El Gobierno podrá vetar la irrupción de un tercer fondo foráneo en Naturgy

F. Fernández LA VOZ

ECONOMÍA

Francisco Reynés, presidente de Naturgy
Francisco Reynés, presidente de Naturgy NATURGY

El australiano IFM lanzará una opa para hacerse con el 23 % de la eléctrica

27 ene 2021 . Actualizado a las 08:39 h.

La gestora de fondos y pensiones australiana IFM, a través de la sociedad luxemburguesa Global InfraCo, sorprendía al mercado este martes de buena mañana anunciando que preparaba una oferta pública de adquisición (opa) voluntaria para hacerse con el 23 % del capital del grupo energético español Naturgy. Y que, para garantizarse el éxito de la operación, estaba dispuesta a pagar a tocateja 5.000 millones por 220 millones de acciones, a razón de 23 euros cada una, esto es, casi un 20 % más que el precio al que cotizaban el lunes. Sin embargo, el interés de IFM hizo subir los títulos como la espuma, hasta superar los 22 euros.

El candidato australiano informaba también de que había alcanzado una especie de acuerdo con los dos fondos que controlan el 41,36 % de Naturgy (GIP y Rioja), de modo que estos no se opondrán a la opa, aunque tampoco le venderán sus acciones. Es decir, para alcanzar su objetivo del 23 %, IFM tendría que tentar al accionista principal, Criteria (CaixaBank), que controla el 24,8 % de la eléctrica. O eso, o convencer a los inversores institucionales (fondos con participaciones más pequeñas), a los minoristas o a la argelina Sonatrach. En caso de éxito, los tres fondos manejarían casi el 70 % de Naturgy.

Criteria no se ha pronunciado aún.

Blindaje a las estratégicas

Sí lo ha hecho el Gobierno. Y es que el Ejecutivo podría vetar la entrada en una empresa estratégica como es Naturgy —principal actor del negocio del gas y tercero del mercado de electricidad— de un fondo extranjero. Fuentes del Ministerio de Industria explicaron que el Consejo de Ministros tendrá la última palabra y que el plazo máximo para completar la operación será de seis meses.

El Gobierno aprobó en marzo del 2020 un real decreto ley para proteger las empresas españolas que operan en sectores estratégicos —el energético lo es— de los intentos de toma de control por parte de inversores que no sean españoles. Necesitan el visto bueno del Ejecutivo para comprar más de un 10 % del capital de una cotizada.

Preguntada por los periodistas, al término del Consejo de Ministros de este martes, la ministra portavoz, María Jesús Montero, no quiso pronunciarse sobre la idoneidad o no de la operación, sobre todo porque IFM aún no ha presentado solicitud alguna al respecto. Lo tendrá que hacer, entre otros, ante la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Industria. Lo hará «tan pronto como sea posible y en colaboración con dicha autoridad», explica el fondo en su comunicación de quince páginas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este supervisor también deberá dar el visto bueno a la operación, así como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Fuera de España, IFM avanza que también precisará permiso de la Comisión Federal de Competencia Económica de México (COFECE), «dado que la operación alcanza los umbrales aplicables en materia de control de concentraciones». Naturgy opera en ese país norteamericano.

Acuerdo con los fondos

El aspirante a entrar por la puerta grande en el accionariado de la compañía presidida por Francisco Reynés aclara que el acuerdo con GIP y Rioja (conformado por el fondo CVC, que fue dueño de la cablera gallega R, y la familia March a través de Corporación Alba) se limita a que no acepten la compra de sus acciones y a facilitar la reorganización del consejo de administración para hacerle sitio a IFM.

Naturgy, por su parte, envió un comunicado a la CNMV poco después de que se conociese la opa para explicar que desconocía la operación, que esta no había sido solicitada, que había contratado los servicios de Citi y Freshfields para asesorarse y que el consejo de administración se pronunciará más adelante.