El Gobierno inyectará el grueso de las ayudas europeas sin reparto regional
ECONOMÍA
El Ejecutivo central podría cambiar las condiciones iniciales de los planes
24 ene 2021 . Actualizado a las 05:00 h.«El reparto de fondos se fija a través de las políticas palanca y no por territorios». El mensaje lo lanzó el pasado jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a los responsables autonómicos en la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Habían quedado para pasar revista al borrador de funcionamiento del órgano y acabó la cita en bronca. Primero por la intención de Montero de reservarse la capacidad de vetar cualquier decisión y por el malestar de las comunidades al sentirse excluidas del diseño de los criterios de reparto y la cogobernanza de unos planes donde su presencia aún es testimonial.
Algunos debieron de encender el monitor pensado que habría otra ronda de pelea por las ayudas europeas, pero Montero dejó claro a las regiones que no va a haber reparto territorial de ese dinero (unos 59.000 millones de euros que inyectarán desde el Ejecutivo central): «No es política de cohesión y no hay reparto previo», aclaró el ministerio. Solo los fondos de su hermano pequeño, el React-EU (10.000 millones) tienen remitente. A Galicia irán 441 millones de euros (el 4,4 %). Una cuantía que le corresponde en base a unos principios de reparto que la Xunta impugna: «Creemos que atienden a criterios que han pedido en otras comunidades y a nosotros nos penalizan», explican. No se tuvieron en cuenta factores como la demografía o dispersión geográfica atendiendo al censo, en lugar del número de ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. El Ejecutivo gallego calcula que, de aplicarse criterios europeos, les corresponderían entre 100 y 220 millones de euros más de los que se les ha asignado en el marco del React-EU.
Cambios sobre la marcha
El oscurantismo a la hora de explicar cómo el Gobierno perfiló los criterios ha llevado a algunas comunidades a acusar al Ejecutivo de Sánchez de hacer un uso político del fondo y de atender las peticiones de unas regiones en detrimento de otras.
No ayuda mucho que el grueso de las ayudas se canalicen a través de las «llamadas de interés» de los ministerios. A ellas podrán acceder las empresas que quieran, sin tener que presentar el pasaporte de ninguna comunidad. Claro que, para poder ser elegidas deberán cumplir con unas condiciones que nadie sabe explicar cómo se han definido.
Fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo explican que los requisitos iniciales de los planes para desembolsar las líneas de apoyo financiero podrían variar en función de lo que se encuentren tras el cierre de la primera llamada de interés, a la que han acudido ya 750 empresas, también gallegas, de los sectores agroalimentario, automoción, turismo, economía circular, industria electrointensiva, papel, naval, fabricación de equipos electrónicos, aeronáutica y sector minorista. En esta ocasión se pedía, entre otros criterios, que los proyectos tuvieran un impacto directo en dos o más comunidades y que la participación de pymes ascendiera al 40%. En función de las respuestas que obtengan, podrían ajustar la lista de requisitos.
Solo el 0,6 % de las ayudas a España tendrán como destino fijo Galicia
El Fondo «Next Generation EU» se diseñó con una dotación inicial de 750.000 millones. Al menos 140.000 serán para España y la cifra podría ascender a 150.000. De ellos, 71.400 llegarán en forma de subvenciones directas que se canalizarán a través del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (59.000 millones) y del «React-EU (12.400 millones). De toda esa telaraña, Galicia solo tendrá acceso directo a los 441 millones que le corresponden de la segunda y más pequeña pata del «Next Generation EU». Solo el 0,6 % de los 71.400 iniciales que recibirá a fondo perdido España tendrá como destino fijo Galicia. A menos que las protestas hagan cambiar de parecer al Gobierno central.
Comunidades autónomas arrinconadas y discriminadas
Más allá de los tintes políticos, la rebelión de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (Galicia, Murcia, Andalucía, Madrid y Castilla y León) se apoya sobre la supuesta «falta de transparencia» del Gobierno a la hora de fijar los criterios que se diseñaron sin consultar previamente a los Ejecutivos regionales. Por eso esta semana tacharon su actitud de «sectaria y poco democrática».
Más allá del estrecho margen de maniobra para asegurarse la gestión de las ayudas, las comunidades reprochan al Gobierno la unilateralidad a la hora de fijar criterios y condiciones. Y no son las únicas.
El Comité de las Regiones (CdR) denunció esta semana en un informe que los Ejecutivos las estaban arrinconando y discriminando, tanto en los trabajos para perfilar los planes -que deberán entregar a Bruselas antes del 30 de abril- como en la cogobernanza de los mismos: «En el ciclo actual de preparación, el grado en el que son involucradas parece ser incluso menor que en los años previos», sostiene el organismo antes de señalar particularmente a la gobernanza. No hay coordinación, validación, calendarios, etcétera.
Directrices ambiguas
Cierto es que las instituciones europeas también han sido muy ambiguas. En el caso de la Comisión Europea, al tiempo que le pedía a los países como España que contasen con la participación de los Gobiernos regionales y municipales, también les instaba a destinar el dinero con criterios enfocados en el proyecto, no en su ubicación (eficiencia, capacidad tractora, potencial de crecimiento), que suelen beneficiar más a las comunidades con un tejido industrial más potente. La cuestión territorial tiene difícil encaje en el fondo de recuperación.
La situación, según el CdR, es grave porque «solo una minoría de países han consultado a sus autoridades locales y regionales para la preparación [de los planes] y que una parte más pequeña han incorporado sus aportaciones».
