Las empresas gallegas optan a 220 millones en ayudas directas, aunque no llegarán hasta mayo

Las que cumplan los requisitos, que la Xunta puede modular, recibirán entre 3.000 y 200.000 euros


Redacción / La Voz

Dos semanas después del anuncio del presidente del Gobierno, y tras los correspondientes tiras y aflojas entre los socios de la coalición, el Consejo de Ministros dio luz verde ayer al real decreto de medidas extraordinarias para garantizar la solvencia de las empresas más castigas por la pandemia. Un plan que movilizará 11.000 millones para evitar, en palabras de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que la caída de ingresos que ha traído aparejada la pandemia «pueda poner en riesgo la supervivencia de empresas perfectamente viables y se lastre la recuperación», que avanza más lenta de lo esperado por la virulencia de la tercera ola y la lentitud en la vacunación.

Como ya se había anunciado, la parte de león de los fondos, 7.000 millones, se destinará a ayudas directas a las empresas que hayan visto caer más de un 30 % su facturación. Un dinero que el Estado transferirá a las comunidades autónomas, que serán las encargadas de distribuirlo. Este paso intermedio amenaza con retrasar al menos mes y medio la llegada de esa liquidez a los negocios. Y es que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicitó que el Gobierno se da un plazo de 40 días para firmar los correspondientes convenios y hacer la transferencia de los fondos, que podrían estar en las cajas autonómicas a finales de abril. Pero luego los Gobiernos regionales deberán publicar, y resolver, las convocatorias de ayudas, que por muy ágiles que sean hacen casi seguro que los primeros pagos a las empresas no empezarán a llegar, en el mejor de los casos, hasta mayo.

En cuanto al reparto de las subvenciones, esos 7.000 millones se dividirán en dos paquetes. Uno, de 2.000 millones, se destinará en exclusiva a Canarias y Baleares, para compensar el mayor golpe que ha sufrido allí el tejido empresarial, por su dependencia del sector turístico. Los otros 5.000 millones se distribuirán entre las comunidades peninsulares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El reparto se hará siguiendo el mismo criterio que se aplicó hace unos meses con los fondos React EU, en los que se ponderaron variables como la caída del PIB, la pérdida de empleo y el incremento del paro juvenil en cada región. Entonces a Galicia le correspondió un 4,4 % de la partida, lo que significaría que ahora opta a unos 220 millones para distribuir entre las empresas de la comunidad. La cifra no es definitiva porque Montero puntualizó ayer que en los próximos días publicará una orden con los nuevos porcentajes de reparto, actualizados por la evolución de las anteriores variables en todo el ejercicio 2020, aunque no se prevén grandes oscilaciones.

Criterios autonómicos

La ministra de Hacienda aclaró ayer que, pese a que Gobierno ha establecido en el decreto unos parámetros generales para la asignación de las ayudas directas (con una horquilla de entre 3.000 y 200.000 euros), las comunidades podrán establecer criterios de reparto propio siempre que respeten los límites fijados por el Gobierno. La intención, explica, es que se puedan adaptar las inyecciones de liquidez a las singularidades del tejido empresarial de cada región.

En concreto, la norma estatal fija que las ayudas a autónomos y micropymes podrán llegar al 40 % de las pérdidas, mientras que en el resto de negocios el tope se fija en el 20 %, pero las comunidades podrán rebajar esos umbrales para facilitar el acceso de más empresas y una mayor progresividad en el reparto.

El ICO renuncia a su prioridad de cobro para facilitar la refinanciación de la deuda de las empresas en apuros

Aunque la a mayor expectación la concentraban los detalles de los 7.000 millones en ayudas directas para pymes y autónomos, el decreto ley aprobado este viernes por el Consejo de Ministros también dio luz verde al lanzamiento de otros dos flotadores para el tejido empresarial: la flexibilización de los préstamos ICO y un fondo de rescate para las empresas que, por su menor tamaño, quedaron fuera del fondo que ya gestiona la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).

