El Gobierno pretende acabar con las jubilaciones forzosas en las empresas

En la reforma de las pensiones busca impedir que los convenios las impongan


MADRID / LA VOZ

Con el objetivo de asegurar la sostenibilidad futura de las pensiones, además de su suficiencia, el Gobierno ha puesto sobre la mesa del diálogo social abierto con patronal y sindicatos para reformar el sistema público diversas medidas con las que «favorecer la prolongación de la vida laboral». Entre ellas está la de acabar con las jubilaciones forzosas en las empresas, algo que pretende hacer impidiendo que los convenios colectivos contengan, como hasta ahora, cláusula alguna que obligue a los trabajadores a jubilarse una vez cumplida la edad legal para ello.

Así lo recoge el borrador de medidas de reforma del sistema de pensiones sobre el que trabaja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, según avanzó el diario Expansión. Desde el departamento que dirige José Luis Escrivá, confirmaron que, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, recientemente aprobadas por el Congreso, en las reuniones con los agentes sociales se estaban abordando «diversas medidas» para acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal. En este 2020 la primera está en 64,6 años y la segunda en 65,8, mientras que en el 2027 se situará en 67 años.

Aunque el Estatuto de los Trabajadores establecía inicialmente que las empresas podían incluir en el convenio colectivo una edad de jubilación anticipada y que el retiro no podría demorase más allá de los 69 años, el Tribunal Constitucional falló en contra de esta última imposición, aunque no de que las empresas establecieran una edad de jubilación. Esta opción salió y entró de la normativa laboral en sus sucesivas reformas, pero ahora Escrivá quiere desterrarla definitivamente, prohibiendo que los convenios incluyan esta cláusula.

Penalizar el retiro anticipado

En la reforma, el ministro también quiere penalizar la jubilación anticipada -aumentando los coeficientes reductores por edad-, así como aumentar el control y la condicionalidad para acceder al retiro parcial o compatibilizar el cobro de la pensión con la actividad laboral. Y es que una forma de mejorar la salud financiera del sistema público de pensiones es retrasar la incorporación de nuevos jubilados: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que cada año que aumente la edad efectiva de jubilación supone un ahorro de hasta 1,2 puntos del PIB.

Desde el ministerio indican que todas las propuestas están «todavía en proceso de diálogo». De hecho, en la tarde de ayer se celebró una nueva reunión a tres bandas -que aún continuaba al cierre de esta edición- y en la que, sin embargo, según las fuentes consultadas, no estaba sobre la mesa la prolongación a 35 años del período de cotizaciones sobre el que calcular la pensión, pese a la polvareda política y sindical generada desde que trascendió que formaba parte del documento sobre la reforma del sistema de público de pensiones que el Ejecutivo enviará a Bruselas.

La víspera, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, admitió que ampliar dicho período de cálculo era una de las posibilidades. «Tenemos que explorar todas las alternativas», indicó. Dado que el ministerio estima que tal cambio supondría una rebaja media del 5,45 % en las nuevas pensiones -el mismo porcentaje medio que supuso la prolongación de 15 a 25 años acordada en la anterior reforma, que se completará en el 2022-, Calviño avanzó que se podrían excluir del cómputo los años con peores cotizaciones.

Los expertos, sin embargo, se muestran muy críticos con esa opción. Ayer mismo, el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social del Instituto Santa Lucía, en su última edición del barómetro de pensiones analizaba las recomendaciones del Pacto de Toledo y, en lo que respecta al refuerzo para mejorar la contributividad del sistema, «entendido como la existencia de una relación equilibrada entre el importe de la prestación y el esfuerzo de cotización previamente realizado por cada trabajador», aseguraba que escoger los mejores años de cotización o descartar algún período (recomendaciones 5 y 11, en línea con lo que pretende el Gobierno) es «contradictorio» con el objetivo de tal contributividad.

Defienden, por ello, usar toda la vida laboral en el cómputo, para «evitar agravios comparativos entre quienes han tenido una vida laboral irregular (que obtendrían mejor prestación) y quienes no».

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