El Gobierno arrincona a las autonomías en la gestión de las ayudas europeas

Creará entes público-privados para identificar los proyectos subvencionables

J. Hellín. POOL

redacción / la voz

Ni uno de los 140.000 millones de euros que espera recibir España del fondo de recuperación europeo Next Generation EU se desembolsará sin la autorización del presidente Pedro Sánchez. Junto a su equipo de Gobierno -al completo, después de que el vicepresidente Pablo Iglesias protestase por su exclusión -será quien trace las líneas maestras de las ayudas. Según el último borrador del Real Decreto Ley que el Ejecutivo quiere aprobar en el mes de diciembre, Sánchez dispondrá de cinco órganos a su servicio para decidir, ejecutar y controlar el desarrollo del programa. Las comunidades autónomas han quedado arrinconadas en una unidad consultiva a la que recurrirá el Gobierno para identificar las necesidades de cada región.

¿Cómo llegará el dinero a las empresas más pequeñas?

Según consta en el documento consultado por Europa Press, la intención del Gobierno es que las empresas más pequeñas, sean del sector que sean, se dirijan a la «ventanilla única» en la web del Plan de Recuperación para iniciar los trámites de participación en las convocatorias que se vayan presentando. La idea es que todas ellas se aglutinen bajo el paraguas de los bautizados como PERTES (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica), unos entes de colaboración público-privada que servirán para concentrar a multitud de firmas que necesiten desembolsar dinero para los mismos fines. La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, explicó que serán de naturaleza similar a los consorcios. Analizar proyecto a proyecto sería inviable. «La idea es que todos los pueblos y ciudades se puedan beneficiar de una inyección tan importante de recursos. Vamos a buscar la fórmula más adecuada para que a empresas de cualquier barrio y esquina les llegue al menos la oferta de incorporación a un plan digital o a la modificación de la cadena de valor para incorporar energía renovable y más eficiente», explicó la ministra de Hacienda. El Ministerio de Industria será el encargado de elaborar en el plazo de tres meses un registro con las entidades interesadas en integrarse en los PERTES.

¿Cuándo se desembolsarán los primeros tramos?

De los 140.000 millones de euros que le corresponden a España, el Gobierno solo quiere echar mano inicialmente de los 72.000 millones que no exigen reembolso. De esa partida, el Ejecutivo español adelantará 27.000 millones en el 2021 porque el fondo de recuperación europeo sigue bloqueado. Como los plazos se podrían demorar hasta el verano, el Ejecutivo ha decidido adelantar hasta un 50 % de las ayudas a los proyectos que reciban autorización en los primeros meses del año «antes de la ejecución y justificación de las prestaciones previstas». Solo tienen que pasar por ventanilla, inscribirse y recibir el visto bueno. Para que sus expedientes no se eternicen, los contratos tendrán preferencia y se gestionarán por «tramitación urgente». Eso significa que la Administración solo dispondrá de 5 días hábiles -sin prórrogas posibles-, para fiscalizar cada propuesta y emitir un informe. El tiempo de tramitación final se reducirá a la mitad.

¿Cómo se solucionarán los cuellos de botella?

Para descargar de trabajo a las Administraciones, donde los expertos prevén enormes caravanas de expedientes, se ha previsto la posibilidad de conceder en algunos casos subvenciones de concurrencia no competitiva, esto es: el primero que llega se lleva los fondos. Para reducir el papeleo, se eliminará la obligación de presentar algunos informes o autorizaciones preceptivas. Eso sí, para las subvenciones que excedan los 12 millones de euros, se exigirá la autorización del Consejo de Ministros, que decidirá en último caso si se desembolsan o no.

De cualquier modo, los proyectos de los PERTES tendrán preferencia a la hora de cobrar las subvenciones «por razones de interés público».

¿Las Administraciones tienen capacidad para cumplir los plazos?

Una de las demandas reiteradas que han hecho los sindicatos de funcionarios es que las Administraciones necesitan más personal para desatascar los despachos. Por el momento, solo se prevé la creación o modificación de puestos de trabajo de forma «excepcional», así que las plantillas de empleados públicos tendrán que reorganizarse para asignar nuevas manos a la ejecución de las ayudas. Los funcionarios con experiencia directa o indirecta en la gestión de fondos europeos serán los primeros en ser llamados para integrar la red de agencias estatales que se desplegarán. Todos ellos recibirán un plus salarial que variará en función de los objetivos.

Riesgo de arbitrariedad por la ausencia de criterios claros

El papel de las comunidades autónomas -que inicialmente iban a gestionar más de la mitad de las ayudas europeas-, se ha desdibujado. Con una gestión tan centralizada es difícil vislumbrar cómo va a encajar el reparto territorial al que apuntan los Presupuestos Generales del Estado con el principio de libre selección que se atisba en el borrador del mecanismo de funcionamiento del Plan de Recuperación. No obstante, lo que más preocupa a los más escépticos es la falta de criterios claros a la hora de definir las condiciones para optar a las ayudas. El Ejecutivo gallego insiste en que necesitan directrices claras para preparar el terreno y ajustar los proyectos a las exigencias del Ejecutivo central: «Se queremos afondar con garantías na candidatura galega é necesario coñecer de antemán e con detalle os criterios do Goberno [...] Deste xeito, e primando a igualdade de oportunidades, os nosos proxectos estarían mellor preparados para competir e superar a selección», apuntan desde la Xunta de Galicia.

La falta de transparencia en las condiciones de desembolso podría abrir el campo a un reparto arbitrario e interesado de las ayudas. Por eso el Gobierno gallego insiste en dar prioridad a la «igualdade de oportunidades entre comunidades, así como a cohesión social e territorial, fixándose polo tanto criterios claros de reparto nos que se preste especial atención a cuestións como garantir a dispersión da poboación, o reto demográfico, a transición industrial e a dixitalización para reducir as diferenzas existentes nos niveis de renda das rexións».

Proyectos tractores

Hasta ahora el único criterio que ha trascendido es que los proyectos que opten a las ayudas deberán ser «tractores» de la economía. Eso quiere decir que deben tener capacidad de crear sinergias e impulsar el crecimiento del mayor número de empresas posible. El Ejecutivo de Pedro Sánchez espera que cada euro invertido de las ayudas europeas genere otros cuatro de inversión privada. Se concentrarán eso sí, en ámbitos como la transición digital y ecológica, pero todavía quedan muchas incógnitas por resolver como los criterios de reparto dentro de los PERTES o qué indicadores se tendrán en cuenta para decidir si un proyecto tiene o no potencial. Ni siquiera está claro el papel de las comunidades.

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