La anulación del ERE de Alcoa blinda la fábrica de aluminio gallega «sine die»
ECONOMÍA
La sentencia obliga a la empresa a mantener intactos actividad y empleo
19 dic 2020 . Actualizado a las 05:00 h.La sentencia de la sala de lo social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula el despido colectivo que Alcoa pretendía aplicar a 524 trabajadores de la fábrica de aluminio primario de San Cibrao (Cervo) -que implicaba la reducción paulatina de la producción hasta su extinción en el primer trimestre del 2021- blinda no solo el empleo, sino también la actividad. Pues el fallo impide tanto los despidos como el apagado de cubas de electrolisis, en las que se elabora el metal, ya que el TSXG mantiene las medidas cautelares dictadas en ese sentido con anterioridad. La multinacional estadounidense tiene así las manos atadas sine die, al menos hasta que otro tribunal dicte una sentencia que diga lo contrario. Ese otro tribunal solo puede ser el Supremo. La compañía dispone de cinco días desde la emisión del fallo para anunciar la interposición de un recurso de casación -extremo que aún está sopesando- y de diez días más para formalizarlo.
Pedro Blanco, abogado laboralista de UGT, sindicato que, junto a CC.OO. y CIG, presentó la demanda de nulidad del despido colectivo, considera que la sentencia del TSXG «no es fácil de recurrir» por la cantidad de hechos probados que aportan los jueces para sostenerla y que demuestran mala fe en las negociaciones del ERE. En todo caso, si Alcoa finalmente recurre el fallo ante el Supremo, la resolución del conflicto laboral podría demorarse hasta el próximo verano «en el mejor de los casos», calcula Blanco. El blindaje de la fábrica de aluminio, tanto del empleo como de la actividad, se extenderá como mínimo hasta entonces. La multinacional se enfrenta así a un río de pérdidas millonarias, pues, como resaltaron sus abogados durante el juicio por el ERE, «los precios de venta del aluminio son inferiores a los de producción, es insostenible», y calculaban que la planta perdía un millón a la semana. Los letrados estimaron incluso que una sentencia firme podría tardar en producirse 18 meses, y que durante ese tiempo se acumularía un roto de 86 millones de euros, que amenazaron con reclamar a los sindicatos que emprendieron la batalla judicial.
Ese aparente callejón sin salida en el que se encuentra Alcoa es al mismo tiempo la gran esperanza de Xunta, Ministerio de Industria y trabajadores para forzar una negociación que desemboque en la venta voluntaria de la fábrica de aluminio. Bien a la SEPI, como intermediaria, bien directamente a Liberty, el grupo británico que sigue esperando su oportunidad.
Los Gobiernos central y autonómicos ya han tenido una primera toma de contacto tras conocer el fallo del TSXG. El siguiente paso será convocar una reunión con los sindicatos y la empresa para intentar retomar la senda de la negociación.
La compañía estadounidense emitió el jueves por la noche un comunicado en Estados Unidos en el que anunciaba que paralizaba los despidos obligada por la sentencia, y que estudiaba los siguientes pasos que iba a dar. Recordaba a sus inversores que los trabajadores de la fábrica estaban en huelga desde hacía dos meses y reprochaba que la sentencia no resolviese ese conflicto. Según la empresa, ese bloqueo de la actividad, que afecta tanto a la planta de aluminio como a la vecina de alúmina, tendrá un impacto negativo en las cuentas del último trimestre que cifra en 10 millones de dólares (ocho millones de euros).
El comunicado de Alcoa finaliza defendiendo su buena fe en las negociaciones del ERE en España de acuerdo a la ley, e insistiendo en que la reestructuración sigue siendo necesaria pues persisten «problemas estructurales permanentes».
El ministerio, de perfil
Víctor Ledo, secretario de Industria de CC.OO. en Galicia, instó al Ministerio de Industria a tomar las riendas del conflicto y a implicarse más en profundidad para obligar a Alcoa a retomar las negociaciones. Ledo realizó estas críticas al hilo de las declaraciones del secretario general de Industria, Raúl Blanco, en las que destacó el liderazgo del ministerio, en alianza con la Xunta, para encauzar una solución. El responsable de Comisiones subrayó, en cambio, que trabajadores, sindicatos e incluso la Xunta se implicaron más que el propio ministerio.
Conde: «A única solución é atopar unha saída industrial dende o acordo»
El conselleiro de Economía, Francisco Conde, mantuvo este viernes un primer contacto telefónico con responsables del Ministerio de Industria para celebrar la sentencia que anula el ERE. Ambas Administraciones participaron en la demanda como partes interesadas, algo que Alcoa trató de tumbar sin éxito.
Conde espera que ahora sea el secretario general de Industria el que convoque la mesa de seguimiento, en la que están representados también los sindicatos y la multinacional, y que se creó hace unos meses para encauzar el despido colectivo hacia un proceso de venta. Porque, tras el fallo, «estamos nunha nova fase dun conflito innecesario, na que esperamos que Alcoa volva á situación inicial e haxa, por tanto, unha negociación sobre como podemos garantir o desenvolvemento industrial, e polo tanto do emprego», manifestó el también vicepresidente económico de la Xunta. Conde añadió que confiaba en que el grupo estadounidense «poña a disposición das Administracións a posibilidade de vender a planta, e se consume unha solución industrial», la única alternativa que hay al conflicto. «O que prefire a Xunta é que esa solución veña dende o acordo, dende unha solución compartida con Alcoa», subrayó Conde.
El conselleiro de Industria se mostró partidario de intervenir (expropiar) la fábrica de aluminio para preservar un sector estratégico, aunque reconoció que «é a peor opción». El Gobierno central no es partidario de acometer soluciones tan drásticas por los pleitos posteriores y la indemnización a Alcoa.
