Alquileres y desahucios abren nuevas grietas en el Ejecutivo

M. Á. alfonso MADRID / COLPISA

ECONOMÍA

Oscar Vázquez

Los socialistas proponen una compensación para grandes propietarios de viviendas, a la que se opone Unidas Podemos

13 dic 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

La conversación telefónica que se produjo a las 21.30 horas del pasado 23 de octubre entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Asuntos Sociales, Nacho Álvarez, sirvió para que PSOE y Unidas Podemos cerraran las negociaciones de los Presupuestos de 2021 y la legislatura quedase atada, pero también aplazó el debate sobre la ley de vivienda. Una cuestión que vuelve a ser objeto de tensiones dentro del Consejo de Ministros.

Los de Iglesias habían marcado como línea roja para dar su apoyo a las cuentas públicas la «urgente» regulación de los precios del alquiler, algo que no convencía del todo al sector socialista del Ejecutivo, no tanto por el contenido, sino por el método. Pero cuando parecía que las negociaciones iban a encallar, el presidente Pedro Sánchez, autorizó a los suyos a ofrecer a los morados que esta medida se incluyera en la nueva ley de vivienda que ya estaba preparando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Su responsable, José Luis Abalos, confirmó hace algunas semanas que la intención del Ejecutivo pasa por llevar la futura ley al Consejo de Ministros para su aprobación el próximo mes de febrero. Pero los flecos siguen sin estar cerrados.

Fuentes cercanas a las negociaciones insisten en que se están repitiendo los roces que ya tuvieron lugar durante aquellas semanas previas al Consejo de Ministros en el que se finiquitó la cuestión presupuestaria. «Hay dos visiones distintas respecto a la cuestión», aseguran. Por un lado, los morados quieren que el texto recoja una ley similar a la aprobada en Cataluña, que prevé, entre otras medidas, limitar el precio de los alquileres en el caso de las viviendas situadas en áreas declaradas formalmente como «mercado tenso».

 Para ello esgrimen el compromiso firmado por ambas formaciones hace un año en el Programa de Gobierno de Coalición, que recogía expresamente la intención de «frenar las subidas abusivas del alquiler».

Enfrente, un sector encabezado por la vicepresidenta Tercera, Nadia Calviño, que pide «calma y reflexión». Son más partidarios de limitar el calado de las medidas con el fin de no generar inseguridad jurídica entre los arrendatarios de viviendas y locales comerciales.

La compensación de la discordia

La antesala de esta pugna política se ha producido en el decreto antidesahucios, sobre el que hay acuerdo en lo básico, pero cuya negociación se encuentra encallada, por lo que será difícil que se apruebe este martes. Los socialistas tratan de añadir una cláusula con la que se compense a los grandes propietarios (con más de diez viviendas), pero en Podemos se niegan a aceptarlo.

El PSOE defiende que es necesaria incluir esa compensación en el decreto para prohibir desahucios de población vulnerable durante el estado de alarma ante la necesidad de contar con «toda la seguridad jurídica posible» para que no se recurra por inconstitucional y «salgan perdiendo» precisamente las personas en situación de vulnerabilidad económica.

La decisión de compensar a grandes propietarios afectaría tanto a los contratos de arrendamiento como a las viviendas okupadas. En este último caso, se establecerá un plazo de tres meses para que los servicios sociales busquen un nuevo alojamiento a las personas que acrediten una situación de vulnerabilidad.