El Consejo de Ministros aprueba al fin un documento que «chega tarde e sen consenso», en opinión del conselleiro Francisco Conde
15 dic 2020 . Actualizado a las 16:06 h.El Consejo de Ministro ha aprobado el estatuto del consumidor electrointensivo, con medidas de compensación para abaratar los costes energéticos dirigidas a las industrias con un elevado consumo de electricidad. El documento verá la luz año y medio después del plazo comprometido por el Gobierno.
En opinión del conselleiro de Economía, Francisco Conde, «o estatuto chega tarde e sen consenso». Y es que, por la información facilitada por el Ministerio de Industria, el estatuto no contempla todos los mecanismos propuestos por las empresas y por las comunidades como Galicia, Asturias y Cantabria, que enviaron alegaciones de forma conjunta para ampliar esas medidas compensatorias. «As empresas, como Alcoa, Alu Ibérica, Celsa y Xeal están en situación de incertidumbre porque os pagos por CO2 non se ampliaron ata o máximo permitido e non teñen certeza clara do futuro», reprochó Conde. Además, el conselleiro acusó al Ejecutivo central de no tener en cuenta a las comunidades y de obviar sus propuestas.
El estatuto aprobado prevé que las industrias quedarán exentas de pagar vía factura de la luz hasta el 85 % de los cargos de financiación de los costes de energías renovables, de cogeneración de alta eficiencia y el extracoste correspondiente a los territorios no peninsulares. También recoge un mecanismo de cobertura de riesgos para que estas industrias firmen contratos bilaterales a largo plazo para la adquisición de energía eléctrica con los que conseguir precios más ventajosos. El Estado será avalista de esas operaciones.
De forma complementaria al estatuto, las industrias seguirán teniendo acceso a compensaciones por el impacto indirecto de las emisiones de CO2, que serán consignadas en los Presupuestos Generales del Estado.
Esas tres comunidades autónomas, así como las principales compañías del sector, habían propuesto incluir en el estatuto otros mecanismos que parece han quedado excluidos. Entre ellos, la reducción de los peajes que financian el transporte de electricidad y que se abonan en el recibo eléctrico, hasta un máximo del 80 %.
La Xunta planteó también la supresión de los impuestos a la producción de electricidad (el del carbón y el de generación) para abaratar la factura.