Las nuevas ayudas a empresas con problemas no llegarán hasta bien entrado el segundo trimestre

El Gobierno ultima el plan para inyectar dinero a través de las autonomías, otro para aliviar el pasivo y un fondo de rescate a pymes


madrid / colpisa

Las estrecheces por las que atraviesan parte de los empresarios como consecuencia de las continuas restricciones por el coronavirus serán finalmente aliviadas con más fondos públicos. Sin embargo, el dinero tardará aún varias semanas. El Gobierno pretende aprobar ya -posiblemente este martes- su plan de ayudas, justo un año después de que el Consejo de Ministros autorizara el primer estado de alarma.

Pero la llegada de fondos por las diferentes vías que se habilitarán no será una realidad previsiblemente hasta bien avanzado el segundo trimestre. La complejidad a la hora de poner en marcha esos 11.000 millones de euros anunciados por el presidente del Gobierno reside en que son varias las instituciones, agentes y organismos implicados en un programa muy estudiado por el Ministerio de Economía.

El departamento dirigido por la vicepresidenta Nadia Calviño ha querido afinar los fondos públicos, para que lleguen a los negocios que lo estén pasando realmente mal, pero que sean viables en el futuro. Fuentes de Economía señalan que una vez que se apruebe el plan, llegará «un proceso de articulación» complejo, porque cualquier adjudicación de dinero público «requiere sus garantías».

El plan estará estructurado en tres grandes líneas de apoyos, según fuentes gubernamentales. Por un lado, Economía ha incluido un paquete para «seguir impulsando ayudas directas», dotando de recursos a las comunidades autónomas, que las pondrán en marcha con las aportaciones del Estado. Serán los Gobiernos regionales los encargados de habilitar estas inyecciones de dinero que muchos empresarios -hostelería y turismo, principalmente- esperan como agua de mayo. Las comunidades han comunicado ya a Hacienda que destinarán 2.000 millones para pymes y autónomos: un 25 % del dinero que el Gobierno había decidido transferirles a través de los fondos europeos.

La otra gran medida supone «el alivio de la carga financiera» de las empresas. En este caso, la negociación ha sido más compleja, pues el Gobierno necesitaba la colaboración de la banca. Las entidades habilitarán la reestructuración de la deuda de las empresas que hayan obtenido créditos con aval público del ICO, que tendrá su protagonismo en este programa. Lo harán bajo criterios estrictamente financieros. Porque, como anticipaba el gobernador del Banco de España esta semana, esta crisis puede derivar en una crisis financiera como la de hace una década si se obliga a los bancos a tomar determinadas medidas, como las quitas.

Quitas, la última opción

De hecho, esta posibilidad será la última opción. Para articular este sistema se creará un código de buenas prácticas para que los bancos trabajen bajo esas premisas. Economía también estudia prorrogar la moratoria que exime de presentar un concurso de acreedores a las empresas con problemas. Fue una de las primeras medidas que el Gobierno puso en marcha en marzo del año pasado, que renovó en septiembre y que expira el día 14. Todo apunta a que habrá una tercera ampliación para evitar un reguero de quiebras.

La tercera pata, la de menor relevancia económica, pasará por «recapitalizar y reforzar la solvencia» de los negocios. Será una especie de fondo de rescate público como el de la SEPI con las grandes compañías (el de Air Europa ya está en marcha, por ejemplo). Inyectará dinero a empresas con problemas que lo soliciten a través de diferentes fórmulas y será gestionado por Cofides (Compañía Española de Financiación del Desarrollo), sociedad controlada por el Estado que facilita financiación a medio y largo plazo a proyectos viables.

Más de 200.000 pymes pedirán indemnizaciones al Estado

Los despachos de abogados echan humo ante la avalancha de reclamaciones que se avecinan. Los cierres de negocios y las restricciones impuestas durante el estado de alarma han provocado que un buen número de empresas, especialmente pymes, se planteen reclamar indemnizaciones al Estado para compensar sus pérdidas durante estos meses de crisis. De momento, más de 200.000 negocios tienen la intención de exigir esta compensación, según datos recogidos en el último barómetro mensual del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos. Otros 150.000 reclamarán también a sus seguros.

«Es cuestión de días que, con la publicidad necesaria, muchas empresas se adhieran a demandas colectivas o presenten las mismas de forma individual. El Gobierno debería ser ágil para responder con ayudas directas y evitar que el sistema judicial se colapse», advierte Fernando Santiago, presidente de los Gestores Administrativos.

Otro dato revelador del barómetro apunta a que unas 130.000 pymes se encuentran en riesgo de concurso de acreedores, y que tratan de retrasar el momento de la solicitud, con la esperanza de que lleguen las ayudas directas prometidas por el Gobierno.

El sondeo también refleja las dificultades por las que atraviesan las empresas que ya han recibido algún tipo de ayuda. Por ejemplo, más de 300.000 negocios que siguen en ERTE necesitan actualmente más financiación para poder sobrevivir.

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