El Consejo de Ministros da luz verde al plan español de inversiones y reformas
ECONOMÍA
Bruselas tendrá dos meses para estudiar la propuesta, dar su aval y empezar a desembolsar fondos
27 abr 2021 . Actualizado a las 19:10 h.El Consejo de Ministros dio luz verde este martes al plan español de 110 inversiones y 102 reformas que el Gobierno deberá poner en marcha en los próximos meses para acceder a las ayudas europeas que el fondo Next Generation EU ha reservado para España —ascienden a 140.000 millones de euros, de los que 72.000 millones son subvenciones—.
El aval llega a solo tres días de que expire el plazo que fijó la Comisión Europea para remitir los proyectos nacionales (este viernes 30 de abril). El Gobierno español se había comprometido a enviarlo «bastante antes» de esa fecha, pero finalmente consumirá el tiempo de descuento, enfrascado en disputas con la Comisión por el ritmo de las reformas. Portugal fue el primer país en hacerlo. «El plazo se va a cumplir», aseguró ayer en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien volvió a insistir en la trascendencia del proyecto de reconversión económica que se avecina en España para la próxima década: «Se trata del plan más ambicioso que ha tenido nuestro país en su historia reciente». Consta de más de 2.000 páginas y los equipos del Gobierno trabajan contra reloj para adaptar el texto a la plantilla que exige Bruselas.
Aunque todavía no se conoce la letra pequeña de las principales reformas, que atañen al mercado laboral, las pensiones y la fiscalidad, el Ejecutivo ha garantizado que el plan saldrá adelante y que las ayudas llegarán antes de recibir la bendición de la Comisión. «Tiene dos meses para analizar cuestiones que susciten interés y, como venimos repitiendo en las últimas semanas, no es necesario que el plan esté aprobado por la Comisión para que se proceda a su implementación», aseguró Montero. El Ejecutivo español insiste en adelantar los 27.000 millones de euros que comprometió en los Presupuestos del 2021, sin saber si los proyectos recibirán el visto bueno de las autoridades europeas, que someterán el plan a un examen a la vieja usanza: se puntuará según criterios objetivos, incluido el grado de control para prevenir la corrupción.
Según anunció el Gobierno, están trabajando ya con las comunidades autónomas para avanzar la tramitación en los ministerios. «Se han repartido más de 2.000 millones a las comunidades para ir implementando el plan y que la recuperación sea lo más pronta posible y no nos encontremos con daños estructurales en el sistema productivo», señaló la portavoz.
El objetivo del Gobierno es que en los próximos tres años se movilicen 70.000 millones de euros. El 39 % para el ámbito ecológico, un 29 % para proyectos de digitalización y un 10,5 % para educación y formación. A cambio, España deberá abordar algunos problemas estructurales que arrastra desde hace décadas como la alta temporalidad en el mercado laboral, el paro juvenil, el elevado porcentaje de población en riesgo de pobreza, la sostenibilidad del sistema de pensiones y el aumento de la presión fiscal, que podría hacerse por múltiples vías: desde la creación de nuevas tasas (medioambientales y sobre autovías) o con el aumento de las ya existentes (IRPF, sociedades y patrimonio).
Ayudas a los desempleados
Uno de los pilares del plan tiene que ver con el reciclaje y el apoyo a los trabajadores que pierdan el empleo a causa de la crisis o la reconversión de la economía. Por eso el Consejo de Ministros autorizó la movilización de 683 millones de euros para que las comunidades autónomas fomenten el empleo a través de las FP. Al menos 548,7 millones se destinarán a desempleados y otros 115 a la oferta para trabajadores ocupados. Otros 19,5 millones tendrán como destino los programas regionales específicos.
Críticas
Algunas de las propuestas que han trascendido chirrían a los expertos. Un informe de Esade señala que el plan «también tiene algunas deficiencias destacables: la falta de concreción reformista en áreas clave como las pensiones, el mercado laboral, la Administración pública, la fiscalidad verde o el mercado interior». En lo que se refiere a la gobernanza del plan, creen que «la excesiva opacidad respecto a los procesos de selección de proyectos» podría acabar favoreciendo a empresas ya asentadas y poco innovadoras. También apuntan a la falta de consenso político y la escasa cogobernanza con autonomías y autoridades locales.