Trámites ambientales demorarán el cierre de la central térmica pontesa

Beatriz García Couce
Beatriz Couce FERROL / LA VOZ

ECONOMÍA

JOSE PARDO

Endesa acelera los trabajos para reducir los plazos y agilizar la transición

23 abr 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

Endesa esperaba bajar la persiana de la central térmica de As Pontes el día 1 de julio, una vez que hubiese obtenido el permiso del Ministerio de Transición Ecológica para su cierre. Pero, a diferencia de lo que ha sucedido con el resto de las plantas que producen electricidad con mineral en España, el punto y final a la vida de la instalación de la comarca se tramitará de forma ordinaria, y no simplificada, lo que producirá una demora en la decisión final.

Cuando presentó la solicitud de cierre, el 27 de diciembre del 2019, Endesa acompañó esta petición con una memoria justificativa, el proyecto de demolición de la central y el estudio de impacto ambiental simplificado de estos trabajos. Sin embargo, el aluvión de alegaciones presentadas tanto por el Gobierno autónomo como por el Concello de As Pontes ha llevado al departamento que dirige Teresa Ribera a reconducir la tramitación por la vía ordinaria, lo que implicará que la eléctrica tenga que presentar un estudio ambiental exhaustivo, que deberá ser sometido posteriormente a un período de exposición pública, y a la receptación de alegaciones.

El director territorial para la zona noroeste de Endesa, Miguel Temboury, explicó que la empresa se volcará al máximo en realizar un estudio de impacto ambiental «que dé respuesta a todas las preocupaciones de los organismos que han presentado alegaciones». La previsión es tener ese trabajo culminado en el plazo máximo de un mes. No obstante, la demora en la tramitación abre nuevas incertidumbres, dependiendo de lo que suceda principalmente en cuando a nuevas alegaciones, aunque estos trámites no son los últimos que han de salvarse antes del desmantelamiento de la central. 

Permisos de Xunta y Concello

Así, después de que el ministerio se pronuncie al respecto tendrá que hacerlo la Xunta, que es la que tiene las competencias para cursar el permiso ambiental de demolición; y finalmente, el Concello de As Pontes será el responsable de conceder la licencia de obra para el desmantelamiento de las instalaciones.

El giro que ha dado la tramitación del expediente de cierre extiende algunos nubarrones para la continuidad sin interrupciones del empleo auxiliar de la térmica. El acuerdo que había alcanzado Endesa con los portavoces sindicales de las plantillas de las subcontratas era mantener la ocupación hasta el 30 de junio. Entre esa fecha y el inicio de los trabajos de desmontaje de la planta, que esperaban arrancar en octubre, la previsión era llevar a cabo algunas labores preliminares preparatorias y el desarrollo de los cursos de formación específicos para capacitar al personal en las distintas tareas necesarias para la demolición de la térmica. Hay que recordar que, en conjunto, implicará un plazo de cuatro años.

Ahora, la preocupación es que la burocracia se extienda durante varios meses, en un contexto en el que la térmica no está produciendo, ya que los costes de adquisición de los derechos de emisión de CO2 están disparados, lo que expulsa a este tipo de instalaciones energéticas del mercado de generación. 

Proyectos de futuro

También existe incertidumbre sobre el grado de retraso que puede implicar la nueva tramitación en la materialización de los proyectos de futuro anunciados para As Pontes, entre ellos la construcción de una planta de hidrógeno verde de 100 megavatios de potencia, la puesta en marcha de seis parques eólicos en un entorno de 40 kilómetros, y la captación de nuevas industrias para el emplazamiento de la térmica.

Cerradas las conversaciones con los diferentes Gobiernos por las pruebas en la planta 

La central de carbón de As Pontes ha sido la única en la que Endesa puso en marcha unas pruebas para evaluar la posibilidad de que se utilizase una mezcla de biocarburantes y mineral, o combustibles verdes y gas, para intentar que se mantuviese abierta. Durante un año y medio se llevaron a cabo reuniones con representantes del Ministerio de Transición Ecológica -a través del Idae-, Xunta -representada por el Inega- y del Concello pontés, por un lado, y también, de forma más amplia, con sindicatos, empresarios y transportistas. Agentes políticos y sociales defendieron la continuidad de la térmica, pero las evaluaciones realizadas llevaron a Endesa a dictaminar que el uso de biocombustibles no era viable ni desde el punto de vista técnico ni medioambiental ni económico.