El Gobierno descarta congelar el salario mínimo y pide flexibilidad a la patronal

Trabajo aún no ha dado cifra y emplaza a la CEOE a reconsiderar su negativa

Yolanda Díaz asumirá la vicepresidencia tercera y mantendrá la cartera de Trabajo y Nadia Calviño ascenderá a vicepresidenta segunda como titular de Economía
Yolanda Díaz asumirá la vicepresidencia tercera y mantendrá la cartera de Trabajo y Nadia Calviño ascenderá a vicepresidenta segunda como titular de Economía

MADRID / LA VOZ

El Gobierno quiere anotarse el séptimo acuerdo en el seno del diálogo social a cuenta del salario mínimo interprofesional (SMI), pese a la negativa de la patronal a otra cosa que no sea congelarlo y a las evidentes reticencias que una parte del Ejecutivo socialista tiene -con la ministra Nadia Calviño a la cabeza- sobre la idoneidad de una subida en estos momentos. El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, trasladó este martes a empresarios y sindicatos un mensaje claro, que supone la victoria de las tesis de Podemos, una vez que el presidente Sánchez las avalara la víspera: «El Gobierno no trabaja en la congelación del salario mínimo».

Pero, más allá de dejar claro que se incrementarán los actuales 950 euros mensuales (en 14 pagas) -preferiblemente con consenso social, aunque también sin él-, el Ministerio de Trabajo no puso sobre la mesa ninguna cuantía.

No condicionar el debate

«No vamos a condicionar el debate, más allá de descartar la congelación. El Gobierno va sin marcos cerrados a la negociación y, antes de plantear nada, esperaremos las aportaciones de los agentes sociales», explicó Pérez Rey.

La patronal acudió al encuentro de este martes sin intención de negociar subida alguna, añadió el número dos de Trabajo, detallando que los empresarios defienden la congelación e incluso que es el momento de una bajada. Sin embargo, indicó, el Gobierno ha pedido a la CEOE «un esfuerzo para reevaluar su posición» y que el lunes -fecha de la próxima reunión del diálogo social- hagan una propuesta alternativa. «Habrá que esperar para ver si han flexibilizado su postura», añadió.

Pese a que durante la rueda de prensa posterior al encuentro se sucedieron las preguntas sobre el alcance de la subida a la que el Ejecutivo está dispuesto a llegar en el salario mínimo para el próximo año, Pérez Rey no dio más pistas que las «referencias» que manejaban: el crecimiento de la productividad, la previsión de la inflación o la subida de las pensiones o los sueldos de los empleados públicos (del 0,9 % en ambos casos). De incrementarse nueve décimas, la subida no llegaría a los ocho euros mensuales.

Quienes sí cuantificaron cuáles son sus objetivos en esta negociación fueron los sindicatos. Especialmente UGT, que lleva días abanderando la necesidad de alcanzar los 1.000 euros mensuales, lo que supondría un incremento porcentual de algo más del 5 % sobre los 950 euros brutos actuales.

El secretario de Acción Sindical de UGT, Gonzalo Pino defendió la citada subida recordando que es la misma cuantía pactada con los empresarios como salario mínimo de convenio para finales de este año. «La patronal debería tener menos contradicciones: si en el acuerdo de negociación colectiva se llega a los 1.000 euros, ¿por qué no en el salario mínimo?», se preguntó.

En cualquier caso, Pino aseguró que es una posición de partida y que hay «margen para negociar», pese a que dejó claro que no aceptarían una subida mínima del 0,9 %, sino que tratarán de alcanzar un punto de encuentro, habida cuenta de que la evolución de los salarios sujetos a revisión por convenio colectivo han avanzado entre el 1,5 % y el 2 %.

Desde CC.OO., Carlos Gutiérrez se mostró más comedido que su homólogo de UGT e indicó que la propuesta de su organización pasa por subir el SMI lo mismo que las pensiones mínimas, es decir, un 1,8 %, que es también el alza media de los sueldos sujetos a convenio.

El secretario de Estado recordó que la subida del salario mínimo afecta a 1,8 millones de trabajadores -los no cubiertos por convenio colectivo-, los más vulnerables, pertenecientes además a sectores que demostraron ser esenciales durante el período de confinamiento.

Ministerio y sindicatos defienden subir el SMI para que alcance el 60 % del sueldo medio esta legislatura

Tras una subida cercana al 30 % en los últimos dos años, la patronal se resiste a rubricar un nuevo alza del salario mínimo interprofesional, especialmente dadas las dificultades que atraviesa la economía por la pandemia. Defienden la congelación, igual que la ministra de Economía, o la responsable de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que ayer abogaba por la «moderación».

Sin embargo, el discurso del Ministerio de Trabajo -en manos de la formación morada- y de los sindicatos es el opuesto. Ambos destacaron este martes que no elevar el salario mínimo sería una «anomalía», pues en toda su historia solo dejó de crecer en dos ocasiones (en el 2012 y en el 2014), «con el Gobierno de Mariano Rajoy, en respuesta a la crisis», indicó el secretario de Estado.

Pérez Rey subrayó que esta recesión es diferente a la última crisis y recordó que «los trabajadores más pobres han sido esenciales, han prestado servicios decisivos, por lo que congelar el SMI está plenamente descartado». Además, defendió, como los sindicatos, que el resto de los países europeos avanzan también en la línea de elevarlos, ya que no perjudica a la economía, sino todo lo contrario.

«El aumento de los últimos años ha sido tremendo y no ha supuesto pérdida de empleo, sino que lo ha creado, además de garantizar un salario más digno a los trabajadores y demostrar que las empresas que pueden funcionar con normalidad», enfatizó el secretario de Acción Sindical de UGT.

«Para CC.OO. es irrenunciable que esta legislatura se cierre con un SMI que alcance el 60 % del salario medio español. Es un compromiso del Gobierno y hay que aportar claridad sobre ello a la ciudadanía», aseveró Carlos Gutiérrez, destacando que la subida para el 2021 es un paso más para hacer realidad ese compromiso.

La prohibición de cortes de luz provoca otro choque de trenes entre los socios de Gobierno

Redacción
E. Parra. POOL

Unidas Podemos acusa a la ministra socialista Ribera de negarse a retomar el veto a la interrupción del suministro eléctrico a las familias más vulnerables

Los socios de Gobierno siguen aireando sus disputas internas, esta vez a cuenta de la política energética. Unidas Podemos ha acusado a la ministra socialista Teresa Ribera de negarse a prohibir los cortes de luz, agua y gas a las familias más vulnerables, como propone el partido morado. Podemos quiere recuperar una medida que estuvo en vigor durante el primer estado de alarma y hasta septiembre.

En la actualidad, los beneficiarios del bono social eléctrico y con un certificado de los servicios sociales municipales conforme se trata de un consumidor vulnerable severo tienen garantizado el suministro de electricidad, incluso en caso de impago. También están protegidas de los cortes de luz las familias en las que vivan menores.

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