Si prospera la operación sobre el 23 % del capital, se convertirá como mínimo en segundo mayor accionista
28 ene 2021 . Actualizado a las 05:00 h.La gestora de fondos de pensiones de Australia IFM, que quiere entrar en el baile de accionistas de la eléctrica española Naturgy, tiene previsto presentar la opa por el 23 % del capital de la compañía, y toda la documentación que lleva aparejada, en un plazo de quince días. Así lo avanza en el comunicado remitido el martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que da cuenta de su decisión. IFM está dispuesta a pagar 5.000 millones por hacerse un hueco importante en la empresa española. Si consigue su objetivo de adquirir el 23 % del capital se colocaría como mínimo como segundo mayor accionista, a expensas de lo que decida hacer el primero: Criteria (CaixaBank), con el 24,8 %.
Los otros dos fondos que mandan en Naturgy -Rioja, con el 20,7 %, y GIP, con el 20,6 %- no van a vender, pues así lo han pactado con IFM. Eso y que tampoco se opondrán a la operación.
Aparte de a Criteria, el fondo australiano tendrá que tentar a inversores institucionales (que controlan el 21,7 %), a la argelina Sonatrach (con el 4,1 %) y a minoristas (que suman el 8 % de las acciones).
IFM también ha acordado con GIP y Rioja (conformada esta por CVC y Corporación Alba, de la familia March) que, cuando llegue el momento, apoyarán «acuerdos en la junta general de accionistas de Naturgy para que, lo antes posible después de la oferta, la composición del consejo de administración de Naturgy refleje una representación proporcional al capital social». En la actualidad, ese órgano de dirección está compuesto por once personas más el presidente ejecutivo de la compañía, Francisco Reynés. De esas once, dos consejeros representan a Criteria, otros dos a GIP y dos más a Rioja. Los otros son independientes.
El Consejo de Ministros tendrá la última palabra sobre la opa, pues este intento de control supera el 10 % del capital y Naturgy es una empresa estratégica y cotizada. Condiciones suficientes para activar el decreto de blindaje contra los inversores extranjeros.