¿Quién se podrá beneficiar? De acuerdo a la información trasladada a Bruselas, solo quienes hayan agotado su prestación de desempleo y sigan sin encontrar un trabajo. También se permitirá el acceso a este subsidio a las personas con más de seis y menos de doce meses cotizados, hasta ahora excluidos de la prestación. Eso sí, deberán cumplir con dos condiciones irrenunciables: acreditar «carencia de rentas individuales y, en algunos casos, responsabilidades familiares», así como garantizar el «compromiso y cumplimiento» del itinerario personalizado de empleo que le dicte el SEPE. Esa redacción ambigua abre la puerta a denegar la concesión de un subsidio a un desempleado desde el primer momento en que rechaza una oferta, no solo en el plazo del mes posterior a su inscripción como demandante de empleo. De igual modo, si se niega a seguir los cursos de formación que le sugieran desde el servicio público de empleo.
Todavía no se han establecido los parámetros para determinar cuánto tiempo se podrá percibir el subsidio: «Depende de la edad, las circunstancias familiares y la duración de la prestación agotada, con el objetivo de ampliar el período máximo actual del subsidio ordinario», subraya el Ejecutivo. La prestación se vinculará (80 %).
Actualización de sanciones
Finalmente se reducirán los tipos de contrato a tres: estable, temporal y en formación. Pero también se actualizarán las multas (hoy en niveles del 2006) a las empresas que utilicen los ERTE de forma fraudulenta o que abusen de la temporalidad.
Empresas y empleados deberán contribuir a los nuevos ERTE
Este jueves arranca la negociación de los ERTE transitorios que «acompañarán el final de la pandemia» en España, aseguró ayer Calviño. Pero, ¿qué pasará después del 2021? El Gobierno no tiene pensado prorrogar el actual modelo al 2022. Al menos, eso es lo que deja claro en el plan de recuperación. El equipo económico piensa en otro sistema: unos ERTE financiados a tres bandas, para no tener que cargar con facturas públicas multimillonarias (40.000 millones de euros en el último año). Su intención es que, tanto la Administración como las empresas y los trabajadores contribuyan con sus cotizaciones a un fondo común al que poder recurrir en época de crisis. Una especie de fondo de rescate que conceda flexibilidad a las compañías a la hora de prescindir de forma esporádica de sus empleados sin que ello comporte despidos. La medida permitiría «reforzar la inversión en formación de los trabajadores durante los períodos de baja actividad, minimizar el recurso al despido y facilitando la reactivación del trabajador cuando termine el shock».
Impuesto de patrimonio
Si las negociaciones de los ERTE se presentan complejas, la armonización del impuesto de patrimonio parece imposible, pero el Ejecutivo insiste en que hay que «coordinar la fiscalidad sobre la riqueza entre distintos territorios» para evitar «competencia fiscal». Solo se compromete a «procurar» el acuerdo con las comunidades autónomas.
