Las ayudas se podrán congelar si un país incumple sus objetivos de reducción de déficit y deuda
10 feb 2021 . Actualizado a las 13:19 h.Luz verde a una de las últimas patas que quedaban para poder echar a rodar el fondo de recuperación europeo Next Generation EU. El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles las reglas del programa Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RFF), que determinan las condiciones y los procedimientos que se les exigirán a los Estados para desembolsar los 672.500 millones de euros que distribuirá en transferencias y préstamos.
El reglamento ha salido adelante con 582 votos a favor, 40 en contra y 69 abstenciones. Ahora debe ser aprobado formalmente por el Consejo de la UE (que representa a los países). Una vez completado este proceso, los gobiernos podrán enviar a la Comisión Europea sus planes completos con las reformas e inversiones que financiarán estas ayudas. A España le corresponden unos 70.000 millones en transferencias no reembolsables y un adelanto del 13 % para ir inyectando los fondos en el 2021.
Bruselas ya lleva trabajando varios meses con las capitales para diseñar esos planes, aunque el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, admite que queda «mucho trabajo por delante». El letón asegura que los 18 países que tiene unos borradores «más avanzados» tienen que seguir trabajando en los detalles. Estos planes deben contener un «equilibrio adecuado» entre reformas e inversiones, señaló hoy ante los eurodiputados. El RRF, cuyo reglamento acaba de ser aprobado, financiará medidas puestas en marcha desde febrero del 2020 y hasta agosto del 2026. El 70 % de los fondos serán desembolsados entre este año y el 2021.
Finalmente serán seis los pilares en los que estará centrado el RRF, aunque cobran especial relevancia el ecológico y el digital. Las estrategias nacionales tendrán que reservar un 37 % y un 20 % de las ayudas a estos dos objetivos, respectivamente. Además, deberán impulsar el crecimiento económico, apoyar la cohesión social y territorial o mejorar el funcionamiento institucional.
Proceso de aprobación
Bruselas dispondrá de un plazo de dos meses para evaluar los planes remitidos por cada gobierno. En esta tarea tendrá que valorar si las estrategias se adecúan a los objetivos establecidos, si recogen el equilibrio exigido entre inversiones y reformas o si contribuye a impulsar las transiciones ecológica y digital, entre otras cuestiones.
Otra de las condiciones para acceder a estos fondos es que los planes nacionales aborden «todas o un conjunto significativo» de las recomendaciones económicas que la Comisión Europea ha hecho a cada uno de los países en sus evaluaciones macroeconómicas anuales.
Obligaciones de España
En el caso de España, obliga a acometer reformas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones o retocar la legislación laboral para facilitar la contratación indefinida. Otras recomendaciones que las autoridades europeas han dirigido a España pasan por mejorar el apoyo a las familias, adoptar inversiones para fomentar la innovación, la eficiencia energética, mejorar las infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías, aumentar el apoyo a la I+D y avanzar en la ley de unidad de mercado.
El análisis que haga el Ejecutivo comunitario de cada plan nacional pasará entonces a las manos del resto de socios, que tendrá que determinar si da su visto bueno o exige algunos cambios antes de aprobarlo. Una vez obtenida la luz verde del resto de los Estados miembros, la UE podrá desembolsar a un anticipo equivalente al 13 % de la ayuda total, que en el caso de España ascendería a unos 10.000 millones.
Dos desembolsos al año
A partir de este punto, los países sólo recibirán las ayudas comprometidas a medida que vayan completando una serie de hitos y objetivos establecidos previamente en los planes de recuperación que hayan sido aprobados.
Para ello, Bruselas evaluará las solicitudes que envíen los gobiernos dos veces al año y los fondos serán desbloqueados si la Comisión comprueba que se han logrado las metas fijadas. Por el contrario, si el Ejecutivo comunitario concluye que el país no ha logrado superar los hitos y objetivos establecidos «satisfactoriamente», puede suspender todo o parte del desebombolso.
Congelación de las ayudas
El reglamento también prevé que se congelen las ayudas de este fondo si un país incumple sus objetivos de reducción de déficit y deuda públicas. Sin embargo, esto sólo podrá suceder cuando las reglas fiscales europeas, ahora suspendidas por la pandemia, vuelvan a aplicarse. Además, la suspensión sólo afectará al 25% de los fondos comprometidos o a un montante de hasta el 25% del PIB del país afectado.
No obstante, no podrá efectuarse ningún pago hasta que los 27 parlamentos nacionales hayan aprobado la Decisión de Recursos Propios de la UE, que es la normativa que permite a la Comisión Europea captar fondos en los mercados de deuda. A día de hoy, sólo seis países han completado este procedimiento (Croacia, Chipre, Eslovenia, Portugal, Francia y Bulgaria).