Anticorrupción pide más de 70 años de prisión para Rodrigo Rato por fraude fiscal y blanqueo

Ana Balseiro
Ana Balseiro MADRID / LA VOZ

ECONOMÍA

Rodrigo Jiménez | Efe

La Fiscalía lo acusa de once delitos contra la Hacienda Pública, tras ocultar su patrimonio desde 1999 y defraudar 8,5 millones

23 mar 2021 . Actualizado a las 19:33 h.

Cinco días después de cumplir los 72 años y transcurrido poco más de un mes desde su salida de la cárcel en libertad condicional -por su edad-, el horizonte judicial vuelve a amenazar tormenta para Rodrigo Rato. En un escrito presentado este martes ante el juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, que investiga el origen de su patrimonio desde 1999, la Fiscalía Anticorrupción pide para el exvicepresidente económico de Aznar una pena de más de 70 años de prisión por la comisión de un rosario de delitos, entre ellos, los de blanqueo y contra la Hacienda Pública. En concreto, cuantifica en más de 8,5 millones de euros el dinero defraudado al fisco tras mantener oculto su patrimonio en las dos últimas décadas.

El exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI), que fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por el uso irregular de las tarjetas black de la desaparecida Caja Madrid (cumplió dos años y cuatro meses), vuelve a encaminar sus pasos al banquillo, esta vez -según el escrito de acusación de la Fiscalía- por cometer once delitos contra la Hacienda Pública (por cada uno de ellos pide penas de entre cuatro y seis años), además de los de blanqueo de capitales, insolvencia punible, corrupción en los negocios y otro continuado de falsedad en documento oficial y mercantil.

Anticorrupción relata en su informe que Rato se sirvió de un entramado de sociedades instrumentales, cuatro de ellas radicadas en Irlanda, el Reino Unido y Panamá, para ocultar su patrimonio al fisco. Con dichas sociedades, el acusado realizó «actividades de inversión financiera mediante multitud de cuentas bancarias abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, o Mónaco, entre otros lugares, en una operativa desconocida por la Hacienda Pública y que habrían constituido hechos delictivos desde el 2005 hasta el 2015».

Entramado internacional

El escrito de acusación subraya la colaboración «particularmente relevante» que en tales operaciones habrían tenido el excuñado de Rato, Santiago Alarcó, y el asesor fiscal Domingo Plazas. El primero manejaba sus cuentas en el extranjero y gestionaba las estructuras societarias que servían a los intereses de Rato, y el segundo administraba la sociedad española Kradonara, filial de Vivaway Limited, y organizaba la repatriación de parte de las cantidades blanqueadas a través de cuentas ómnibus de las que era titular el conglomerado gibraltareño Finsbury.

La documentación que se intervino -en abril del 2015- en los registros del domicilio de Rato y de sus empresas en Madrid, así como de los despachos de Plaza Abogados en Madrid y Sotogrande (Cádiz), permitió conocer que el acusado tenía también cuentas en Estados Unidos y Suiza, «desconocidas para el fisco español», y que operó a través de depósitos en paraísos fiscales como Isla de Man, Kuwait y Curaçao, además de servirse de estructuras financieras para realizar «movimientos transfronterizos de dinero encubiertos a través de sociedades opacas».

Amnistía fiscal para blanquear

Explica también que Rato se acogió en el 2012 a la amnistía fiscal del Gobierno del PP, declarando ser propietario de la mercantil Red Rose Finantial, pero omitiendo cualquier referencia al resto de las sociedades que tenía. El resultado fue que declaró un patrimonio en el exterior de 115.333 euros y pagó por él a Hacienda el 10 %

«Lejos de haber regularizado ni administrativa ni, menos aún, penalmente [...], utilizó en realidad la Declaración Tributaria Especial como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacia años por su patrimonio exterior», subraya Anticorrupción, que le imputa también incrementos patrimoniales no justificados de 15,6 millones entre el 2005 y el 2015, así como rendimientos en el exterior no declarados. De todo lo anterior, la factura impagada de Rato a la Agencia Tributaria rebasaría los 8,5 millones de euros.

Igualmente, durante la instrucción de la causa la Fiscalía también considera que han quedado acreditados indicios de que cuando Rato presidía Caja Madrid y luego Bankia (entre el 2010 y el 2012) usó su cargo para embolsarse comisiones por contratos de publicidad firmados por la entidad financiera.