Los autónomos podrán solicitar desde mañana la ayuda de hasta 2.000 euros

Está disponible para todos los que cobren la prestación de la Seguridad Social


Redacción / La Voz

Los autónomos que tengan sus negocios cerrados por orden administrativa o que hayan sufrido una caída de ingresos superior al 75 % podrán solicitar desde mañana las ayudas de hasta 2.000 euros que la Xunta anunció para aliviar a los negocios más afectados por la crisis derivada de la pandemia. El Diario Oficial de Galicia publica este miércoles la primera de las líneas de apoyo que conforman el plan de rescate diseñado por el Gobierno gallego para ofrecer un balón de oxígeno tanto a los trabajadores por cuenta propia como, en los próximos días, a las microempresas y a los negocios de hostelería.

En lo que respecta a la subvención de autónomos, la orden establece dos ayudas. Una es general, con un importe de 1.200 euros, para la que solo se exige que el solicitante tenga domicilio fiscal en Galicia y esté percibiendo la prestación por cese de actividad (ordinaria o extraordinaria) que concede la Seguridad Social, a la que complementa. Ese apoyo se incrementará hasta los 2.000 euros en el caso de aquellos trabajadores por cuenta propia que, además de cumplir con el requisito anterior, pertenezcan a alguno de los 16 sectores cuya actividad, a criterio de la Xunta, se encuentra «especialmente paralizada». En esta categoría entran tanto los establecimientos dedicados al ocio nocturno (discotecas, pubs, cafés-espectáculo y salas de fiestas), como los puestos de todo tipo en mercadillos y ferias (de alimentos, ropa y calzado, comida y bebida e incluso juegos de azar) y otros catorce sectores que se detallan en la tabla que acompaña esta información.

Las ayudas, con un presupuesto total de 30 millones de euros y que se abonarán en un pago único, podrán pedirse desde mañana, jueves, hasta el próximo 18 de diciembre. Y se concederán por orden de presentación de la solicitud, para la que bastará con una declaración responsable en la que el autónomo declare cumplir con los requisitos, que luego podrán ser comprobados por la Administración.

La única contrapartida de la subvención, recuerdan desde la Consellería de Emprego, es que los adjudicatarios asumen el compromiso de mantener su actividad durante dos meses, hasta el 18 de enero.

Conde demanda igualdad de oportunidades en los criterios de reparto de los fondos anticrisis 

No hay fecha para la recepción de las ayudas, tampoco un reglamento para su desembolso. Ni siquiera hay unos criterios de reparto, pero las comunidades autónomas van tomando posiciones para lo que será una carrera contrarreloj: la absorción de los 72.000 millones de euros que tiene reservada la UE en su plan Next Generation EU para la recuperación española.

Ayer fue el turno de Galicia. El vicepresidente económico, Francisco Conde, se reunió con el representante de la Comisión Europea en España, Francisco Fonseca, para detallarle el plan anticrisis articulado por la Xunta, que gira alrededor de siete proyectos tractores «maduros», de colaboración público-privada, y un centenar de iniciativas auxiliares encuadradas dentro de los objetivos de la UE: la transición digital y la ecológica. Conde también mantuvo un encuentro con el responsable del Gobierno para la gestión del plan de recuperación, Manuel de la Rocha, para demandar que en los criterios de reparto «prime a igualdade de oportunidades entre comunidades autónomas», que atiendan cuestiones como la crisis demográfica o la transición industrial y la necesidad de «reducir as diferenzas existentes nos niveis de renta das rexións», que penaliza a Galicia.

