El estatuto eléctrico garantiza medio euro de rebaja en la luz a la industria gallega

El mecanismo beneficiará a 31 empresas de la comunidad, el 5 % del total

Trabajadores de Alcoa se calientan mientras hacen guardia en el exterior de la fábrica, que está en huelga desde hace dos meses
Trabajadores de Alcoa se calientan mientras hacen guardia en el exterior de la fábrica, que está en huelga desde hace dos meses

redacción / la voz

Medio euro menos por megavatio hora. Es la rebaja en el precio eléctrico que le garantiza a las grandes industrias electrointensivas el estatuto aprobado el martes por el Consejo de Ministros. Es el ahorro estimado por el propio Ministerio de Industria para las compañías que tienen contratada la tarifa de acceso 6.4. A ella están suscritas las plantas del país más dependientes de la electricidad, como las gallegas de Alcoa, Ferroatlántica o Megasa. El cálculo coincide con el realizado por la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE). Su director general, Fernando Soto, valora que «el impacto [del estatuto] es mínimo» e «insuficiente», y que el sector necesita «más perchas» para abaratar la electricidad y competir de verdad con el resto de industrias europeas. Porque con 0,54 euros apenas se enfría la diferencia de precios entre España (45 euros el megavatio hora), Francia (21) y Alemania (20), según datos de AEGE.

La principal medida del estatuto es la exención de hasta el 85 % de los cargos de la factura de la luz que se destinan a financiar las primas a las renovables, las plantas de cogeneración y los sistemas eléctricos insulares. Suman 92 millones de euros que asumirán los Presupuestos Generales del Estado. Podrán acceder a este mecanismo 600 consumidores y el ministerio estima que la rebaja media será de 2,25 euros por megavatio hora. Aunque el ahorro para los grandes consumidores, que están concentrados en el noroeste del país y en la cornisa cantábrica, será pírrica (0,54 euros) frente a los 6,45 para los conectados a tensiones menores. Esa aparente contradicción se debe a que las industrias 6.4 ya disfrutan de una exención parcial del impuesto de electricidad.

Pese a reunir a los más granado del sector electrointensivo (junto a Asturias y Cantabria), Galicia se comerá un trozo bien pequeño del estatuto, al menos en número de potenciales beneficiarios: 31, el 5 % del total. Y eso que la fábrica de aluminio de Alcoa es el primer consumidor de energía eléctrica del país. Se llevan la palma Cataluña, Valencia y Andalucía.

El estatuto contiene otro mecanismo de apoyo al sector, cuyo ahorro no lo cuantifican ni el ministerio ni AEGE: consiste en un instrumento de cobertura de riesgos por cuenta del Estado para que este tipo de consumidores suscriban contratos bilaterales a largo plazo con plantas generadoras de energía (PPA). El Gobierno creó hace unos meses un fondo dotado con 200 millones para avalar ese tipo de operaciones. Soto considera que, por sí solo, ese mecanismo no reducirá el precio eléctrico.

Las medidas contenidas en el estatuto se complementarán con las compensaciones por los costes indirectos del mercado de emisiones de CO2. El Ministerio de Industria prevé dedicar a esa partida -vía Presupuestos Generales del Estado- 80 millones en el 2021 y 100 millones en el 2022 y otro tanto en el 2023. En este 2020 se han destinado 61 millones, recordó Soto, quien confía en que las partidas se incrementen con fondos europeos para la recuperación. El ministerio estima que será así y que complementará todos los mecanismos de apoyo a la industria hasta alcanzar los 900 millones entre el 2021 y el 2023.

El director general de AEGE espera que tanto la dotación como las medidas del estatuto aprobado sean ampliadas en próximos ejercicios.

Conde: «La única solución posible para Alcoa es la intervención»

La falta de estímulos suficientes para abaratar la factura eléctrica es uno de los argumentos que sostiene la amenaza de cierre de la última fábrica de aluminio primario del país, situada en San Cibrao (Cervo), y propiedad de la multinacional estadounidense Alcoa. El estatuto llega tarde para esta compañía, aunque tanto la Xunta como el Ministerio de Industria mantienen la presión sobre el grupo para que acepte venderla en lugar de despedir a 524 trabajadores. La aplicación del despido colectivo está pendiente de una sentencia de nulidad del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En la resolución de ese conflicto, Xunta y Gobierno central han actuado como una piña. Pero esa alianza se ha roto con la aprobación del estatuto, que, en opinión del vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Francisco Conde, llega tarde y sin consenso.

Además, «Galicia pierde una vez más con el estatuto» frente a otros territorios, porque con el nuevo marco «se pasa de apoyar a 120 empresas en España a 600», de modo que los grandes consumidores electrointensivos, como Alcoa, no obtienen la respuesta que esperaban. El conselleiro añadió que «tampoco hay un compromiso claro desde el punto de vista de los mecanismos de CO2» ni «se han atendido las principales alegaciones presentadas por Galicia, Cantabria y Asturias». Entre ellas, distinguir una subcategoría de consumidores para reconocer la figura de los hiperelectrointensivos, en la que entrarían las industrias gallegas.

Sobre el conflicto de Alcoa, Francisco Conde fue rotundo al considerar que si no acepta vender, la «única solución posible es la intervención», o sea, la expropiación de la planta de aluminio.

Pendiente del plácet de Bruselas

La versión definitiva del estatuto ha dejado fuera medidas contenidas en propuestas anteriores, como exenciones en otro tipo de cargos de la factura eléctrica. El Ministerio de Industria argumenta que contravenían directrices comunitarias y corrían peligro de ser tumbadas por Bruselas. Las medidas aprobadas han sido consensuadas con las autoridades europeas, aunque estas todavía no han dado el plácet formal. Esas negociaciones motivaron parte del retraso del documento.

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