Calviño garantiza que «de ninguna manera» se subirán impuestos a corto plazo

La Voz REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

Chema Moya

La vicepresidenta segunda del Gobierno sí aboga por introducir nuevas tasas medioambientales

15 abr 2021 . Actualizado a las 19:58 h.

El plan nacional de inversiones y reformas que el Gobierno español enviará a Bruselas antes del 30 de abril aplaza la reforma fiscal al año que viene (el 2022), hasta que el comité de expertos designado para evaluar posibles cambios en el sistema tributario tenga claro a quién y cómo se le subirán los impuestos para engordar las arcas públicas, esquilmadas tras la pandemia de coronavirus

Los ojos están puestos en el IVA. Bruselas quiere que España reduzca la lista de bienes y servicios que se benefician de los tipos reducido (10 %) y superreducido (4 %), para subirlos al general (21 %). También podrían sufrir cambios los impuestos de patrimonio, sociedades e IRPF, no solo por el lado de la armonización de los tramos autonómicos. Si se sigue por la vía abierta en la OCDE, se podría marcar un mínimo común para evitar competencia fiscal desleal entre territorios. Lo cierto es que todo está por definir. La lista de cambios tributarios que el Gobierno envió a Bruselas no cierra compromisos concretos, solo deseos de buena voluntad y la predisposición del Ejecutivo a introducir nuevas tasas medioambientales. En ningún caso, como dijo el presidente Pedro Sánchez, se subirán los impuestos hasta que no se haya afianzado la recuperación económica. 

Y ese mismo mensaje es el que refrendó esta mañana la vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, en una entrevista a la Ser. Siendo, como es, una de las voces más ortodoxas del Ejecutivo, Calviño ha defendido que «de ninguna manera» se vaya a «subir impuestos y menos a corto plazo». El foco está puesto en la modernización del sistema fiscal a lo largo de los «próximos años». «Este no es el momento de subir impuestos», ha añadido, pero hay que «empezar a pensar en imposición digital, verde», ha sostenido. 

Ayudas directas 

En relación a las ayudas directas aprobadas por el Ejecutivo para rescatar a pymes y autónomos de los sectores más golpeados por la pandemia -disponen de hasta 7.000 millones de euros (234 millones para Galicia)-, Calviño ha asegurado que el convenio que se enviará esta semana a las comunidades autónomas les concederá la posibilidad de ampliar el abanico de las ayudas a más sectores teniendo en cuenta las particularidades y especificidades económicas de cada región, lo cuál exigirá modificar el real decreto. Claro que la vicepresidenta hizo un llamamiento a los Ejecutivos autonómicos para que sean responsables con el gasto, estableciendo criterios objetivos, ya que España ya ha aumentado su deuda pública en 150.000 millones de euros desde que estalló la pandemia. 

Fondos europeos 

Calviño, quien ha anticipado que en los próximos días lanzará una manifestación de interés sobre la digitalización de las pymes, admitió que el plan de inversiones y reformas presentado por Sánchez esta semana no es el definitivo, solo es un boceto del plan que enviarán a la Comisión Europea y que tendrá «miles de páginas» con el detalle de los proyectos. Detalles que brillan por su ausencia en lo que se refiere a las reformas. 

La OCDE respalda una subida de impuestos cuando la economía española se recupere

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El plan nacional de inversiones y reformas que el Gobierno español enviará a Bruselas antes del 30 de abril incluye una propuesta, vaga y general, para transformar las finanzas públicas y adaptarlas al contexto pospandémico.

Con las arcas esquilmadas y una mermada capacidad de generar ingresos, el Estado necesitará más que nunca recaudar dinero y, por eso, el Ejecutivo planea subidas impositivas. La presión fiscal en España está en el entorno del 39 %, muy por debajo de la media de la eurozona (46 %). La cuestión es: ¿quién deberá aportar más? «Es preciso abordar una reforma del sistema tributario que permita hacerlo más sólido y resiliente, más equitativo, progresivo y justo», reza el documento elaborado por el Ejecutivo, sin especificar si van a subir el IRPF a rentas más altas, a todos o si las empresas tendrán que aportar más a Hacienda cada año por el impuesto de sociedades. ¿Se eliminará el impuesto de patrimonio o, por contra, subirá? El Gobierno elude hacer promesas concretas aunque recuerda cómo los organismos internacionales han reprochado a España el «elevado peso de la imposición sobre el trabajo y el insuficiente desarrollo de la imposición medioambiental», además de la baja recaudación por el IVA. No solo por el fraude, también por el uso abusivo de los tipos reducido y superreducido para el consumo de bienes y servicios que deberían estar en el normal (21 %). En el punto de mira, tanto de la Comisión Europea como del Ejecutivo español están las bonificaciones de las que disfrutan las rentas altas. 

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