El control del mercado ha hundido la oferta un 25 % y aumentado el precio un 36 % en Berlín
12 feb 2021 . Actualizado a las 12:58 h.Galpones, almacenes portuarios o naves industriales. Cualquier espacio abandonado o en declive es susceptible de convertirse en residencia en los Países Bajos. Para acabar con el problema de la escasa oferta de alquiler, los altos precios de las viviendas y el fenómeno colateral de la ocupación, el Gobierno holandés ha dado vía libre para recalificar el suelo industrial y hacerlo urbanizable, de tal forma que se pueda poner vivienda digna a disposición de las familias más vulnerables, expatriados, trabajadores temporales y las parejas de jóvenes, esa parte de la población con rentas más bajas. Y lo ha hecho con dos leyes en la mano: la Ley de Ocupación y de Vacantes y la Ley del Alquiler Temporal.
En su conjunto permiten acondicionar estructuras que originalmente no estaban destinadas a la vivienda para dedicarlas al alquiler temporal, una fórmula flexible y más económica que permite al inquilino marcharse en cualquier momento en los primeros dos años del contrato. También libra a los okupas de cualquier acción legal si un edificio o inmueble ha estado vacío durante más de un año.
La experiencia está dando buenos resultados, según los expertos: «La ocupación de viviendas bajó un tercio [...] Se está dando solución a un problema grave», explicó ayer el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, J. C. Cano Montejano, en la presentación del informe «El acceso a la vivienda en España: ¿qué hacer con el problema de la ocupación?».
Replicar en España
En su opinión, este modelo es perfectamente replicable en España: «No sería tan complejo aplicar este tipo de iniciativas y es un momento oportuno porque la ocupación va en aumento. E irá a más con la intervención de los precios del alquiler», sostiene. Los datos sugieren que el fenómeno ha cobrado fuerza, pasando de las 10.376 denuncias en el 2015 a las 14.621 registradas en el 2019.
Fracaso alemán y francés
Ante la acuciante necesidad de ampliar la oferta en alquiler y relajar los precios, en algunos países se optó por intervenir el mercado y establecer límites. Algo que no ha dado los resultados esperados. En Berlín, la disponibilidad de viviendas para arrendar ha caído un 25 % y el precio medio ha aumentado un 36 % desde la entrada en vigor de las medidas, señala el documento. También ha favorecido la aparición de economía sumergida y fraude tributario porque ahora se negocia el «precio real», que se impone de forma irregular, y el «oficial», más bajo.
El Ayuntamiento de París fomentó la intervención hasta el 2017 y recientemente retocó el modelo. El control de los precios hizo que en dos años la oferta de viviendas en alquiler disminuyera un 15 %, endureciendo las condiciones para los inquilinos.