El impuesto sobre el patrimonio, una «anomalía» en la UE

Un estudio de la Fundación Civismo pide suprimirlo en lugar de armonizarlo


madrid / la voz

Superada la urgencia de recabar apoyos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año, el acalorado debate abierto por la exigencia de ERC de armonizar tributos que, como patrimonio o sucesiones y donaciones, espolean la competencia fiscal entre territorios, se ha enfriado hasta prácticamente desaparecer de la agenda política, engullido por otras urgencias vinculadas a la crisis sanitaria. Sin embargo, un informe de la Fundación Civismo, firmado por María Crespo, profesora de Hacienda Pública en la Universidad de Alcalá de Henares, pone ahora negro sobre blanco que, en lo que respecta al impuesto sobre el patrimonio, España es una «anomalía en el entorno de la Unión Europea».

Este tributo no se exige en ningún país, a excepción de Suiza y Noruega, «mientras que en el nuestro se ha elevado el tipo de gravamen superior en el último tramo de la escala». Esta subida fiscal, aprobada en los PGE para este ejercicio y que supone elevar hasta el 3,5 % el tramo más alto del tributo (para fortunas superiores a 10 millones de euros), es «claramente confiscatoria», según la investigadora, ya que la rentabilidad actual de cualquier vehículo de inversión dista mucho de ese porcentaje.

Solo recauda el 0,12 % del PIB

Argumenta también que mantener este tributo en España «no se justifica por los niveles de ingresos que recauda», que, como muestra el gráfico anexo, son reducidos: un 0,12 % del PIB.

Así, al no provenir del mismo el grueso de la recaudación, no se puede considerar su armonización (en lugar de su supresión, siguiendo la estela europea) como un «elemento básico para la reducción del déficit público autonómico».

Y no solo eso. Civismo alerta de que el alza fiscal aprobada no asegura el objetivo constitucional de garantizar la justicia distributiva y la equidad entre la ciudadanía, por lo que considera que, dado su escaso músculo recaudatorio, «es una política populista, que ahuyenta la inversión».

El informe también analiza la gran disparidad que el impuesto tiene entre las comunidades, que algunas -como Madrid- tienen bonificado al 100 %. Sin embargo, llama la atención sobre el hecho de que, aún siendo muy reducidos, los ingresos autonómicos por patrimonio crecieron en la mayoría de las regiones si se comparan los ejercicios del 2018 y el 2019. Solo cayeron en La Rioja (-50 %), Madrid (-40 %), la Comunidad Valenciana (-5 %), Cantabria (-4 %), Castilla y León (-3,5 %) y Extremadura (-1,7 %). En Galicia subió un 7,9 % (la media del país fue del 3 %), hasta los 85,5 millones de recaudación.

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