Bruselas calcula que España recibirá solo 6.400 millones del fondo en el 2021

Avala los Presupuestos, pero desinfla la cifra de ingresos del Gobierno


Redacción / La Voz

La Comisión Europea ha dado un aprobado general a todos los planes presupuestarios de los países miembros. Incluida España. Lo ha hecho a regañadientes y obligada por las circunstancias: enmendarlos habría retrasado los plazos en un momento muy delicado para las economías. Así, con muchas reservas y tapándose la nariz, el Ejecutivo europeo validó las cuentas del Gobierno español para el 2021, en las que hay grandes lagunas.

Y es que el diagnóstico velado que hacen los expertos del Ejecutivo comunitario, tras destripar el documento, es que el presupuesto está inflado. Hay tres pilares que se tambalean: el cuadro macroeconómico, el impacto de las ayudas europeas y los ingresos. La Comisión cree que España ha sido demasiado optimista al estimar una contracción económica del 11,4 % en el 2020 y un rebote del 9,8 % en el 2021. Si Sánchez reprochó a Bruselas no tener en cuenta el repunte del tercer trimestre para hacer sus cálculos, desde la capital comunitaria devolvieron el golpe recordando que España tampoco tomó en consideración el impacto de la segunda ola ni el cambio de relación comercial con el Reino Unido (brexit), por eso cree que sus previsiones (-12,4 y 5,4 %, respectivamente) son más atinadas.

¿Por qué tanta diferencia? La Comisión da por hecho que los fondos de recuperación del Next Generation EU (140.000 millones para España) tardarán mucho en llegar, en ejecutarse y en dar sus frutos. El Gobierno había incluido un adelanto de 27.000 millones —de los 72.000 de subvenciones— en las cuentas del año que viene, sobreestimando la celeridad de las Administraciones para gestionarlos y sus efectos inmediatos en la economía (un crecimiento de 2,5 puntos del PIB). Bruselas le comunicó que verá como mucho un 10 % de ese dinero el año que viene: apenas 6.400 millones.

Ni siquiera entra a valorar su potencial «dado que las medidas correspondientes no han sido suficientemente especificadas». ¿Qué hay de los otros 20.600 millones? España tendrá que darle de nuevo a la manivela de la deuda pública, que se disparará al 120,3 % del PIB este año y al 122 % el siguiente. Un ascenso meteórico de casi 25 puntos que, aunque necesario, preocupa mucho a las autoridades europeas por la escasa capacidad que tiene el país de reducir esa montaña de facturas. La economía no tiene margen para ganar competitividad a corto plazo y el alto nivel de desempleo complica su digestión, por eso Bruselas ha instado a elaborar un plan ajuste a medio plazo para garantizar su sostenibilidad.

Menos caja

Otro agujero negro inexplicable en los Presupuestos tiene que ver con los nuevos ingresos. A Bruselas no le cuadran las cuentas. El Gobierno asegura que puede recaudar hasta un 0,6 % del PIB con los nuevos tributos creados. La Comisión reduce el cepillo al 0,1 %. «Existe incertidumbre sobre el resultado de algunas medidas y sobre el hecho de que algunos cambios en la tributación no fueron especificados con suficiente detalle», explican sus expertos. Y no es la primera vez que esto ocurre. España cree que será capaz de recaudar 850 millones de euros con la tasa Tobin sobre las transacciones financieras y otros 968 millones con la tasa Google a las digitales. Bruselas no está de acuerdo: a lo sumo serán 1.225 millones de euros entre las dos. Lo mismo con el refuerzo de las medidas antifraude. El Ejecutivo espera aflorar 828 millones. La Comisión enfría las expectativas: serán unos 425. Por no hablar de otros impuestos que ni siquiera se han valorado porque solo existen de palabra, como el aumento del IVA del 10 al 21 % en las bebidas azucaradas o los famosos impuestos verdes, como el del diésel.

Recuperación total

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), por su parte, cree que habrá que esperar hasta el 2025 para recuperar el PIB perdido, con una deuda estabilizada en el entorno del 120 %. Los fondos europeos ayudarán a reducir la factura (entre 4 y 10 puntos del PIB), pero la morosidad y el aumento del gasto en pensiones añaden presión a la deuda. Por eso el organismo también pide un plan de ajuste a medio y largo plazo.

Estabilidad financiera 

La nota positiva viene por el flanco bancario. Después de las ingentes recapitalizaciones y saneamientos que hicieron las entidades tras la crisis financiera, Bruselas cree que los bancos españoles llegan a esta crisis más fuertes en términos de liquidez, a pesar de su moderada rentabilidad. No obstante, al igual que ya hizo el Banco Central Europeo (BCE), insta a no bajar la guardia ante el aumento de la morosidad en el 2021.

Para evitar agravar la marea de insolvencias empresariales que se prevé para el año que viene, la Comisión ha puesto especial énfasis en la necesidad de «no retirar antes de tiempo» las medidas de oxígeno fiscal

La Comisión cuestiona la subida del 0,9 % de las pensiones y de los salarios públicos

 

 

«España afronta un nivel de deuda pública alto y tiene que ser particularmente cuidadosa en torno a la sostenibilidad a medio plazo de sus cuentas», fue el tirón de orejas que le dio ayer el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, al Gobierno español. Y lo hizo tras ser interpelado por la subida del 0,9 % de las pensiones y los salarios de los funcionarios públicos. Bruselas cree que no es el momento de incurrir en gastos que minarán las cuentas a largo plazo. Mucho menos en un contexto de crisis y con el IPC casi en terreno negativo. La Comisión no comprende la medida, que beneficiará a dos de los colectivos que cuentan con más estabilidad de ingresos y que en plena contracción económica serán de los pocos que vean crecer sus nóminas.

El impacto presupuestario es similar al gasto de la puesta en marcha del ingreso mínimo vital para los hogares más vulnerables. «Merece una vigilancia estrecha», aseguran los funcionarios europeos, antes de recordar al Ejecutivo que «es importante que España garantice que, cuando adopta medidas de apoyo presupuestario, la sostenibilidad fiscal a medio plazo es preservada». Y no parece que esa subida vaya en la buena dirección.

La Comisión apremia a extender el gasto para apoyar a las familias y empresas con problemas puntuales de liquidez, pero no a comprometer de forma indefinida las arcas públicas. Por eso, en sus recomendaciones, insta a concentrar más esfuerzos en reducir el desempleo y la temporalidad entre los más jóvenes, un problema que la crisis ha exacerbado y amenaza con poner freno a la competitividad de una economía donde se agrandan las desigualdades.

 

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