La reforma de las pensiones en la que trabaja el Gobierno desincentivará el retiro temprano
07 mar 2021 . Actualizado a las 18:20 h.Las prejubilaciones, al menos con lo extendidas que están en España, suponen un problema para la sostenibilidad del sistema público de pensiones. La retirada temprana del mercado laboral, el aumento del número de pensionistas y el descenso progresivo de trabajadores en activo están poniendo contra las cuerdas el modelo actual a las puertas de una nueva reforma -exigida por Bruselas-, para garantizar su progresividad y supervivencia.
En el 2020 hasta cuatro de cada diez trabajadores se jubilaron antes de tiempo. El 38 % de las personas que optaron por retirarse y abandonar su trabajo lo hicieron sin alcanzar la edad legal de jubilación: los 65 años. Un porcentaje similar al de hace 10 años aunque ligeramente inferior del 44,4 % que se llegó a registrar en el 2016.
Según los datos de la Seguridad Social, recopilados por Efe, de los 285.870 nuevos jubilados que se dieron de alta en el 2020, al menos 176.289 tenían 65 o más años. El resto era más joven: 22.970 tenían 64 años; 46.249 se retiraron con 63 años; otros 10.573 lo hicieron con 62 años; hasta 24.901 decidieron parar con 61 años y 4.888 se jubilaron con menos de 60 años. La brecha entre la edad legal de jubilación y la edad real es de 1,3 años. Y no ha hecho más que crecer en la última década. Por eso el Ministerio de Seguridad Social introducirá cambios.
El ministro José Luis Escrivá negocia una reforma de las pensiones que endurecerá el acceso a la jubilación anticipada e incentivará a quienes decidan, de forma voluntaria, prolongar su carrera laboral. ¿Qué cambios baraja introducir? En primer lugar que la pensión de los que decidan jubilarse de forma anticipada -se puede optar a esta opción dos años antes de la edad legal, siempre que se tengan 35 años cotizados- se vea reducida en un 8 % por año anticipado. Actualmente esa reducción es inferior, alrededor del 4 %, ya que se aplica sobre la base reguladora y no sobre la pensión directamente, penalizando menos a los salarios más altos y más a los más bajos.
Premiar a quienes trabajen más años
Escrivá estudia otras dos vías para evitar las prejubilaciones. Una de ellas es diseñar una fórmula para acabar con las jubilaciones forzosas al llegar a la edad legal recogidas en convenios colectivos. Quien quiera seguir trabajando, podrá hacerlo.
Por otro lado, también estudia la posibilidad de premiar a quien decida jubilarse más tarde, aumentar los incentivos con pagos de una sola vez para que la gente se incline por forjar «carreras laborales más largas». Hasta agosto del año pasado, solo 8.560 personas accedieron a la jubilación de manera demorada, es decir, con más de 65 años y 10 meses, una opción que eleva la cuantía de la pensión hasta un 4 % en función de los años cotizados, con un mínimo de 25, según recoge Efe. Esta modalidad se ha reducido en favor de la jubilación activa, aquella que permite compatibilizar el trabajo con el cobro de la pensión de jubilación, que contaba en 2020 con 61.220 personas acogidas a esta modalidad, la mayor parte (52.076) cotizando en el régimen de trabajadores autónomos.
Todos estos asuntos, que se están negociando con patronal y sindicatos sobre la base de los acuerdos del Pacto de Toledo, deberán estar recogidos en los planes nacionales de inversión y reformas que el Ejecutivo español deberá enviar a Bruselas antes de que expire el mes de abril para poder empezar a desembolsar los fondos de recuperación del Next Generation EU.