La patronal advierte que subir el salario mínimo a 1.000 euros destruiría hasta 135.000 empleos

El SMI empezará el año congelado por la falta de acuerdo entre los agentes sociales y las discrepancias dentro del Gobierno


Redacción / La Voz

Si nada cambia en el último momento —y nada apunta en esa dirección—, el salario mínimo interprofesional (SMI) empezará el año que viene como el termómetro, congelado. Aunque mantiene abiertos los canales de diálogo con sindicatos y patronal, el Gobierno no ha convocado oficialmente a los agentes sociales a una nueva reunión para buscar un acuerdo sobre este sueldo de referencia para los trabajadores más precarios, que marca la nómina de más de un millón y medio de asalariados y que en la actualidad está fijado en 950 euros al mes (más dos pagas extras del mismo importe).

Sin ese pacto tripartito, se da casi por descartado que el Consejo de Ministros de hoy, el último del 2020, vaya a descolgarse con una decisión unilateral sobre el SMI, por lo que cualquier cambio se aplazaría ya al 2021. Y ahí se abren dos escenarios. El primero, que el anuncio se haga en los primeros días de enero para aplicar la subida con efecto retroactivo desde principios de año. Es la fórmula que se empleó en este ejercicio, y permitiría al presidente del Gobierno manejar los tiempos para capitalizar el rédito político de la medida y evitar que sea de nuevo el ala morada del Gabinete la que se cuelgue la medalla de los avances sociales, como ocurrió con las últimas decisiones sobre desahucios y garantías de suministros básicos.

Pero hay quien dentro del Ejecutivo apuesta por pisar más el freno y aplazar cualquier subida hasta que la situación sanitaria y económica se encauce definitivamente y se empiece a ver la luz al final del túnel que ha encendido la vacuna. Es la postura que ha defendido en los últimos días la ministra de Economía, Nadia Calviño, partidaria de no aumentar los costes salariales para no entorpecer la recuperación.

Y es que las discrepancias dentro del Gobierno son tanto o más intensas que las que mantienen sindicatos y patronal, con Calviño confrontando públicamente los argumentos de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, partidaria de subir el salario mínimo aunque sea solo un 0,9 %, en línea con el incremento anunciado para los pensionistas y los empleados públicos y con la inflación prevista para el próximo año. Díaz apuntó que sería «preocupante» que las empresas españolas no puedan asumir un alza salarial de apenas nueve euros al mes por empleado (lejos de los 50 adicionales que piden UGT y CC.OO. para dejar el SMI en la cifra simbólica de 1.000 euros).

Impacto en hostelería y comercio

En medio de ese debate, y con los sindicatos amenazando con movilizaciones en febrero si el diálogo social no se desbloquea antes, Cepyme, la patronal de las pequeñas y medianas empresas, publicó ayer un estudio, elaborado en colaboración con Randstad Research, en el que alerta de que incrementar el salario mínimo hasta los 1.000 euros en 14 pagas, como proponen UGT y CC.OO., provocaría la pérdida de entre 85.000 y 135.000 puestos de trabajo en los dos próximos años. Incluyen en esta cifra tanto los empleos que a su juicio se destruirían como los que se dejarían de crear por el alza de los costes laborales.

Asegura el informe que más de la mitad de la destrucción de empleo, un 52 %, se concentraría en los sectores de la hostelería y el comercio, de los más castigados por la pandemia. «Hay que recordar que esta subida del SMI se plantea en un momento muy complicado para la economía española y en una situación extremadamente crítica para muchas empresas, especialmente pymes. El 2020 puede cerrar con una pérdida de más de un millón de empleos, entre la caída de la afiliación y los empleos que aún están en ERTE», expuso ayer la patronal de las pymes en un comunicado.

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