuerdo con las comunidades autónomas.