Alcoa condena a muerte la fábrica de aluminio gallega mientras reabre una en Canadá

Visto para sentencia el despido colectivo para 524 operarios de San Cibrao

Un grupo de trabajadores y antiguos trabajadores del laboratorio de la fábrica de aluminio de San Cibrao, en la protesta de este jueves
Un grupo de trabajadores y antiguos trabajadores del laboratorio de la fábrica de aluminio de San Cibrao, en la protesta de este jueves

redacción / la voz

Todo fue un paripé. De principio a fin. Simuló que negociaba. Con todos. Con los trabajadores, con Liberty, con la Xunta y con el Ministerio de Industria. Pero, en realidad, la decisión fatal estaba tomada de antemano: la fábrica de aluminio primario de San Cibrao (Cervo), la última de España, fue condenada a muerte hace un año por razones estratégicas. Porque Alcoa prefiere producir en otros países, como Canadá, donde acaba de reabrir una planta que duplica la capacidad de producción de la gallega, la de Bécancour. No por cuestiones económicas estructurales. Tampoco quiso nunca vender. Actuó de mala fe. Por eso, el ERE de extinción -de momento, paralizado por la Justicia- para 524 trabajadores debe ser declarado nulo.

Ese relato resume las posturas que defendieron como una piña los sindicatos CC.OO., UGT y CIG, el abogado del Estado y el de la Xunta en el juicio por la tramitación de ese despido colectivo, que se celebró en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia durante nueve largas horas.

Los demandantes intentaron desmontar una a una las piezas del castillo de naipes construido por la multinacional del aluminio para justificar tanto los despidos como el consiguiente fin de la producción, así como el fracaso de las negociaciones para la venta a Liberty.

Enfrente se toparon con tres abogados defensores de Alcoa que pelearon con uñas y dientes. Especialmente uno de ellos, que pintó a la compañía como una víctima. De los representantes de los trabajadores, porque no quisieron negociar el ERE. De la autoridad laboral de la Xunta, que se extralimitó en sus funciones con la decena de requerimientos enviados a lo largo del período de consultas del expediente. Y del Gobierno central, al que culpó indirectamente de las pérdidas económicas de la fábrica de aluminio (169 millones en tres años) por incumplir su compromiso de aprobar un marco estable de ayudas para reducir el precio eléctrico. Es uno de los factores que esgrime el grupo para acometer los despidos.

La letrada de Comisiones hizo comparecer como testigo al propio presidente de Alcoa en España, Álvaro Dorado, para intentar que admitiese que la decisión de cerrar viene de lejos y que se tomó en Pittsburgh (sede de la multinacional). No lo consiguió. Dorado defendió que, en numerosas ocasiones, habían advertido al Gobierno que si el precio eléctrico no bajaba podría pasar lo que está pasando, y rechazó el plan industrial presentado para la planta porque «era una hoja con números» que «no concretaba nada». Sobre las negociaciones con Liberty, «propusimos varias alternativas». La operación fracasó. «La decisión [de venta] era nuestra, pero parecía que tenía que ser obligatoria», añadió su abogado.

Otro testigo fue José Antonio Zan, presidente del comité de San Cibrao, quien reveló que habían hablado con la empresa Greenalia con la que existía la posibilidad de firmar un contrato de suministro de energía a largo plazo (PPA) a 35 euros el megavatio hora, la cifra que Alcoa reconoce como viable. Pero cayó en saco roto. La empresa solo quería despedir y cerrar, insistió.

El abogado del Estado fue demoledor. Acusó al grupo de aparentar que negociaba para darle validez al ERE. Sin embargo, en su opinión, «nunca quiso negociar una venta ni evitar los despidos». Denunció también que durante las conversaciones con Liberty, Alcoa dio pasos atrás.

Como también hicieron los tres sindicatos, el letrado del Ministerio de Industria trató de desmontar las cifras económicas aportadas por Alcoa para dar soporte al ERE, en las que, dijo, no se incluyeron factores competitivos de San Cibrao en comparación con otras plantas del mismo grupo en el norte de Europa, como el hecho de que la fábrica gallega esté pegada a la fuente principal de suministro de materia prima (la alúmina) y que los costes laborales en España son muy inferiores a los de Noruega.

El ERE ha quedado visto para sentencia.

La SEPI pagó 455 millones al grupo por la compra de Inespal

Entre las supuestas irregularidades cometidas por Alcoa en el período de consultas del ERE (de 120 días, cuatro veces más de lo que marca la ley, presumió el abogado de la empresa) y denunciadas por los sindicatos se encuentra que no aportó toda la documentación requerida. Le pedían, por ejemplo, el contrato que firmó con la SEPI para comprar los activos de Inespal —entre ellos, las fábricas de San Cibrao, A Coruña y Avilés, estas dos últimas vendidas el año pasado en una operación que está siendo cuestionada— con los que la multinacional irrumpió en España en 1998. «Queríamos conocer la situación de Inespal cuando se vendió», explicó en el juicio Eugenia Freire, economista de Comisiones. Pero el grupo estadounidense no lo entregó. El sindicato se lo pidió a la SEPI y esa le pidió permiso a Alcoa para hacerlo público. Ese plácet lo obtuvo ayer mismo, según avanzó la abogada de esa central. Sin embargo, la letrada buceó y halló un informe del Tribunal de Cuentas en el que aparecía que la sociedad pública había pagado a Alcoa, 455 millones de euros. No al revés.

