El fin del recargo por cuatro impuestos autonómicos adelgaza el recibo de la luz

f. fernández REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

ALBERTO LÓPEZ

Los gallegos saldan una deuda de 38 millones con las compañías eléctricas

15 dic 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

Por sentencia del Tribunal Supremo, los hogares gallegos les debían a las compañías eléctricas casi 38 millones de euros. Pero al fin han saldado la deuda. Quizá muchos no se habrán dado cuenta, pero las facturas de la luz de los últimos doce meses contenían un concepto nuevo (y temporal) denominado suplemento territorial, cuyo importe oscilaba entre 1 y 2 euros al mes, según los hogares. El primer recargo se aplicó en el recibo de septiembre del 2019; el último, en ese mismo mes de este 2020. Por tanto, ya ha desaparecido y la factura ha adelgazado.

El origen de esa refacturación efectuada por el Ministerio para la Transición Ecológica -con las competencias en materia de política energética- siguiendo las instrucciones del Tribunal Supremo, son cuatro impuestos autonómicos que hacen que la generación de electricidad en Galicia sea más cara que en otros territorios. Se trata de la ecotasa, el canon eólico, el hidráulico y el de saneamiento. Estos gravámenes están en vigor desde hace años y los pagan las compañías. Ocurre parecido en otras trece comunidades más, en las que, de hecho, también se han aplicado esos suplementos territoriales en la factura de la luz. Pero en ninguna hay tantos tributos sobre esa actividad. Esto explica que los gallegos hayan sido los que más dinero han tenido que devolver y también los que han pagado la factura eléctrica más cara del país durante el último año.

El reintegro a las compañías no es porque el Supremo haya dictaminado que esos impuestos sean ilegales. En eso no se mete, y los gravámenes siguen existiendo. La sentencia lo que dice es que cada territorio debe asumir los sobrecostes que ocasionan esos tributos autonómicos a los productores de energía, aunque solo durante un año concreto, el 2013. Porque solo ese ejercicio estuvo en vigor un artículo de la Ley del Sector Eléctrico que estipulaba precisamente que en caso de que las actividades eléctricas estuvieran gravadas con tributos de carácter autonómico, ese sobrecoste tenía que ser asumido por los consumidores de ese territorio a través de un suplemento territorial en la factura de la luz. Ese artículo quedó derogado sin que el Gobierno llegara a aplicarlo, hasta el año pasado, obligado por el Tribunal Supremo, que dio la razón a varias compañías eléctricas, entre ellas, Gas Natural Fenosa, que reclamaron su ejecución.

El Ministerio para la Transición Ecológica fue el encargado de calcular cuánto tenían que devolver los consumidores de cada comunidad -fueron 112 millones en total-, pero las distribuidoras de electricidad tuvieron el cometido de recaudar el dinero -con las comercializadoras como intermediarias, como emisoras de los recibos de la luz-. Los fondos se depositarán en una cuenta especial abierta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que luego los repartiría entre las compañías productoras de energía.

Salvo ese 2013 en que estuvieron en vigor los suplementos territoriales -que implantaron precios de la electricidad diferentes en cada comunidad en función de sus propios impuestos-, el sistema eléctrico se rige por la solidaridad interterritorial, lo que significa que aunque los costes sean diferentes en cada comunidad, derivados de una presión fiscal diferente, todos los consumidores pagan lo mismo. Eso cambiará si algún día el Gobierno decide reactivar esos suplementos.

La Xunta presentó el año pasado un recurso contencioso administrativo contra la orden del ministerio para cobrar ese recargo alegando que los tributos autonómicos que consideraba eléctricos no lo eran, sino ambientales, cuyo objetivo es «compensar os efectos negativos que estas actividades teñen sobre o contorno natural e preservar o medio ambiente. A súa recadación destínase á conservación, reparación e restauración do medio ambiente», alegó la Xunta.

Otra refacturación

El Supremo también ha reconocido el derecho de las eléctricas a recuperar los gastos que le ocasionó la refacturación de esos suplementos territoriales. El ministerio está calculando aún esos costes. Las empresas beneficiadas son Naturgy, Iberdrola, EDP y Repsol Generación Eléctrica (antes Viesgo).