Los planes individuales de pensiones están condenados al destierro. Y ha sido el Gobierno el que les ha asestado el golpe definitivo para convertirlos en vehículos de ahorro residual. Eso revelan los documentos completos del plan de inversiones y reformas que envió a Bruselas. «Se desplazará la fiscalidad actualmente favorable a los planes individuales hacia los planes de empleo, procedentes de la negociación colectiva», reza el texto. El primer paso lo dio el año pasado al reducir de los 8.000 euros a los 2.000 las aportaciones que desgravan. Si se cumplen los plazos, a partir del 2023 y «de forma gradual» se irá haciendo el trasvase de ahorradores hacia los planes de empleo y empresa -también de promoción pública-, a los que aportarán trabajadores y empresarios. El objetivo, según ha comunicado el Gobierno a Bruselas, es extender su uso de los tres millones de trabajadores actuales a los 13 millones en el 2030 (el 80 % de la población activa). El volumen de dinero gestionado con este nuevo vehículo alcanzaría el equivalente al 9 % del PIB español en esta década y hasta el 31 % en el 2050.
No será un plan exclusivo para asalariados, está previsto ampliarlo también a autónomos y, de forma «progresiva», a los funcionarios, un cuerpo donde conviven multitud de planes de acceso más o menos restringidos según categoría y edad. ¿Cuándo se aprobará el nuevo modelo? El Ejecutivo espera tenerlo listo para el primer semestre del 2022, aunque deberá negociarlo con sindicatos y patronal.
¿Está justificada la medida? El Gobierno cree que sí. Asegura que los planes privados «no incentivan el ahorro. Son fiscalmente regresivos» y aplican cuantiosas penalizaciones en el momento de la retirada.
Incentivos empresariales
Los compromisos, que serán examinados con lupa por la Comisión Europea a lo largo de los próximos dos meses, suprimen las actuales subvenciones a la contratación. No son efectivas y consumen el 25 % del gasto público en políticas activas de empleo así que se planteará un nuevo modelo en el que se estudiará la posibilidad de premiar a quienes orienten y formen a parados que acaben encontrando empleo.
Dentro de los planes para equiparar la edad legal y efectiva de jubilación, no solo se penalizará a quien decida retirarse antes de tiempo, también se extenderán incentivos a las empresas que mantengan a trabajadores sénior en sus puestos. ¿De qué forma? Con exenciones a las cotizaciones del empleado por el período trabajado más allá de la edad legal y la introducción de premios al propio empleado. España cuenta con unas bonificaciones por año demorado inferiores a las de los países del entorno europeo. Mientras un español apenas disfruta de un extra de entre el 2 % y el 4 %, un alemán puede percibir un 6 % y hasta un 12 % en el caso de los portugueses. La capacidad adquisitiva está garantizada: las pensiones evolucionarán con los precios (IPC).
Cotización de autónomos
Se acabó la discusión sobre la cotización de los autónomos. Si el Ejecutivo español cumple con la letra del plan, estos deberán tributar por sus ingresos reales. Eso afectaría a buena parte del 85 % de estos profesionales que tributan actualmente por la base mínima. Solo el 6,6 % lo hacen por la máxima. No será opcional, como demandaban algunos de los representantes de este colectivo. Eso sí, tendrán un período de adaptación flexible, que en las últimas semanas se llegó a extender hasta los diez años.
Hasta un centenar de hitos pactados con Bruselas están en marcha o ya se han cumplido, por eso la vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, aseguró ayer que España estaría en disposición de recibir los 9.000 millones de euros que le corresponden de la prefinanciación y el primer desembolso de 16.000 millones, que no llegarán hasta el segundo semestre del 2021, como pronto.
La «errata» del plan
¿Qué hay de la eliminación de la ayuda a la tributación conjunta?Calviño atribuyó ayer a una «errata» su inclusión en el plan remitido a Bruselas, alegando que la redacción del artículo dio pie a una doble lectura. Lo cierto es que la medida, que penalizaría a rentas medias y bajas, será valorada por el comité de expertos fiscales designado por el Ejecutivo.
