El fraude en la liquidación fiscal de las herencias cae a la mitad en cuatro años

La deuda detectada en el 2020 rozó los 32 millones, frente a los 77 del 2017


Madrid / la voz

Aunque rascarse el bolsillo para pagar impuestos no esté entre las obligaciones preferidas de la ciudadanía, los gallegos han mejorado en los últimos años a la hora de cumplir con el fisco. Al menos, a la hora de heredar. Así lo confirma la evolución de las autoliquidaciones del impuesto sobre sucesiones -el que grava las herencias-, que en los últimos cuatro años ha visto caer el fraude a más de la mitad.

En concreto, los datos de la Axencia Tributaria Galega (Atriga) muestran que en el 2020 fueron correctas el 96 % de las 144.886 autoliquidaciones comprobadas del impuesto, lo que supone dos puntos porcentuales más que en el año 2017, cuando se examinaron 161.606 declaraciones y se detectó una deuda tributaria de 76,8 millones. El pasado año, esa cantidad evadida al fisco en Galicia se redujo en casi 45 millones, hasta los 31,9 millones, lo que supone una caída del 58,5 % en dicho período.

Cabe recordar que aunque se esté exento del pago del impuesto, cualquier contribuyente que reciba una herencia debe presentar la declaración del tributo.

Comparadas con las del 2019, las cifras del ejercicio de la pandemia también evidencian un mejor cumplimiento en el pago de sucesiones -ya sea por mayor conciencia fiscal, menor picaresca o más capacidad económica para asumir el abono-, como se muestra en el gráfico adjunto. De este modo, la deuda detectada por la inspección no ha dejado de reducirse desde los casi 77 millones del 2017, al pasar a rozar los 65 al año siguiente, y caer hasta los 52,8 en el ejercicio previo a la pandemia.


La bajada fiscal incentiva el pago

Fuentes de Facenda explican dicha evolución principalmente por la rebaja del impuesto de sucesiones, que incentiva el cumplimiento. Recuerdan que el 99,9 % de los gallegos ya no pagan el impuesto de sucesiones cuando reciben el legado de un familiar directo. En concreto, elevan hasta cerca de medio millón -474.000 gallegos hasta la fecha- los contribuyentes en la comunidad que se han beneficiado de la citada reforma del impuesto desde el 2016.

Además, en enero del 2020 entró en vigor un nuevo alivio fiscal para quienes heredan, ya que la Xunta elevó hasta el millón de euros el mínimo exento por heredero, que hasta la fecha estaba fijado en 400.000 euros.

De este modo, solo quienes reciben legados muy abultados están obligados a pagar por ellos al fisco. Precisamente, cabe recordar que armonizar -poniendo coto a las bonificaciones que algunas comunidades aplican- impuestos como sucesiones o patrimonio es una de las medidas que estaba sobre la mesa del Ejecutivo de cara a la reforma fiscal, ahora en manos de un comité de expertos.

En cualquier caso, pese a que las comprobaciones de las liquidaciones de sucesiones fueron las que más deuda tributaria hicieron aflorar, la inspección de la Atriga realizó durante el pasado año casi 300.000 comprobaciones, entre las que están las cerca de 150.000 revisiones de lo declarado por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que gravan la compra de vivienda. De esta primera figura emergieron casi 20 millones impagados, que se suman a otro medio millón correspondiente al impuesto de transmisiones en la compraventa de vehículos de segunda mano (más de 97.000 comprobaciones).

También el año pasado, debido al impacto de la pandemia en la actividad económica, 2.000 contribuyentes solicitaron aplazar el pago de impuestos, por un importe de casi trece millones de euros.

La incertidumbre sobre el castigo que la futura ley antifraude aplicará a los pactos sucesorios trunca su ascenso en Galicia

La incertidumbre sobre qué ocurrirá con las ventajas fiscales que hasta ahora explicaban el imparable ascenso de los repartos de herencias en vida -los conocidos como pactos sucesorios, recogidos en el Derecho civil gallego- ha truncado su escalada récord de los últimos cuatro años. Según datos de la Consellería de Facenda, desde el 2016 más de 142.000 gallegos recibieron bienes de transmisión sucesoria en vida, que en la práctica totalidad de los casos no tributan.

Si en el 2019 se contabilizaron 32.838 liquidaciones por pactos sucesorios -su techo histórico-, en el 2020 el rali ascendente que arrancó en el 2016 cambió de signo. En el año cero de la pandemia el número de herencias en vida no llegó a las treinta mil (29.304 concretamente). Para encontrar un nivel más bajo hay que retroceder hasta el 2017, como refleja el gráfico que acompaña a la información.

¿Qué ha ocurrido? Para entender la escalada de los últimos ejercicios hay que recordar que tuvo mucho que ver con la rebaja del impuesto de sucesiones que la comunidad comenzó a aplicar el 1 de enero del 2016, que dejó exentos de tributación los primeros 400.000 euros por heredero (el año pasado se elevó a un millón). Sin embargo, lo que impulsó definitivamente esta figura legal fue una sentencia del Supremo del mismo año, el 2016, que eximía de tributar en el IRPF como ganancia patrimonial las herencias mediante pactos sucesorios inter vivos. Al quedar sujetas solo al impuesto de sucesiones -además, muy bonificado-, el uso de esta fórmula creció exponencialmente. Hasta ahora.

Así lo confirman los despachos especializados en fiscalidad y las notarías, que han visto cómo ese tirón ha perdido fuerza. ¿El motivo? La incertidumbre sobre cómo castigará fiscalmente a los pactos sucesorios la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude, que entró en el Congreso en octubre para su tramitación parlamentaria, pero que lleva más de medio año atascada y sin visos de avanzar.

Golpe a su atractivo fiscal

Porque el texto que el Ejecutivo remitió a la Cámara pretendía elevar la tributación de los bienes recibidos en vida de algún ascendientes (padres o abuelos, por lo general) que se vendan antes del fallecimiento de estos.

El Ministerio de Hacienda pretende acabar así con la picaresca -y el fraude- que en muchos casos esconde el uso de esta modalidad para reducir la tributación a la hora de vender una vivienda o un terreno, por ejemplo. Y es que al ceder los bienes a un hijo, este los incorpora a su patrimonio al valor que tengan en ese momento, de modo que al venderlos la plusvalía generada será inferior a la que abonaría si lo hiciera el progenitor.

«El efecto del anuncio ha sido incluso más intenso que si se hubiera aprobado ya la nueva norma, por la incertidumbre que genera, que ha hecho desistir a muchos contribuyentes», señala el abogado fiscalista Carlos del Pino, del despacho lucense Pin & Del Pino.

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