El Gobierno promete la gran reconversión de España sin detallar los sacrificios
ECONOMÍA
Solo habrá tres tipos de contrato y el indefinido será el de uso generalizado
13 abr 2021 . Actualizado a las 20:31 h.España afronta tras la pandemia el mayor reto económico y social de las últimas décadas. Y lo hace sin dinero en la hucha. Con las cuentas esquilmadas tras un año de ERTE, moratorias, créditos y ayudas directas. El país fía su futuro a los fondos europeos procedentes del Next Generation EU. Pero para desembolsar las ayudas (140.000 millones en préstamos y subvenciones), el Gobierno debe enviar antes del 30 de abril a Bruselas su plan nacional de inversiones y reformas. Bien detallado. Sin su visto bueno, no habrá dinero.
El presidente Pedro Sánchez, que presentará este miércoles al Congreso la letra pequeña del plan, avanzó este martes sus líneas maestras, muy parecidas a las del borrador del mes de octubre. Pero lo hizo con más solemnidad, prometiendo «el plan económico más ambicioso y trascendental de la reciente historia de España. La mayor oportunidad desde su entrada en la Unión Europea hace 37 años». ¿En qué consistirá esa reconversión económica que anticipa el Ejecutivo? En 102 reformas y 110 inversiones.
En los próximos tres años se movilizarán —es la intención del Gobierno—, 70.000 millones de euros a fondo perdido para impulsar hasta 20 programas tractores para la transformación. El 39 % en el ámbito ecológico, un 29 % para proyectos de digitalización y un 10,5 % para educación y formación.
Diez ejes tractores
Hasta 49.710 millones de euros se movilizarán en los próximos tres años para alimentar 10 ejes de transformación. La estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada -para electrificar vías públicas, crear puntos de recarga y extender el uso del vehículo eléctrico-, absorberá 13.200 millones de euros. La rehabilitación de viviendas y regeneración urbana -despliegue de paneles solares y convertir en eficientes las viviendas- recibirán 6.820 millones. Uno de los graves problemas que tiene el país es la obsolescencia de sus Administraciones. Por eso otra línea de 4.315 millones se inyectará en proyectos para la modernización de las Administraciones públicas, también en medidas para limitar la temporalidad en este sector. Sánchez calificó los planes como una «auténtica revolución en las Administraciones Públicas y en la relación con los ciudadanos». El plan de digitalización de las pymes se llevará otros 4.060 millones. La hoja de ruta del 5G se quedará con 4.000 millones. Hasta 3.780 millones de euros se destinarán a la nueva política industrial de España, enfocada a la estrategia de la economía circular. Unos 3.590 millones de euros tendrán como destino el Plan Nacional de Competencias Digitales para reciclar a pequeños empresarios, autónomos y gente adulta. El sector turístico, el más golpeado económicamente por la pandemia, tendrá una inyección de recursos públicos de 3.400 millones de euros en los próximos años. El sistema nacional de ciencia e innovación beberá de 3.380 millones y hasta 3.165 millones sufragarán el despliegue de energías renovables en el sector eléctrico.
Impacto
Sánchez insistió en que esta movilización ingente de fondos tendrá un impacto inmediato en el PIB, del entorno del 2 % a partir de este mismo año, facilitando la creación de unos 800.000 puestos de trabajo. «El crecimiento potencial de la economía española podría situarse por encima 2 % del PIB a partir del 2030», anticipó. «Hablamos del mayor esfuerzo de modernización que va a hacer España en los últimos 37 años, equiparable al esfuerzo de modernización de cuando entró en la UE».
