El Gobierno prorroga otros tres meses la moratoria de desahucios y el bono social
ECONOMÍA
Prohíbe el corte de suministros de luz y agua para las familias más vulnerables
04 may 2021 . Actualizado a las 17:11 h.El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana un nuevo real decreto que prorroga hasta el 9 de agosto el escudo social que levantó con el estallido de la pandemia para amortiguar el impacto económico sobre las rentas más humildes.
Según ha explicado esta mañana la Ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, tanto el bono social como las políticas de protección de vivienda y de lucha contra la pobreza energética se extenderán hasta el 9 de agosto, de tal forma que seguirá vigente la prohibición de desahuciar a familias vulnerables sin alternativa habitacional, incluso para los hogares que no tienen contrato de alquiler si alguno de sus miembros es dependiente, víctima de violencia de género o si tienen menores a cargo. El anuncio implica también que se extenderá tres meses la moratoria de las deudas hipotecarias y del alquiler, siempre que el propietario sea un gran tenedor o una entidad pública.
Por último, el escudo social también incluye la prohibición -extendida ahora hasta el 9 de agosto- de cortar los suministros básicos como la luz y el agua a los hogares más pobres.
También se ha autorizado la extensión de contratos a médicos y médicas jubilados, a los que se les permitirá seguir compatibilizando sus pensiones con sus labores en centros de salud que todavía necesiten extender en el tiempo la ayuda de estos profesionales a causa de la pandemia.
ERTE
El único instrumento que sigue pendiente de renovación son los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que el Gobierno empezará a negociar esta semana con los sindicatos y la patronal para tener listo el nuevo modelo antes del 31 de mayo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, expresó su deseo de alargarlos el tiempo que fuera necesario, pero el Ejecutivo dejó claro en el plan de inversiones y reformas remitido a Bruselas que se extinguirán el 31 de diciembre. Los representantes de los empresarios han pedido al Gobierno que levante la prohibición de despedir de forma procedente a trabajadores en los seis meses posteriores a su reactivación tras un ERTE. Una medida, alegan, que podría dotar de más flexibilidad a las empresas para ajustar sus negocios a medida que el Ejecutivo vaya levantando de forma progresiva las medidas de protección al tejido productivo.
