El Gobierno destinará 50 millones de los fondos de la UE a probar la jornada laboral de cuatro días

Las empresas que quieran probar esta fórmula podrán optar a ayudas para su implantación


Redacción / La Voz

La semana laboral de cuatro días empieza a hacerse un hueco en España. El Gobierno llegó ayer a un acuerdo con la formación de Íñigo Errejón para lanzar un proyecto piloto en España con el que se tratará de probar qué resultados se obtienen con esta fórmula de trabajo.

Poco se conoce de la letra pequeña de este proyecto, ya que ambas partes se han emplazado a mantener un encuentro en las próximas semanas con el fin de trazar las líneas generales. Lo que sí se sabe es que el plan estará dotado con 50 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que se desarrollará a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Las ayudas irán dirigidas «a aquellas empresas que quieran en el marco del diálogo social, aumentar su productividad, disminuir su impacto ambiental y mejorar la salud de sus empleados reduciendo la jornada laboral de sus trabajadores y trabajadoras», tal y como explicó ayer Íñigo Errejón. El acuerdo ha sido la moneda de cambio utilizada por los de Más País para ofrecer su apoyo al decreto que regula los fondos europeos, que finalmente ha logrado el sí del Congreso gracias a la abstención de Vox y el apoyo de PNV y Bildu.

Desde la Asociación 4Suma, una de las principales defensoras de la semana laboral de cuatro días, celebraron ayer la decisión del Ejecutivo. «Lo más relevante de este anuncio es que pone sobre la mesa que la jornada de cuatro días nunca fue una locura», defendió María Álvarez, empresaria e impulsora de 4Suma. Tal y como añadió Álvarez, esta medida está en la agenda de muchos gobiernos de Europa: «Necesitamos grandes ideas, ideas que nos saquen de la crisis económica y sanitaria. A grandes males grandes soluciones», resumió.

Otro punto de desencuentro

La jornada laboral de cuatro días se ha convertido en otro punto de desencuentro entre los socios de Gobierno. Pablo Iglesias anunciaba el pasado mes de diciembre a bombo y platillo que el Ministerio de Trabajo se encontraba ya inmerso en el estudio de su posible implantación, unas palabras que Yolanda Díaz enfriaba unas horas después al asegurar que sería una medida que habría que debatir en la mesa de diálogo social. Pero fue José Luis Escrivá el que más crítico se mostró al asegurar pocas horas después que en España no hay «margen» para su implantación

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