Las pensiones podrían sufrir recortes del 30 % con el actual índice de revalorización

El ministro Escrivá defiende la vuelta al IPC como principal indicador


Redacción / La Voz

La reforma de las pensiones vuelve a ser el gran caballo de batalla para España en sus negociaciones con Bruselas. Lo fue en el 2013, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy acometió los cambios acordados con la Comisión Europea para endurecer las condiciones y garantizar la sostenibilidad del sistema. Lo hizo por la vía del recorte indirecto. Introduciendo en el 2014 el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que condicionada el aumento de las prestaciones al equilibrio de las cuentas públicas y relegaba a un segundo plano el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de los pensionistas. «Se mantendrá el poder adquisitivo de las pensiones siempre que el sistema cuente con los recursos para ello», aseguraba su comité de expertos. El índice limitó la subida a un 0,25 % cuando los balances públicos registraran déficits y un techo equivalente al IPC. La medida se adoptó echando mano de las estadísticas para justificarla: en el período entre el 2000 y el 2011 el gasto en pensiones contributivas creció un 6,3 % anual. Y más de la mitad de la subida se debió al factor de revalorización, explica un informe conjunto de la Universidad de Valencia y la Universidad de Extremadura.

Aunque ese índice quedó en suspenso en el 2018, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, Jose Luis Escrivá, lo quiere desterrar de la futura reforma de las pensiones para recuperar un modelo que tome como referencia, de nuevo, la evolución del IPC. Este viernes manifestó en declaraciones a Telemadrid que, si se aplicara «estrictamente» el IRP, los pensionistas podrían llegar a perder hasta un 30 % de su poder adquisitivo en las próximas décadas, dados los desequilibrios en el déficit que arrastrará el país a causa de la pandemia. Pero la cifra podría ser incluso mayor porque en un escenario a 21 años (desde el 2014), con un PIB creciendo de media al 1,5 %, el IPC en el 2 % y equilibrando ingresos y gastos en el 2022 (obviando el descalabro económico heredado de la pandemia), la pérdida adquisitiva ya se situaba hace cinco años en el 28,6 %.

Por esa razón, y a petición del Pacto de Toledo, el Ejecutivo dará portazo al IRP, siempre que cuente con el aval de Bruselas, que viene demandando en los últimos años medidas para compensar el aumento de gasto en pensiones que se avecina. Un gasto que ha sido una constante en la historia reciente de España y que se ha disparado en la última década. En el año 1984 la pensión mínima de un jubilado con un cónyuge a cargo se situaba en los 469,93 euros (a precios del 2013). En la actualidad es casi el doble: 851 euros y ya solo hay 1,94 cotizantes por cada pensionista. «En términos de poder adquisitivo ha supuesto una ganancia acumulada cercana al 66 % [para las pensiones mínimas]», señalan los expertos en el informe. Por el contrario, la pensión máxima acumuló hasta el 2015 una pérdida de poder adquisitivo del 24,5 %. «La política de revalorización aplicada ha supuesto una importante transferencia de renta vertical de los pensionistas con mayor nivel de pensiones a los que la tienen más baja», sostienen. Si bien es cierto que uno de cada tres prejubilados tienen pensiones que rondan los 2.100 euros.

El Pacto de Toledo reclama una fórmula de revalorización «predecible y simple, que despeje cualquier incertidumbre» y que garantice el poder adquisitivo de las pensiones «en cualquier momento». Y esa fórmula por la que apuesta el equipo de Escrivá es tomar como referencia el IPC del año anterior. ¿Qué pasa si los precios se congelan o caen? Para evitar reducciones en la prestación, se compensarán las tasas a lo largo de los tres ejercicios siguientes.

Cotización de los autónomos

También sigue en barbecho la reforma del sistema de cotización de los autónomos, para hacer que coticen en función de sus ingresos reales, y no por la base mínima, como está tan extendido en España. El ministro negó que existan «obstáculos insalvables» para sacarla adelante y ha garantizado que verá la luz en esta legislatura, sin detallar fechas concretas. A pesar de las críticas de los colectivos de autónomos por la escasez o dificultad para acceder a las ayudas, Escrivá recordó que la red de protección se extiende hoy a 400.000 de estos profesionales. «Hay más autónomos afiliados que antes de la pandemia gracias a esta red de protección», defendió.

Ampliar el cálculo de las pensiones a 35 años cercenaría la prestación un 8,6 %

C. P.

Mujeres y autónomos serían los colectivos más dañados al tener carreras más cortas y tributar por la base mínima

Primero estuvo en los borradores, después la propuesta desapareció de los documentos cuando se enviaron a Bruselas para negociar, pero lo cierto es que la ampliación del cálculo de las pensiones de los 25 a los 35 años estuvo sobre la mesa. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, asegura que por ahora hay otros «ajustes paramétricos» más importantes que abordar en la reforma de las pensiones, pero en el plan de inversiones y reformas enviado a la Comisión Europea no se detalla ni uno solo de esos cambios. Por eso sobrevuela la duda de si la ampliación del cálculo de las pensiones se incluirá en los minutos de descuento de las negociaciones. 

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