Los cambios entrarán en vigor en febrero y buscan, entre otros objetivos, que la mayoría de trámites se resuelvan antes de un mes
25 nov 2020 . Actualizado a las 19:41 h.El Gobierno gallego aprobará hoy la Lei de reactivación, una iniciativa legislativa que supone reformas que afectan a diferentes textos de carácter económico que serán modificados con un objetivo de fondo: restar burocracia a los trámites administrativos entre la Xunta y las empresas. Alberto Núñez Feijoo adelantó su lanzamiento en una reunión del comité que analiza los proyectos que aspiran a los fondos europeos Next Generation.
Para el líder autonómico, la captación y buena gestión de esas partidas o de cualquier otra inversión para emprender debe encontrar el apoyo y la agilidad administrativa, de ahí que el nuevo texto fije, siempre que sea posible, un mes como plazo máximo para que una empresa obtenga un informe favorable, cuando la mayoría rondan los tres meses. La normativa potenciará incentivos ya activados, como el acceso a suelo industrial o los beneficios fiscales para los que desarrollen sus planes en el ámbito rural.
Son los objetivos básicos de un «instrumento útil» que llegará al Parlamento antes del 7 de enero y que entrará en vigor en febrero, dándole tiempo a los grupos políticos a aportar sugerencias para enriquecer la reforma. «Estamos a falar dunha nova cultura administrativa para activar os procedementos, dunha desburocratización da institución autonómica e das locais, no ámbito das nosas responsabilidades», resumió.
Implicación de los expertos
El comité de expertos económicos que asesora al Gobierno gallego desde pocas semanas después del inicio de la pandemia accederá de forma inmediata al redactado de la ley para que pueda hacer sus aportaciones, como ya ocurrió en la pasada primavera. La Xunta también le va a encargar una previsión general de la economía gallega para los próximos ejercicios con los datos actualizados, fijándose en aspectos estratégicos como el PIB, la evolución del empleo, la transición ecológica en la industria o la digitalización. Además, el grupo de expertos también va a analizar en las próximas semanas los 108 proyectos gallegos que aspiran a fondos europeos, de forma que se puedan priorizar aquellos que cuenten con más posibilidades de éxito, e identificar los que tengan carácter estratégico y puedan cambiar el tejido productivo a medio y largo plazo.
En clave política, Feijoo lamentó la «falta de concreción» que a su juicio está demostrando el Gobierno de España a la hora de gestionar los fondos, y admitió que está «preocupado polo que levamos coñecido». En concreto se refirió al hecho de que no exista un comité independiente que vaya a analizar los proyectos españoles, sino que la responsabilidad recaiga en exclusiva en el gabinete del presidente Pedro Sánchez y en algunos de sus ministros. Para que ese reparto sea más justo y efectivo, el líder autonómico apostó por implantar criterios que tengan en cuenta la dispersión geográfica, el declive demográfico, la población rural o el objetivo último de equilibrar las rentas per cápita, reforzando aquellos territorios que no alcanzan la media europea.