Bruselas propone aplazar los recortes en España al 2023 por los estragos de la pandemia
ECONOMÍA
Los países con cuentas más saneadas podrán mantener el apoyo fiscal, pero a los más endeudados se les exigirá contención
03 mar 2021 . Actualizado a las 23:10 h.«Hay que actuar a lo grande. Retirar el apoyo demasiado rápido sería un error político». Es el mensaje que envió esta mañana desde Bruselas el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. El italiano admite que la situación económica sigue siendo muy frágil un año después del estallido de la pandemia, por eso considera que sería conveniente que los Gobiernos no retiraran antes de tiempo los estímulos fiscales. Las consecuencias podrían ser desastrosas: «Es la mejor manera de garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y evitar daños permanentes en la economía», añadió.
La reacción es completamente distinta a la que manifestó la Comisión Europea en la crisis financiera. La institución no solo insta ahora a seguir manteniendo el oxígeno al tejido productivo -para apoyar a empresas, trabajadores y familias-, también propone aplazar hasta el año 2023 la reactivación de la disciplina fiscal, esas normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que prohíben superar ciertos umbrales de deuda (60 % del PIB) y déficit (3 %). Hasta entonces, la Cláusula de Escape General, invocada en el mes de marzo para dar rienda suelta al gasto público, seguirá activa.
El shock económico ha sido de tal magnitud en algunos países como España, donde el PIB se desplomó un 11 % en el 2020, que sería imposible (y perjudicial) trazar una hoja de ajustes para cuadrar las cuentas públicas con las necesidades de inversión y gasto que tiene ahora mismo el Estado para sufragar los ERTE, los ceses de actividad de los autónomos, las prestaciones para familias más vulnerables o los préstamos del ICO para dotar de algo de liquidez a las empresas.
Ahora bien, la tregua no puede alargarse para siempre. La Comisión Europea ha presentado hoy una comunicación para orientar a los países en sus programas fiscales. Y en este documento deja claro que no habrá recortes hasta que el conjunto de la economía de la UE se recupere. Eso significa que, cuando la UE recupere el producto interior bruto (PIB) de antes de la pandemia, se reactivará la disciplina fiscal, atendiendo, eso sí, a la situación de cada Estado. Y es que es posible que países como España o Italia, se vean más golpeados por la crisis que otros vecinos como Alemania o los Países Bajos. «Cómo recalibrar la política fiscal en cada Estado miembro dependerá de la situación de la economía y pandemia», aclaró Gentiloni. El vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, se dirigió a los países más endeudados, como España, con palabras más duras: «Las políticas fiscales tendrán poco a poco que ser más diferenciadas en el 2022. Los países de la UE con riesgos de sostenibilidad bajos, mantendrán medidas de apoyo [...] Los que tengan niveles de deuda más elevados, necesitarán políticas más prudentes, utilizando las subvenciones del fondo de recuperación para financiar las inversiones adicionales», deslizó. La Comisión Europea publicará en el mes de mayo sus recomendaciones a España, con los datos definitivos de impacto del 2020. Según avanzaron esta mañana los comisarios, serán muy escrupulosos con la orientación presupuestaria: nada de gastos corrientes y triviales sino reformas estructurales vinculadas a la mejora del empleo juvenil, la formación, el mercado laboral, las pensiones y el esfuerzo en innovación. Cualquier inversión deberá apoyarse sobre los fondos del Next Generation EU (que tiene reservados 140.000 millones de euros para España, 72.000 de ellos a fondo perdido) y el marco de ayudas públicas temporales (ampliadas y prorrogadas el pasado mes de octubre), que se irá retirando poco a poco. «Tendremos que observar cómo evoluciona y seguirlo de cerca con mucho cuidado, es difícil evaluar ahora qué empresas son viables y cuáles no», admitió Gentiloni. El italiano asume que habrá bajas, no todas las compañías lograrán sobrevivir, aún con fondos del Estado. «Sabemos que los niveles actuales de apoyo fiscal no pueden seguir porque serían una carga para las finanzas públicas a largo plazo así que los Estados tendrán que reorganizar sus presupuestos para alcanzar posiciones fiscales prudentes a medio plazo», deslizó Dombrovskis. El letón tiene la vista puesta en Italia, Grecia, Portugal y España. La deuda de todos ellos supera el 100 % del PIB. En el caso de España, ya se sitúa en el 117, 1 %, pero es que la deuda griega ya superó el 200 %.
Reformular la disciplina fiscal
Todavía está en el aire el futuro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El debate sobre su vigencia o caducidad se lanzó antes de la pandemia, pero los comisarios creen que la crisis acelerará las conversaciones. La discusión es más oportuna que nunca. «No queremos repetir los errores del pasado», admitió Gentiloni, evocando los largos y dolorosos años de austeridad que ralentizaron el crecimiento de las economías del euro más golpeadas por la crisis de deuda. «Hay que generar un consenso en cuanto a las reglas fiscales. Es importantísimo. Siempre han sido controvertidas, desde los 90», aseguró Dombrovskis. Bruselas negociará primero con los Estados, algunos reacios a los cambios, después abrirá consulta pública, así que la reformulación podría llevar mucho tiempo. «Después de una crisis como esta, los motivos para encontrar un consenso son mayores que nunca. Hay que reconciliar el calendario, los cambios y la evolución con las decisiones que tomemos. Lo que hace falta es un denominador común», trató de persuadir Gentiloni.
Prisas
Fuentes de la Comisión Europea manifiestan su preocupación por el ritmo de ratificación del reglamento de recursos propios, el sistema de ingresos de la institución (IVA, derechos de aduanas y tasa a los plásticos) del que se sirve para poder salir a los mercados a financiarse. «Es fundamental. Lo tienen que ratificar todos los Estados miembro para que la Comisión pueda financiar los programas». Sin ese aval, no puede alimentar el Next Generation EU (750.000 millones de euros). Está previsto que España lo haga a finales de este mes de marzo. Pero Bruselas admite que no todos se han puesto las pilas, y eso puede retrasar el desembolso de los fondos. Aunque no se ha reprobado públicamente a nadie, fuentes de la Comisión reconocen que los países Bálticos están «jugando un poco para forzar y poner presión» en las negociaciones del programa de conectividad europeo, que tanto les interesa. No existe además ningún mecanismo sancionador para los países que retrasen la ratificación de un acuerdo ya pactado a nivel político. El aval de los Veintiocho a los últimos presupuestos europeos (2014-2020) llegó 28 meses después del acuerdo. «Ahora no podemos hablar de esos tiempos».
También preocupa el grado de detalle de los planes nacionales, que deberán estar en el buzón de la Comisión antes de que termine el mes de abril. Fuentes del Ejecutivo comunitario alertan de que no todos los países llegarán a tiempo. Los planes del Gobierno español están avanzados y en fase de negociación, pero todavía no han enviado los definitivos. Esperarán a llegar a un punto común de acuerdo sobre reformas como la de las pensiones, la fiscalidad y el mercado laboral. Lo que todavía no ha trascendido es la opinión de Bruselas sobre el mecanismo de gestión de los fondos, criticado por el Consejo de Estado por ser arbitrario y opaco. Bruselas insistió en la necesidad de vigilar de cerca su desembolso, que se hará a tramos en función del progreso y los resultados de los proyectos. ¿Qué pasa si hay incumplimientos? Podrá congelar el envío del dinero a España, hasta un 25 %. Entonces el Gobierno deberá decidir si financia por su cuenta y riesgo el resto del proyecto o lo abandona.