La Inspección sanciona a 380 empresas de la comunidad por fraude en los ERTE

El plan de inspección laboral que desde hace nueve años desarrollan la Inspección de Trabajo y la Xunta, a través de la Consellería de Emprego, no se paralizó durante la pandemia. En el 2020, las actuaciones de control consiguieron aflorar 2.093 empleos no declarados, así como transformar en indefinidos más de 4.400 contratos irregulares.

Los resultados son sensiblemente mejores a los de un año antes, cuando se habían destapado 1.721 puestos de trabajo en negro, ocupados por personas que no estaban dadas de alta en la Seguridad Social.

En concreto, a lo largo del 2020 se realizaron en la comunidad 65.425 inspecciones, un 20 % menos que en el ejercicio previo, en el que se habían hecho 82.126, una caída que se explica por la ralentización de la actividad durante las primeras semanas del confinamiento.

De estas actuaciones de control, una de cada veinte (3.312) acabó con la apertura de un acta de infracción a las empresas, una ratio ligeramente superior a la del 2019, según informan desde Emprego. Desde el departamento autonómico añaden que en el primer trimestre de este año se han realizado 19.840 inspecciones, que se han cerrado con 851 actas de infracción. Además, entre enero y marzo se logró aflorar 335 empleos no declarados y se transformaron 1.789 contratos precarios en indefinidos.

La actividad de los inspectores de Trabajo se divide en cuatro grandes áreas. Por volumen, la principal es la de Seguridad Social, que supervisa, entre otros asuntos, que los contratos cumplan la legislación vigente o el cobro indebido de prestaciones (trabajadores no dados de alta que cobran pensiones de jubilación o incapacidad o el desempleo a la vez que mantienen una actividad laboral no declarada). También se encarga de los controles sobre los falsos autónomos. El año pasado se realizaron 32.164 inspecciones en este ámbito (casi la mitad del total), que finalizaron con 1.848 actas de infracción. En el primer trimestre los controles se aceleraron y llegaron a 11.200, con 440 sanciones.

Una segunda área de actividad inspectora es la que tiene que ver con las relaciones laborales, en la que se persiguen fraudes en la contratación, se vigilan los contratos temporales encadenados o los empleos a tiempo parcial que en realidad camuflan jornadas completas no declaradas. También se vigila el respeto de las condiciones de trabajo (reconocimiento y compensación de horas extras y descansos), la cesión de trabajadores por parte de las ETT, y se persigue la discriminación por sexto o los impagos de salarios.

Aunque los controles no son tan numerosos (casi 12.200 el año pasado y 2.840 entre enero y marzo), la ratio de infracciones es más elevada, con 723 actas levantadas en el 2020 y 171 en el primer trimestre de este ejercicio.

En el área de seguridad y salud, que vela por la prevención de riesgos laborales, se realizaron 19.227 inspecciones, con 500 propuestas de sanción (a las que se suman más de cinco mil controles y 177 infracciones este año). Por último, en el apartado de empleo y extranjería se vigilan las autorizaciones de trabajo y el empleo no declarado, con 640 controles el año pasado. En 115 de ellas se detectó alguna infracción. En lo que va de año se han realizado 158 actuaciones de control y se han levantado 14 actas sancionadoras.