El Supremo determina que las entidades deben asumir todos los gastos de préstamos firmados antes de junio del 2019
28 ene 2021 . Actualizado a las 20:18 h.El Tribunal Supremo ha abierto la puerta a que los hipotecados pidan a sus bancos la devolución de los gastos que pagaron cuando firmaron los créditos para adquirir su vivienda. El Alto Tribunal ha aclarado que es al banco al que corresponde el abono de la última de esas facturas hipotecarias sobre la que tenía que pronunciarse: la de la tasación del inmueble. Y ha determinado que, también en este caso, es la corporación la que debe abonar ese importe, siempre que se trate de un préstamo firmado antes de la reforma de la ley en junio del 2019.
De esta forma, quedan resueltas todas las cuestiones relativas a la posible nulidad de las cláusulas que habían impuesto las entidades a los hipotecados durante años a la hora de firmar las escrituras. Junto al gasto de tasación, el resto de sentencias previas determinaba que el banco debe abonar los de gestoría, registro y la mitad del importe de lo que cueste la notaría. Con toda esta doctrina sobre la mesa, los clientes tienen derecho a la restitución de todos los gastos pagados en esos conceptos.
Las asociaciones de consumidores calculan que hay entre siete y ocho millones de hipotecas a las que les correspondería ese abono de los gastos iniciales. La cuantía, en cada caso, depende del propio importe del crédito. Aunque, de media, supuso un desembolso de entre 1.000 y 2.000 euros.
Hasta 16.000 millones
En el mejor de los casos, si todos los usuarios reclamasen ese dinero, las entidades tendrían que desembolsar unos 7.000 millones; cantidad que podría alcanzar hasta los 16.000 millones en un caso extremo. Eso sí, siempre que el banco acepte reintegrar esas cuantías a sus clientes, algo que, a priori, no es lo habitual.
La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, ha celebrado que este órgano judicial haya zanjado «por fin» el reparto de gastos y, esta vez, a favor de los consumidores. De hecho, desde la asociación han querido hacer un llamamiento para que las entidades financieras devuelvan estos importes a sus clientes sin tener que acudir a tribunales. Porque si la sucursal se niega a devolver este dinero, el camino vuelve a ser tortuoso. El siguiente paso sería dirigirse al Servicio de Reclamaciones del Banco de España, donde analizarán el caso.
Pero su decisión, sea favorable o contraria al consumidor, no es vinculante para la entidad financiera. Aunque cada vez más bancos se avienen a aceptar el criterio del supervisor en este tipo de materias bancarias.
La última opción pasa por acudir a los tribunales con el consiguiente gasto que ello supone para una transacción que, en muchos casos, apenas supera los 1.000 euros. De hecho, para el caso concreto analizado por el Supremo, Asufin recuerda que el cliente «ha tenido que esperar siete años para recuperar 1.335 euros más intereses». Tal y como ocurrió con otros conflictos, como el de las cláusulas suelo hipotecarias, las acciones colectivas pueden ser determinantes para lograr un respaldo de los tribunales, aunque los procesos suelen prolongarse mucho tiempo.