Escrivá estudia ampliar a 35 los años de cotización para calcular la pensión

Un nuevo frente amenaza la frágil paz del área económica del Gobierno. A la evidente diferencia de criterios entre socialistas y morados sobre la subida del salario mínimo -sobre el que aún no se ha tomado una decisión- se suma ahora la intención del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de abrir el melón de calcular la cuantía de las pensiones públicas tomando toda la vida laboral. Se trata de una nueva vuelta de tuerca a la última reforma del sistema -la del 2011-, que, además de retrasar progresivamente la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años, también amplió paulatinamente el número de años cotizados sobre los que se calcula la pensión, que pasó de los 15 a los 25 que se alcanzarán en el 2022.

En concreto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya ha llevado a la comisión delegada de asuntos económicos la propuesta de elevar otros diez años, hasta los 35, el período de cotización usado para determinar la cuantía de la prestación, según adelantó el diario El Mundo. Aunque hasta el momento la idea de Escrivá no ha sido planteada en la mesa del diálogo social, lo que sí ha encontrado ya es la frontal oposición del ala morada del Gobierno.

La portavoz de Podemos, Isa Serra, mostró ayer la disconformidad de su formación con la idea, según informó Europa Press. Serra argumentó que es «un salto atrás» que va en dirección contraria a la intención de mejorar el poder adquisitivo de los pensionistas, por lo que añadió que confía en que el Ejecutivo finalmente no lleve a cabo tal propuesta, recordando que, además, no está recogida en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

El propio Escrivá, que en la mañana de ayer participó en un desayuno informativo online, no quiso pronunciarse sobre el asunto, asegurando que, una vez aprobadas las recomendaciones del Pacto de Toledo, todo lo relativo a la reforma del sistema de pensiones se está discutiendo ya en la mesa de diálogo social, con patronal y sindicatos. Por ello, amparándose en el deseo de que las negociaciones fructifiquen -a lo que ayuda la discreción sobre lo que allí se debate-, declinó pronunciarse. Eso sí, recordando que la opinión de Bruselas también cuenta.

Sin embargo, fuentes conocedoras de lo que se está abordando en el diálogo social señalaron ayer que la propuesta de extender a los últimos 35 años de cotización el período de cálculo de la pensión no se ha planteado ni por el ministro ni por nadie del equipo del ministerio.

De hecho, confían precisamente en que la oposición de Unidas Podemos en el seno del Gobierno consiga que finalmente la propuesta ni llegue a plantearse. Los sindicatos recuerdan, además, que las recomendaciones del Pacto de Toledo no incluyen medidas en ese sentido. 

Rebaja de facto de la pensión

La medida de ampliar el número de años cotizados para calcular la pensión pretende lograr una mayor contributividad del sistema, es decir, una mayor correlación entre lo aportado por el trabajador y lo que recibirá cuando se jubile. Entonces, ¿por qué levanta tantas ampollas su adopción? Porque, por regla general, cuantos más años se computen, más baja suele ser la prestación final, ya que normalmente los salarios -y, en consecuencia, las cotizaciones sociales- mejoran a medida que avanza la vida laboral del trabajador. Cuando más atrás nos remontemos, más bajas serán las cotizaciones, lo que rebajará la pensión futura.

Diferentes estudios sitúan la rebaja en una horquilla de entre el 3 y el 10 %, aunque también es preciso subrayar que la medida podría beneficiar a los trabajadores que vieron perjudicada -cuando no truncada- su carrera laboral tras la última crisis.

A punto de cumplirse diez años de la última reforma del sistema de pensiones, una de las recomendaciones del Pacto de Toledo es que se evalúe el impacto de la ampliación del período de cómputo de las pensiones, que a partir de enero subirá a 24 años.

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