Abre el plazo hasta el 23 de marzo para la adjudicación de parcelas con más margen para avanzar con los trámites
22 feb 2021 . Actualizado a las 17:16 h.Las empresas que quieran comprar suelo público industrial en Galicia pueden presentar sus ofertas desde mañana martes 23 de febrero y hasta el 23 de marzo, período habilitado por la Xunta para negociar la adquisición de 857.000 metros cuadrados en polígonos industriales ya urbanizados y con bonificaciones que se mantienen entre el 30 y el 50 %. A este catálogo de parcelas que maneja el organismo público Xestur se unirá en breve la cartera del Instituto Galego da Vivenda e Solo, de unos 300.000 metros cuadrados.
De momento, la oferta se centra en 280 parcelas disponibles en 17 concellos y se mantienen los criterios de ejercicios anteriores para la aplicación de las rebajas. Así, los precios de venta se reducen en un 50 % en los polígonos de las provincias de Lugo y Ourense; en Ferrolterra; en la Costa da Morte; y en los concellos fronterizos con Portugal en la provincia de Pontevedra, lo que supone unos 400.000 metros de suelo bonificados a mitad de precio. El resto mantienen rebajas del 30 %, aunque el grueso de la oferta con esta bonificación está focalizado en Santiago (A Sionlla), con 243.000 metros cuadrados; y Arteixo (Morás), con 125.000.
La cuantía de las rebajas no se mueve en términos relativos, pero el nuevo concurso incorpora novedades como consecuencia de la pandemia y que buscan una mayor flexibilidad para las empresas que adquieran suelo autonómico. Ahora tendrán más margen para escriturar los suelos comprados —hasta el año pasado el plazo era de un mes—; y los adjudicatarios de suelo en derecho de superficie —la modalidad que permite acceder a parcelas a cambio de un canon anual reducido y una opción de compra— podrán solicitar tres años de carencia en el pago periódico, cuando antes de la crisis sanitaria solo tenían doce meses. Ese canon se prorrateará en las ocho anualidades siguientes.
Lo que no disminuyen son los requisitos para acceder a las bonificaciones en lo que se refiere a compromiso con la creación de riqueza y empleo. Los adjudicatarios deberán construir sus instalaciones y obtener la licencia en el plazo máximo de tres años desde la formalización de la escritura, y estarán obligados a mantener la actividad durante una década.