Las empresas con préstamos ICO dispondrán de otro año de carencia 

Un mes y medio después de prorrogar las principales ayudas sociales implantadas para paliar los efectos económicos de la crisis, desde los ERTE a las prestaciones de autónomos, pasando por el bono social eléctrico, el Gobierno lanzó ayer un balón de oxígeno a las empresas que han tenido que recurrir a las líneas de liquidez que se pusieron a su disposición durante el primer estado de alarma. Estas son las novedades: 

Préstamos ICO

Tres años más para amortizar, doce meses extra de carencia. El decreto aprobado ayer prorroga hasta el 30 de junio del 2021 el plazo para solicitar los créditos avalados por el ICO, con una dotación conjunta de 140.000 millones de euros en sus dos líneas. Además, las empresas y autónomos que lo deseen y cumplan las condiciones (no estar en mora ni en concurso) podrán ampliar en hasta tres años el plazo de amortización de estos préstamos, con un tope de ocho, frente a los cinco actuales. Además, se podrá solicitar un plazo adicional de carencia de otros doce meses, hasta un máximo de 24. 

Concursos de acreedores

La moratoria se amplía hasta el 14 de marzo. Con el objetivo de que las empresas que sean viables puedan continuar con su actividad y no se vean abocadas a la liquidación, el Gobierno eximirá de la obligación de comunicar al juzgado su insolvencia hasta el próximo 14 de marzo (frente al plazo inicial del 31 de diciembre). Hasta ese día las empresas no tendrán obligación de iniciar los trámites de concurso voluntario cuando incurran en los supuestos para hacerlo y los jueces no podrán admitir las solicitudes de concurso necesario instadas por los acreedores. Los tribunales tampoco podrán tramitar hasta el 31 de enero las reclamaciones por el incumplimiento de acuerdos de refinanciación o convenios de pago. 

Mercados

El Gobierno se otorga más poder para vetar opas en empresas estratégicas. Con las grandes compañías del país cotizando a precios de saldo, el Gobierno ha reforzado el control sobre las inversiones en empresas consideradas estratégicas. Así, si desde primavera los extracomunitarios deben solicitar autorización del Ejecutivo para adquirir más del 10 % de una cotizada, ahora ese régimen se amplía también a ciudadanos y sociedades de la UE, que no podrían lanzar una opa sobre una compañía que esté en Bolsa sin el visto bueno del Gobierno hasta el 30 de junio del 2021. El mismo régimen se aplica a firmas no cotizadas si la operación supera los 500 millones. Además, se eleva de 500 a 1.000 millones el umbral a partir del cual una empresa debe pasar de cotizar en el MAB a hacerlo en el Mercado Continuo.

España recibe otra inyección de 4.000 millones de la UE para pagar los ERTE 

Ante el bloqueo político que sufre la ratificación del plan de recuperación Next Generation EU y la perspectiva de que sus fondos (72.000 millones de euros a fondo perdido para España) no lleguen hasta mediados del 2021, Bruselas está acelerando los trámites para abrir todos los grifos disponibles, incluido el del SURE. Ayer la Comisión Europea anunció la inyección de otros 4.000 millones de euros procedentes de ese programa para sufragar los ERTE y las ayudas al cese de la actividad de los autónomos españoles en esta segunda ola de la pandemia.

El anuncio coincide con la reciente salida de la Comisión al mercado en busca 14.000 millones con los que sufragar los esquemas de suspensión o trabajo parcial en la UE. Logró su objetivo sin despeinarse, ya que la demanda ascendió a 175.000 millones.

Con este nuevo tramo de ayudas, España ya ha consumido 10.000 millones de euros, casi la mitad de los 21.300 que tiene asignados. El primer desembolso, por importe de 6.000 millones, se produjo el 27 de octubre. Estas ayudas, temporales, no van aparejadas a ningún condicionante, pero sí limitan su uso al sostenimiento del empleo mientras dure la pandemia. No son subvenciones, sino préstamos que España tendrá que devolver.

Por su parte, el Consejo de Ministros aprobó ayer sendas inyecciones extraordinarias a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo, por importe de 6.000 y 2.300 millones, respectivamente, para sufragar medidas como el cese de actividad de autónomos, los ERTE o subsidios como el de empleadas de hogar.

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