La renta mínima se les ha concedido al 22 % de los gallegos que la solicitaron

Cristina Porteiro
c. porteiro REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

M.MORALEJO

Oenegés admiten que las ayudas disponibles no llegan y son insuficientes

02 abr 2021 . Actualizado a las 16:01 h.

«Hay quienes se han quedado sin pagar los pisos. Estamos abonando de tres a cinco meses pendientes. El martes pasado autorizamos el pago de facturas de una persona por casi 1.000 euros. Están sin gas desde hace meses. Así han pasado el invierno entero». Quien describe esta fotografía de la pandemia es el coordinador de Cáritas en Galicia, José Anuncio Mouriño. Detrás de las imágenes de hospitales colapsados y terrazas al sol se esconde la terrible realidad social y económica de la crisis: quienes habían logrado superar los avatares de la recesión del 2008 han vuelto a llamar a las puertas de la organización. Con todo lo que eso significa. A sus locales llega gente «destrozada y deshecha», explica Mouriño. También llaman caras nuevas, gente que jamás pensó que tendría que acudir a la beneficencia.

Durante la pandemia Cáritas aumentó un 10 % las ayudas de emergencia, un 47 % la cobertura de necesidades básicas y un 132 % el gasto para gastos asociados a la educación de los menores de familias pobres. Lo peor está por llegar. Las oenegés gallegas se preparan para otra oleada cuando se retiren los ERTE, que hoy protegen a 45.387 empleados en la comunidad. El goteo ya ha empezado. En los tres primeros meses del 2021 se han disparado las ayudas para pagar alquileres. La pregunta que se hacen todos es: ¿por qué no llegan las prestaciones públicas?

«El ingreso mínimo vital (IMV) no está funcionando. Lo digo así de claro. No se están dando y no es suficiente. Con 400 euros no puede vivir nadie. Solo por un piso en Santiago ya se paga más. Y no se trata de sobrevivir sino de vivir con dignidad», denuncia Mouriño, muy crítico además con la gestión de la prestación. Apunta que hay más gente de la que se cree que es analfabeta o pobre digital, no saben o no tienen acceso a Internet. Dependen de una cita presencial que nunca llega para solicitar la renta mínima.

El IMV naufraga

La burocracia es tan farragosa, y los criterios tan estrictos, que muchos ni lo intentan. Solo 52.807 de las 540.000 personas que estaban en riesgo de pobreza en Galicia antes de la pandemia han pedido la renta mínima, y eso que está por cuantificar quiénes han caído en ella en el último año. Al menos 102.600 personas ya sufrían entonces carencias materiales severas. ¿Qué hay del resto? El 80 % de los gallegos que recibían la renta de integración social de Galicia (risga) se han quedado con la prestación autonómica (8.421 personas), según datos facilitados por la Consellería de Política Social. La diferencia económica respecto al IMV es tan pequeña que prefieren no arriesgarse a hacer el trasvase y quedarse atascados en la cola invisible de la Seguridad Social.

A tenor de las estadísticas, fue una elección acertada, porque solo dos de cada diez solicitudes (11.546) han sido aceptadas en Galicia. Más que la media española (17 % de las solicitudes aprobadas). Casi cuatro de cada diez solicitantes (18.704) siguen esperando respuesta en la comunidad. La cuantía media de la prestación apenas alcanza los 468 euros y no todos a los que se les ha concedido el IMV lo están cobrando. En el caso de la risga, esa cuantía es ligeramente inferior, aunque se introducirán cambios: «Para adecuar a risga ao novo escenario xa están en marcha os traballos para a reforma da Lei de Inclusión Social de Galicia, que culminarán coa aprobación deste novo texto legal no vindeiro 2022», aseguran desde Política Social.

Habrá que esperar otro año. Esas son las cifras oficiales, pero en ellas no están reflejados los colectivos que han quedado fuera del sistema: ciudadanos cuyas rentas en el 2019 superaron los umbrales fijados por el Gobierno, las personas sin hogar y los empleados en situación irregular que trabajaban en la economía sumergida, muchos explotados.

Excluidos

«Para el Estado, ellos no existen. Quedaron tirados», lamenta Mouriño. El perfil del demandante no ha cambiado, pero cada vez llegan más mujeres solteras con hijos. Prescinden de comidas para no privar de alimentos a sus hijos. Además del dolor de verse arrastradas a pedir ayuda también se suma el estigma social y la ausencia total de medidas políticas en la última década para acabar con la pobreza crónica en España, que alcanza niveles difíciles de ver en el resto de la Unión Europea: «No se actuó bien. Políticamente no se pusieron los medios. El hijo del pobre es pobre. Aquí la pobreza se hereda. El sistema económico funciona así y no se le da solución. La pobreza está enquistada y cuando llueve siempre llueve por los mismos», denuncia Mouriño.

