El BNG propone jubilarse a los 65 y que la pensión mínima suba a 950 euros

El Congreso de los Diputados aprobará este jueves la reforma consensuada en el Pacto de Toledo


Colpisa

La reforma de las pensiones avanza ya con paso firme. El Congreso de los Diputados previsiblemente apoyará este jueves, por amplia mayoría, las 21 recomendaciones aprobadas por la comisión del Pacto de Toledo, encargada de elaborar las líneas de actuación por las que deberá regirse el Gobierno a la hora de legislar los cambios en el sistema público de cara a lograr la sostenibilidad.

El texto pactado por los principales partidos, después de más de cuatro largos años de trabajo, concitó a finales de octubre un elevado grado de consenso, con 30 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones. Solo los representantes de Vox se opusieron a un acuerdo que volverá a ligar por ley la subida de las pensiones a los precios, poniendo así punto y final al índice que abocaba a los jubilados a incrementos anuales de apenas el 0,25 %. Aunque se abstuvieron, también se mostraron bastante críticos con este borrador de reforma de 38 páginas el BNG y los partidos independentistas EH Bildu y ERC.

Antes de ratificar el texto, el Congreso debatirá si es pertinente introducir algunos cambios después de los votos particulares emitidos por algunos partidos políticos.

Uno de los más críticos fue el BNG, que, sin embargo, no pudo votar en contra del texto por formar parte del grupo Plural. Por eso, explica en su único voto particular que las recomendaciones «se fundamentan en una base equivocada, en la validez de las regresivas reformas del sistema público de pensiones aprobadas en los años 2012 y 2013».

Equiparar con los salarios

El Bloque insta así a volver a situar la edad legal de jubilación en los 65 años y a no ampliar el período del cálculo para la base reguladora de la pensión. Además, aboga por subir la pensión mínima para igualarla al salario mínimo interprofesional (SMI), de 950 euros, y, además, exige que este se eleve hasta el 60 % del sueldo medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea, lo que llevaría a que estuviera fijado en 1.142 euros. Otra denuncia que hace es que el texto del Pacto de Toledo no hace ninguna mención a la derogación del factor de sostenibilidad ligado a la esperanza de vida.

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