El objetivo, según subrayó la vicepresidenta Calviño, es «anticiparse» y evitar a toda costa la destrucción de tejido empresarial en la recta final de esta crisis sanitaria.

Así, en lo que respecta al ICO, contará con un presupuesto de 3.000 millones de euros para «acompañar los procesos de reestructuración de deuda financiera que cuente con aval público». Es decir, que las pymes y autónomos en dificultades que pidieron en su día financiación garantizada por el ICO, podrán negociar ahora con su banco un respiro que alivie las persistentes dificultades económicas provocadas por el covid. ¿Cómo? Las opciones para refinanciar y reestructurar la deuda incluyen tres posibilidades.

La primera de ellas es una nueva ampliación del plazo de amortización del crédito (en noviembre ya se dobló a dos años el período de carencia y se elevó a ocho el de devolución), mientras que la segunda alternativa pasa por su conversión en préstamos participativos, que ayudarían a reforzar los recursos propios de las compañías.

Las quitas, el último recurso

El último recurso -y el que más resistencia ha generado en la banca- es la reestructuración de la deuda a través de quitas, algo que desde Economía insisten en que será la última opción, dados los riesgos que implica para la estabilidad del sistema financiero si, como en la crisis del 2008, la morosidad acaba disparándose. Porque cabe recordar que de los más de 121.000 millones de financiación movilizados por los créditos ICO, el Estado avala en 80 %, mientras que el otro 20 % del riesgo de impago lo asumen las entidades financieras. Sobre la base de un código de buenas prácticas -de adhesión voluntaria y similar al que ya existe en el ámbito hipotecario-, serán los bancos los que negocien con las empresas (con problemas puntuales de solvencia, pero viables) la mejor solución para aliviar su situación. El ICO, que aceptará la fórmula de reestructuración pactada por la entidad financiera y el cliente, renunciará a su prioridad de cobro de las deudas para facilitar la refinanciación del pasivo de las empresas en apuros. Asimismo, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, también anunció que los préstamos con aval del ICO podrán seguir solicitándose hasta diciembre de este año.

El Estado estará un máximo de 8 años en el capital de las empresas que rescate

La tercera pata de la última remesa de ayuda pública frente a la crisis se materializa en 1.000 millones de euros para un fondo de recapitalización dirigido a empresas medianas en dificultades, pero viables, que quedaron excluidas del de 10.000 millones que gestiona la SEPI, ya que el importe mínimo de las ayudas es de 25 millones.

El nuevo fondo, gestionado por la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides), de capital público-privado y dependiente de Industria, rescatará a las compañías a través de diferentes instrumentos financieros, que incluyen préstamos ordinarios, participativos o capital. Estas ayudas conllevan la participación del Estado en los beneficios futuros de las empresas beneficiarias, con una permanencia máxima de ocho años.

Entre los requisitos para acogerse están que la sociedad mantenga la actividad hasta el 30 de junio del 2022, no repartir dividendos ni subir el sueldo de la alta dirección en dos años, ni estar presentes en paraísos fiscales.

Hacienda amplía a abril los seis meses de aplazamiento del pago de impuestos

Otro pequeño alivio para empresas y autónomos llegará por la vía tributaria, ya que la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, anunció este viernes que el Consejo de Ministros también había aprobado ampliar a abril los seis meses de aplazamiento en vigor para liquidar sin intereses de demora las obligaciones tributarias del primer trimestre del ejercicio.

De hecho, una de las primeras medidas adoptadas tras el estallido de la pandemia fue precisamente la de conceder moratorias y aplazamientos.

Juntas telemáticas este año

Por otra parte, el decreto ley también incluye la posibilidad de que las sociedades anónimas que no hayan podido modificar sus estatutos puedan seguir celebrando junta general o asamblea de socios por medios telemáticos durante este ejercicio, implementando las medidas que garanticen la identidad del accionista que vota y se le ofrezcan distintas vías para participar en la reunión.

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