Calendario
La gran duda que sobrevuela el plan es si las ayudas llegarán en tiempo y forma. España aún está dentro del plazo para enviar los planes a la Comisión, que tendrá dos meses para analizar la letra pequeña. Pero hay muchos países que todavía no han ratificado la decisión de recursos propios de los Presupuestos europeos, sin los que la Comisión no puede salir al mercado a financiar el fondo Next Generation EU. No solo eso. El Constitucional alemán paralizó su ratificación por las dudas trasladadas de algunos ciudadanos que no quieren que la Comisión emita deuda común.«Estamos en tiempo y forma [...] Somos de los más avanzados en la interlocución con la Comisión», defendió Sánchez, quien garantiza que los 27.000 millones de euros que prometió adelantar en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) estarán disponibles este mismo año pase lo que pase: «Con independencia de cuándo se produzca, España consignó en sus Presupuestos 27.000 millones de euros vinculados con el primer tramo de ayudas de Bruselas. Vamos a financiar hasta que lleguen los recursos. Con independencia de lo que tarde la Comisión en salir a los mercados financieros».
Reformas
Hasta ahí las inversiones clave, pero ¿qué hay de las reformas? Sánchez pasó de puntillas por esta parte del plan, que es la que más ampollas levanta. Los sacrificios que acarreará la gran reconversión española quedaron en un segundo plano. Las negociaciones se le han complicado, no solo con Bruselas, donde siempre se recela de la buena voluntad y ambición de los Ejecutivos españoles a la hora de emprender cambios impopulares, también con sus socios de Gobierno y con los sindicatos.
España tiene una presión fiscal más baja que la media de la UE. Es un hecho: «El nivel impositivo sigue siendo relativamente bajo en relación con el gasto», reprocha Bruselas. Quiere ver subidas en el IVA —se abusa del tipo reducido del que disfruta la hostelería—, en los impuestos sobre bienes inmuebles y en las tasas medioambientales. Sánchez aseguró que no habrá reforma fiscal hasta que la recuperación económica se asiente: «Luego continuaremos con la hoja de ruta, con las tareas que nos marca Europa. La reforma fiscal es un debate necesario», deslizó poniendo el foco en otros impuestos como el de sociedades.
El país también arrastra la tasa de temporalidad más alta de la Unión Europea —26 % de los trabajadores (2019)—. Este modelo de contratación, extendido entre los más jóvenes y en sectores donde no debería ser la norma, como la educación y la sanidad, es un obstáculo para la productividad. Bruselas quiere arrancar de raíz sus causas. Y para eso exige acabar con la dualidad en el mercado de trabajo. ¿Cómo? Flexibilizando las condiciones de despido de los indefinidos para no desincentivar el uso de este tipo de contratos. Los subsidios al empleo, hasta ahora, «no han sido eficaces», recuerda la Comisión. También defiende, como ya han tratado de introducir algunos miembros del Gobierno más ortodoxos, la mochila austríaca, un modelo para hacer que cada trabajador aporte todos los meses una parte de su salario a una cuenta individual para cubrir cualquier situación de desempleo o baja. Un modelo que Podemos se niega a implantar, todavía aferrados a la idea de una «contrarreforma laboral» para echar atrás la que aprobó en el 2012 el Gobierno del PP. Como anticipó en el 2018 Sánchez y según consta en las 17 medidas para el mercado laboral enviadas a Bruselas, el Ejecutivo reducirá de cuatro a tres los tipos de contratos de trabajo: indefinido, temporal y de formación, generalizando el uso del primero y relegando los otros dos a casos muy justificados.
Nada se sabe de los compromisos que ha adquirido Sánchez para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Sí se sabe lo que le exige la Comisión: alargar la edad de jubilación y endurecer el retiro anticipado. Hay movimientos que van en esa dirección y otros que desandan el camino. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, anunció penalizaciones a las altas rentas que se acojan a la jubilación anticipada 23 y 24 meses antes de la edad legal y pagos directos de hasta 12.000 euros para quienes alarguen su vida laboral o quienes opten por un modelo de jubilación activa, compatibilizando prestaciones y trabajos parciales. «Queremos abordar la modernización del sistema, para garantizar su sostenibilidad y para que se garantice la dignidad de las jubilaciones de nuestros mayores», defendió Sánchez, antes de recordar que los autónomos pasarán a cotizar por sus ingresos reales. Lo que tendrá que pasar por el filtro de las instituciones es la propuesta de vincular la evolución de las pensiones al IPC y el destierro del factor de sostenibilidad, que condiciona el importe de las pensiones a la evolución en la esperanza de vida.