El sindicato también apuntó durante el juicio que, además, la multinacional había recibido casi 700 millones en ayudas para abaratar el precio eléctrico en los últimos años, vía subastas de interrumpibilidad y compensaciones del CO2. «Es tremendo, claro que es inasumible el precio eléctrico, lo es porque llevamos subvencionandola desde 1998», denunció la abogada de CC.OO.

El aluminio se revaloriza

Los problemas económicos de la planta alegados por Alcoa provienen del precio de la energía (porque está alto en España, más que en otros países) y también del del aluminio (porque está barato). Sin embargo, tal y como pusieron de manifiesto los sindicatos los parámetros en los que se fundamenta el ERE han cambiado, ya que la cotización del metal en la bolsa de Londres se ha recuperado en los últimos meses, mientras que la electricidad ha ido a la baja arrastrada por la crisis de demanda derivada de la pandemia.

Sin embargo, el abogado de Alcoa subrayó que los problemas económicos son coyunturales y que va a seguir habiendo pérdidas aunque el precio del aluminio se recupere. Y «esto sucede seas Alcoa, seas Liberty o seas Alibérico». El letrado concluyó que «las condiciones no son propicias para que haya más fábricas de aluminio en España». La de San Cibrao es la última.

En directo con los trabajadores en San Cibrao: «É indignante escoitar que Alcoa é a vítima desta situación»

Lucía Rey

En el cuento de Caperucita Roja, el lobo feroz se disfraza de abuelita y se vende con voz amable para lograr zamparse a la niña. Salvadas las distancias, los abogados contratados por Alcoa asumieron el rol de lobo disfrazado de abuelita para intentar convencer a los miembros del jurado del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de que el ERE que pretenden aplicar a 524 trabajadores de la planta de Aluminio de San Cibrao —afectaría colateralmente a otros 400 de la industria auxiliar y dejaría muy tocada a la economía de A Mariña— fue planificado y negociado «de buena fe». En esa idea coinciden los trabajadores que se concentraron desde primera hora de este jueves ante la factoría al tiempo que en la sede del TSXG, en A Coruña, daba comienzo la vista en la que se podía decidir el futuro de un complejo industrial abierto hace cuatro décadas y cuyo destino parece ir parejo al de la comarca.

«Da outra vez [la vista celebrada en el TSXG sobre las medidas cautelares que han impedido hasta ahora a Alcoa parar las cubas de electrólisis] tiven que apagar a retransmisión porque me facía mal escoitar aos avogados de Alcoa. Fan que pareza que a empresa é a vítima sempre. Teñen resposta para todo», apuntó junto a la gran fogata de neumáticos encendida por el comité Rosana Fraga, vecina de Alfoz y esposa de uno de los trabajadores que tiene una espada de Damocles sobre su empleo. «Levo 21 anos traballando na fábrica, na planta de aluminio, e aquí non tes outra industria. O que é hoxe A Mariña fíxose con isto porque antes aquí non había nada», relató él, Aberto Díaz, de 45 años.

«É indignante escoitar que Alcoa é a vítima desta situación cando as únicas vítimas somos as preto de mil familias que estamos a piques de perder o noso posto de traballo e de ter que emigrar», expuso Juan, otro operario que participó en la concentración en apoyo del comité. El presidente del órgano que representa a los trabajadores, José Antonio Zan, de CC.OO., ha sido citado como testigo en la vista del TSXG. Dos de las otras caras más visibles de la lucha, Xosé Paleo (CIG) y Tino Arias (UGT), acompañaron a decenas de trabajadores para mantener viva la esperanza en un momento especialmente complicado.

«Deixando morrer a fábrica»

«Os xuízos vanse alongar e, mentres, Alcoa está deixando morrer as dúas fábricas», alertaba Ángel Ramón Villares, vecino de San Cibrao que lleva 36 en la factoría. Una situación de la que ya ha alertado el comité y de la que son testigos trabajadores que llevan semanas viendo que apenas sale material, no se ejecutan labores de mantenimiento o no se cubren bajas. «Pode colapsar todo en calquera momento. Quérennos botar a culpa aos traballadores pola folga, cando está orquestrando todo Alcoa», concluyen.

Desmontando a Alcoa

f. fernández

UGT, CC.OO. y CIG sustentan la demanda judicial contra el despido colectivo en irregularidades en el ERE y el maquillaje de las cuentas

Los sindicatos UGT, CC.OO. y CIG han presentado una demanda conjunta ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra el expediente de despido colectivo de Alcoa, que afecta a 524 trabajadores de la fábrica de aluminio de San Cibrao (Cervo). En ella solicitan que el ERE sea declarado nulo. El Ministerio de Industria y la Xunta participan en esta causa como partes interesadas. Los dos principales argumentos que sustentan esa petición de nulidad son los que siguen, explicados por María Veiga y Eugenia Freire, abogada y economista, respectivamente, de Comisiones Obreras, quienes destacaron la capacidad de aguante y la determinación de la plantilla por conservar los puestos de trabajo.

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