Rebelión de comunidades contra el «enchufe» catalán en la fábrica de baterías

Galicia suma apoyos a su candidatura para acoger una planta de este tipo

taller de baterías de PSA
taller de baterías de PSA

vigo / la voz

¿Galicia está cerca de Martorell? Según cómo se mire. Para la ministra Reyes Maroto, sí. Cuando el pasado jueves adelantó el acuerdo para la constitución de un consorcio público-privado con Seat (Volkswagen) e Iberdrola, para construir «cerca» una fábrica de baterías todo el mundo dio por hecho que el lugar elegido es Barcelona. Una decisión inesperada que desató tal rebelión, incluso en comunidades gobernadas por socialistas que trabajan en proyectos de litio, que la propia ministra se vio obligada a matizar sus palabras, y explicar que «cerca significa en España». Aunque de poco ha servido la aclaración, si se puede llamar así, porque el daño está hecho y la guerra de comunidades contra el enchufe catalán está declarada.

 Galicia, Aragón y Extremadura han sido las primeras en alzar la voz, no porque Cataluña se lleve la planta de baterías, sino porque la nueva infraestructura industrial, valorada en 5.000 millones, esté liderada por el propio Gobierno de España (sin participación conocida del Ejecutivo autónomo), que da por hecha la concesión de fondos europeos para la reconstrucción cuando, ni siquiera se ha abierto el plazo de selección de los demás proyectos que han sido presentados por el resto de las comunidades.

En Galicia, el presidente Núñez Feijoo, reaccionó en cuestión de horas al anuncio del Gobierno, que tildó de «sorprendente» por el solo hecho de producirse antes de resolverse el proceso de selección de proyectos financiables con fondos europeos. Escoció de forma especial porque la Xunta está «trabajando en una candidatura del sector de la automoción», con una inversión de más de 1.000 millones a través de la planta de Stellantis Vigo (antigua PSA) y la industria auxiliar, aunque este proyecto no incluye una planta de producción de baterías, porque la multinacional francesa tienen su propio consorcio que produce células de propulsión de coches eléctricos con plantas en Francia y Alemania.

Al malestar de la Xunta se sumó ayer la patronal gallega (CEG). Su presidente, Juan Vieites, afeó la precipitación del Gobierno al situar la inversión cerca de Martorell y se posicionó a favor de la opción de Vigo (zona Salvaterra), que lidera el consorcio de la Zona Franca. La Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime), también ha trasladado su «firme apoyo» a la candidatura impulsada por el consorcio vigués, una iniciativa «sólida y viable».

La fábrica de baterías de Zona Franca de Vigo y CTAG generaría 800 empleos

La inversión, includio el loratorio de propulsión limpia, sería de 180 millones

luis carlos llera

La fábrica de baterías promovida por Zona Franca y el CTAG (Centro Tecnológico de Automoción de Galicia) costaría 151 millones de euros y tendría una capacidad de fabricación máxima de 300.000 baterías al año. En una primera fase, que duraría tres años, se crearían cien puestos de trabajo directos y mil indirectos. La capacidad de producción inicial sería de 2 GWh para pasar, a pleno rendimiento, a 16 GWh. Con la fábrica funcionando a tope, Zona Franca calcula que se podrían originar 800 puestos de trabajo directos.

El proyecto cuenta con el respaldo de una veintena de empresas e instituciones y ha sido presentado al Gobierno para poder optar a los fondos europeos Next Generation, diseñados por la UE para asfaltar la recuperación. El alcalde de Vigo y presidente de Zona Franca, Abel Caballero, aseguró ayer que el proyecto es «compatible con otros que se pueden desarrollar en España». Hay tres planes presentados al Ministerio de Industria, el de Extremadura, donde existe un importante yacimiento de litio, otro de Aragón; y el de Cataluña. Pero la ministra Reyes Maroto ya se ha decantado por este último antes de que oficialmente se decida el reparto de fondos. Maroto anunció la semana pasada en el congreso del metal de UGT que el Gobierno va a crear un consorcio público- privado con Seat, Volkswagen e Iberdrola. Anuncio por el que le han llovido las críticas desde las comunidades afectadas.Entre los socios del proyecto de Zona Franca están Iberdrola y las fábricas de automoción Urovesa, Unvi, Castrosúa y Little Cars, entre otros, además de empresas de componentes, la Universidad de Vigo, la Diputación de Pontevedra y el Ayuntamiento de Vigo.

La fábrica se nutriría del litio que se almacena en el subsuelo de la frontera con Portugal y cuya extracción no ha comenzado todavía. Se trata del yacimiento de Covas do Barroso, cerca de la frontera en la zona ourensana de Verín. El delegado del Estado en la Zona Franca, David Regades, ha cifrado en 175.000 toneladas la capacidad de producción anual de litio.La presidenta de la Diputación, de Pontevedra, carmela Silva, elogió a Zona Franca. «Ya nos gustaría que otra instituciones tuvieran la misma visión», subrayó ayer en la presentación en sociedad del proyecto.

La responsable del CTAG, Ana Paul, ha hecho valer la experiencia del centro tecnológico, que lleva tiempo trabajando en la mejora de las baterías eléctricas y su seguridad. El CTAG tendría un papel relevante porque el proyecto incluye la puesta en marcha de un laboratorio de tecnologías de propulsión limpias en la futura fábrica, a su cargo. Este laboratorio supondría una inversión adicional de 30 millones y contaría con 80 investigadores. La de ayer es solo la primera etapa de una carrera con varios competidores. Por eso los promotores no han dado ni fechas ni ubicación, aunque se presupone que se ubicaría en el puerto seco de Salvaterra-As Neves donde ocuparía 200.000 metros cuadrados. En este proyecto no figura Stellantis, porque el fabricante automovilístico ya tiene en marcha, en una fase más avanzada, las construcción de dos plantas de baterías en Francia y Alemania en alianza con la empresa Total. La inversión de estas dos megafábricas suma 5.000 millones de euros.

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