La anulación del ERE de Alcoa blinda la fábrica de aluminio gallega «sine die»

f. fernández REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

Carlos Castro

La sentencia obliga a la empresa a mantener intactos actividad y empleo

19 dic 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

La sentencia de la sala de lo social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula el despido colectivo que Alcoa pretendía aplicar a 524 trabajadores de la fábrica de aluminio primario de San Cibrao (Cervo) -que implicaba la reducción paulatina de la producción hasta su extinción en el primer trimestre del 2021- blinda no solo el empleo, sino también la actividad. Pues el fallo impide tanto los despidos como el apagado de cubas de electrolisis, en las que se elabora el metal, ya que el TSXG mantiene las medidas cautelares dictadas en ese sentido con anterioridad. La multinacional estadounidense tiene así las manos atadas sine die, al menos hasta que otro tribunal dicte una sentencia que diga lo contrario. Ese otro tribunal solo puede ser el Supremo. La compañía dispone de cinco días desde la emisión del fallo para anunciar la interposición de un recurso de casación -extremo que aún está sopesando- y de diez días más para formalizarlo.

Pedro Blanco, abogado laboralista de UGT, sindicato que, junto a CC.OO. y CIG, presentó la demanda de nulidad del despido colectivo, considera que la sentencia del TSXG «no es fácil de recurrir» por la cantidad de hechos probados que aportan los jueces para sostenerla y que demuestran mala fe en las negociaciones del ERE. En todo caso, si Alcoa finalmente recurre el fallo ante el Supremo, la resolución del conflicto laboral podría demorarse hasta el próximo verano «en el mejor de los casos», calcula Blanco. El blindaje de la fábrica de aluminio, tanto del empleo como de la actividad, se extenderá como mínimo hasta entonces. La multinacional se enfrenta así a un río de pérdidas millonarias, pues, como resaltaron sus abogados durante el juicio por el ERE, «los precios de venta del aluminio son inferiores a los de producción, es insostenible», y calculaban que la planta perdía un millón a la semana. Los letrados estimaron incluso que una sentencia firme podría tardar en producirse 18 meses, y que durante ese tiempo se acumularía un roto de 86 millones de euros, que amenazaron con reclamar a los sindicatos que emprendieron la batalla judicial.

Ese aparente callejón sin salida en el que se encuentra Alcoa es al mismo tiempo la gran esperanza de Xunta, Ministerio de Industria y trabajadores para forzar una negociación que desemboque en la venta voluntaria de la fábrica de aluminio. Bien a la SEPI, como intermediaria, bien directamente a Liberty, el grupo británico que sigue esperando su oportunidad.