Los socios de Gobierno pactan gravar las casas vacías con un recargo en el IBI
ECONOMÍA
Las segundas residencias tendrán que estar cuatro años desocupadas para considerarse «vivienda vacía»
14 abr 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Los socios de Gobierno avanzan en las negociaciones de la futura Ley de Vivienda, aunque las posturas aún están alejadas en uno de los puntos claves para desencallar el texto: el control de los precios del alquiler. De momento, PSOE y Unidas Podemos han acordado que exista un mecanismo para gravar las casas vacías mediante un recargo en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). El Ministerio de José Luis Ábalos ya había anticipado su idea de que ese recargo pudiese alcanzar hasta el 50 % sobre la cuota del IBI a las viviendas vacías, aunque la cuantía final se decidirá en una próxima reunión de los grupos negociadores con el Ministerio de Hacienda.
Según la propuesta de los socialistas, se considerará vivienda vacía aquellos inmuebles de uso residencial desocupados durante un período de referencia de dos años, con una serie de causas justificadas para la desocupación temporal. Por ejemplo, el traslado por razones laborales o de formación. También habría una excepción para las viviendas de segunda residencia, que podrán estar desocupadas durante un período más largo -de cuatro años continuados- sin que se les aplique el recargo en cuestión. Del mismo modo, el PSOE proponía que el recargo solo se aplicase entre aquellos con cuatro viviendas o más en propiedad, aunque habrá que esperar para saber si este punto se incluirá finalmente en la definición de vivienda vacía.
Encuentros y desencuentros
Fuentes de Unidas Podemos confirman que las posturas están todavía muy alejadas en la regulación del alquiler, «un punto recogido en el acuerdo de Gobierno», insisten. Más que el objetivo de limitar los precios, común en las dos formaciones, las principales diferencias están en las fórmulas para lograrlo.
Desde el PSOE se apuesta por un sistema de incentivos fiscales que, entre otras cosas, permitiría deducciones de hasta el 90 % a los propietarios que rebajen el precio de sus contratos en al menos un 10 % a sus inquilinos. Por otro lado, Podemos quiere limitar de forma directa los precios a través de un índice oficial para las zonas tensionadas.