«En la Seguridad Social los retrasos llegan hasta los cinco meses en la tramitación»

Las personas sin cargas familiares están experimentando graves problemas para poder subsistir, son los principales demandantes de ayuda. Pero también se da el caso de familias numerosas (con más de dos hijos) que, tras consumir en un año sus ahorros, se encuentran en una situación extremadamente delicada. Al menos 18.579 beneficiarios del IMV se encuentran en esta situación y otros miles que siguen esperando asistencia cuando nunca antes habían tenido que pedirla. «Hay problemas serios. En el INSS los retrasos llegan hasta los cinco meses de tramitación. Funcionarios que unas veces piden unas cosas y otros que piden otras. Además, para concederlas piden la renta del 2019 y esa no refleja la situación actual», denuncia el vicepresidente de la Asociación Galega de Familias Numerosas (Agafan), José Manuel Trigo.

Se multiplican los casos de familias de autónomos que han tenido que cerrar sus negocios y se han quedado sin ingresos con los que pagar hipotecas o gastos de manutención de los niños: «El IMV tarda mucho, hay un exceso de burocracia que ahoga a las familias y se tarda de recibir el visto bueno y en cobrar la ayuda», asegura Trigo.

Y otro problema añadido es que los asistentes sociales están absolutamente desbordados. Desde Agafan están gestionando muchas más solicitudes que otros años para acceder al bono social de la luz: «Eso quiere decir que hay problemas en las familias», aseguran. Incluso entre quienes están en ERTE. Porque no es lo mismo percibir la cuantía máxima por tener tres hijos que por tener cinco o seis.

«No podemos esperar más, hay muchas personas sufriendo»

Lorena Álvarez es trabajadora social en la oenegé Ecos do Sur. Asegura que están atendiendo un 50 % más de nuevas solicitudes para pagar alquileres, comida y para buscar alternativas habitacionales porque los albergues están saturados. También se están encontrando con gente que había superado la anterior crisis y han vuelto al punto de inicio. Anímicamente, la pandemia les está pasando factura. Han aumentado un 30 % la asistencia psicológica.

La situación es desesperada. Exigen que se resuelva rápido el embudo que hay en las ayudas públicas. La tarjeta monedero que habilitó la Xunta para cubrir necesidades básicas «se está resolviendo de forma rápida y eficaz», asegura. Cree que es una buena fórmula porque evita que sus beneficiarios tengan que acudir a las bautizadas como «colas del hambre» de los bancos de alimentos y les permite una mayor autonomía.

No es el caso de la renta social municipal, que los concellos tardan entre cuatro y seis meses en resolver. Igual que el ingreso mínimo vital (IMV), aún atascado: «A ayudas que se habían tramitado en julio del 2020 les están dando respuesta en marzo y a fecha de hoy no han ingresado nada [...] Un año después no podemos esperar más, hay muchísimas personas sufriendo riesgos sociales por este embudo», denuncia. Cuando la ayuda llega, lo hace de golpe, pero «la realidad es que se come todos los días y hay que pagar las facturas. Cuanto más tiempo tarden en resolverlas, más aumenta la deuda de las personas». De hecho, han detectado un aumento de los desahucios.

A estos problemas se suma el laberinto burocrático y el coste de la tramitación. Conseguir cita es casi imposible y muchas personas a las que asisten ni siquiera tienen conexión a Internet en casa. Además, al colectivo de inmigrantes se les exige un certificado de residencia legal que deben solicitar -previa cita con la policía- y por el que pagan 7,24 euros. «Puede parecer una cantidad insignificante, pero es la diferencia entre comer o no un día».

Declaración de la renta

Quienes consiguieron terminar el circuito de obstáculos de la Seguridad Social, se encontrarán al final del camino con la Agencia Tributaria. El próximo miércoles arranca la campaña de la renta. Hacienda ya ha informado de que «los beneficiarios del IMV deben presentar la declaración por IRPF», con independencia de la cuantía de sus ingresos. Aunque la renta está exenta de tributación por debajo de los 11.279 euros, sí tendrán que hacer la declaración. Es un trámite relativamente sencillo, pero para muchos es la primera vez y ni siquiera disponen de certificado digital. Hacienda se ha comprometido a reforzar la asistencia personalizada para que no tengan que acudir a gestorías.

«Tengo tres hijos que alimentar y me han denegado el ingreso mínimo vital»

a.martínez

La mayor parte de los 550 euros que Grace Jennifer Moral cobra de una Risga se va para pagar el alquiler del piso de la Gran Vía en el que vive con su madre y sus tres hijos de 20, 5 y 3 años. Lo poco que le sobra y una pensión de alimentos que recibe apenas le llega para satisfacer las necesidades básicas de su familia. El ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno en mayo del año pasado supuso una esperanza de no vivir tan ahogada económicamente, pero se lo han denegado. Este mes lo ha vuelto a solicitar porque asegura que le hace muchísima falta.

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