Los sindicatos cargan contra la idea de Escrivá de penalizar los retiros anticipados
La de las pensiones, una de las reformas más sensibles que debe acometer el Ejecutivo y para la que quiere el aval del diálogo social, está levantando ampollas en las organizaciones sindicales, que se oponen a la pretensión del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de penalizar las jubilaciones anticipadas. También se quejan de que la propuesta de incentivar con hasta 12.000 euros anuales el retraso del retiro, algo que el ministro avanzó el lunes ante la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, no haya sido llevado siquiera a la mesa del diálogo social.
Los detalles avanzados por Escrivá la víspera desataron ayer las críticas del secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, que mostró su oposición a las nuevas penalizaciones planteadas, que endurecen las prejubilaciones. «Incentívese la permanencia [en el puesto de trabajo] por la vía de mejorar los coeficientes y no de empeorarlos», sostuvo.
Explicó que no comparten el planteamiento del ministerio porque los salarios más altos cotizan por mayor cuantía a la Seguridad Social, motivo por el cual defienden destopar las bases máximas, algo que tendría que ir aparejado también a una mejora de la pensión.
Sin acuerdo a la vista
También contradijo al ministro en el sentido de que «ni hay acuerdo ni estamos cerca, ni muchísimo menos», como aseguró la víspera Escrivá. Además, le afeó que hace «bastantes semanas» que no se reúne con los sindicatos. Sordo considera que la reforma de las pensiones debe pasar por la derogación de la del 2013, lo que supone, entre otras cosas, suprimir el factor de sostenibilidad.
El retraso de los fondos obligará a cubrir 27.000 millones con deuda
La llegada de los ansiados fondos europeos, que el Ejecutivo confiaba en tener a lo largo de este año, no deja de acumular papeletas para un retraso que cada día se da más por seguro. Al escollo del Tribunal Constitucional alemán, que debe pronunciarse sobre el mecanismo, se suman ahora las disputas internas en el Gobierno polaco, que pueden obstaculizar su aprobación, y el hecho de que hasta el momento solo 17 de los 27 Parlamentos nacionales de los países miembros han dado la preceptiva luz verde al reparto de los fondos.
Pese a este escenario, el presidente del Gobierno se mostró ayer optimista, asegurando que todo «está listo para comenzar a desarrollar todos los proyectos al día siguiente de su aprobación por la UE». Pero, ¿y la financiación? Como ya avanzó la semana pasada la ministra de Hacienda, admitiendo que estaban preparados para emitir deuda con la que anticipar esos desembolsos, Sánchez recordó también que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año incluían 27.000 millones de euros de la inyección comunitaria, que podrán financiarse vía deuda pública, garantizando así que, «independientemente de cuándo lleguen los recursos de Bruselas», los proyectos echarán a andar ya. Eludió concretar, sin embargo, en qué trimestre podría recibirse el dinero.
Añadido al problema que supone seguir engordando el abultado pasivo del Estado —ya en el 120 % del PIB— el retraso de los fondos europeos se traducirá también en una demora en la recuperación, que ya no se espera antes de la recta final del año.
De hecho, el pasado viernes el Ejecutivo revisó a la baja sus previsiones de crecimiento del PIB para este año, que pasaron del 9,8 % (incluyendo el efecto del despliegue completo de los fondos comunitarios y del 7,2 % sin ellos) al 6,5 %.
Lo que no admitió Sánchez en la rueda de prensa de ayer fue que el Gobierno se esté retrasando en la remisión a Bruselas del plan de recuperación, después de que demorara hasta finales de este mes (el plazo expira el 30 de abril y la Comisión Europea tiene dos meses para darle el visto bueno) el envío que inicialmente tenía previsto para marzo. «Niego la mayor. Podría haber un retraso si el resto de los países lo hubieran presentado y nosotros no. Pero no es el caso. Somos de los más avanzados en la interlocución con la Comisión Europea», sostuvo.
