Los españoles, los únicos europeos que pagan el impuesto de patrimonio

Ana Balseiro
ANA BALSEIRO MADRID / LA VOZ

ECONOMÍA

M. MORALEJO

La mitad de los Estados no gravan las herencias o lo hacen de forma residual

29 nov 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

En plena contienda política sobre la conveniencia -o no- de armonizar impuestos para evitar la competencia fiscal entre comunidades autónomas, surge la pregunta del millón: ¿cómo está la fiscalidad española, comparada con la de los vecinos europeos? Para responder es necesario analizar cada impuesto, pues la situación difiere -y mucho- según las figuras tributarias. Pero en el caso de los gravámenes cuya nivelación está ahora en el punto de mira (el impuesto sobre el patrimonio y el de sucesiones y donaciones), la tendencia normativa europea es a la desaparición o, en el peor de los casos, a una aplicación residual.

En concreto, en lo que respecta al impuesto sobre la riqueza, España es una excepción en la UE, ya que es el único país en el que aún se aplica, después de que Francia lo suprimiera a partir del 1 de enero del 2018, reemplazándolo por un gravamen sobre las viviendas con un valor superior a 1,3 millones de euros (excluye la fortuna no inmobiliaria).

Como muestra el mapa adjunto, muchos países nunca han tenido un tributo sobre el patrimonio (es el caso, entre otros, de Italia, Grecia, Portugal, la República Checa, Hungría o el Reino Unido), mientras que otros Estados lo han ido eliminando en las últimas décadas. Austria lo hizo en 1993; Alemania, tres años más tarde; y en 1997, Dinamarca. Luego, en el 2001, se sumaron Polonia y Holanda (lo incorporó al impuesto sobre la renta), Irlanda, Luxemburgo y Finlandia (2006); y Suecia, un año después. En la actualidad solo se declara en Noruega y Suiza.

 En lo que respecta a España, el impuesto, que comenzó a aplicarse en 1977 (inicialmente iba a ser temporal), pasó a ser estable en 1991. Fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quien anunció su supresión en el 2008. La crisis aún no le había hincado el diente a la economía, pero cuando lo hizo, obligó al Ejecutivo a restablecerlo en el 2011. De nuevo, la pretensión era mantenerlo un par de años, algo que no se cumplió.

Están obligados a declararlo quienes sobrepasen los 700.000 euros de patrimonio (excluyendo la vivienda habitual hasta un tope de 300.000 euros). Dado que es un impuesto cedido a las comunidades, estas pueden modificar el mínimo exento (Aragón lo rebajó a 400.000 euros y Cataluña y Extremadura a 500.000), así como variar la escala estatal (una horquilla del 0,2 y el 2,5 % en función de la base liquidable) y aplicar exenciones y bonificaciones. Madrid lo ha llevado al extremo, bonificando el 100 %, lo que de facto neutraliza el tributo. Galicia, por su parte, aplica sin modificaciones la normativa estatal, aunque la capacidad regulatoria autonómica abre importantes brechas fiscales entre los contribuyentes en función de su residencia.

Un sudoku similar se repite con el impuesto que se paga por heredar, sobre el que las autonomías también tienen capacidad normativa. Aunque la presión ciudadana de los últimos años, unida a la fuga de contribuyentes a regiones con menor voracidad tributaria, ha hecho que cada vez más territorios hayan aprobado rebajas, las diferencias fiscales persisten.

Cabe recordar que Galicia, por ejemplo, elevó a un millón de euros la cuantía exenta (excluyendo la vivienda), lo que libera de tributar al 99,9 % de los contribuyentes, pero que por un mismo legado la factura fiscal podría oscilar entre menos de 1.600 euros en Madrid y más de 103.000 en Asturias.

Abriendo el foco a la UE, casi la mitad de sus miembros no aplican impuesto de sucesiones. Junto a España, lo mantienen Francia, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Croacia, Italia, Lituania, Polonia, Hungría y Eslovenia. Y el Reino Unido, con un pie fuera del club europeo.